Cambray brinda “protección jurídica al completo” a los directores de centros que eliminen el 25%

El consejero de Educación, Josep González Cambray, ha ofrecido “protección jurídica al completo a los equipos directivos de los colegios” que cumplan con la orden que el departamento para eliminar el 25% del castellano en las aulas en las que se brinda por sentencia judicial. Ha asegurado que la responsabilidad de dejar a las familias sin este derecho es “como siempre, de la consejería y de este consejero” y ha asegurado que el Govern sufragará los costes de los futuros conflictos judiciales que se esperan.

Josep González Cambray, consejero de Educación del Govern, que avisa a los profesores de que la inspección controlará el uso del catalán / EUROPA PRESS

Cabe recordar que las ordenes de aplicar este porcentaje de castellano en las aulas son nominales. Es decir, van dirigidas a las direcciones de los 27 centros educativos catalanes en los que existen familias que han reclamado dos horas de castellano a la semana, en lugar de una hora, en los tribunales.

AEB litigará

La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, recuerda este domingo en Crónica Global que litigarán para que los centros no quiten este porcentaje en los grupos que lo tienen reconocido. La asociación que agrupa a las familias que luchan por el bilingüismo real en la escuela deja claro que este nuevo conflicto, que se centra en el incumplimiento de una sentencia judicial, estará enfocado a las direcciones de los centros y no en el gobierno catalán.

Fuentes jurídicas indican que este es el único camino posible si se tiene en cuenta que las resoluciones anteriores son nominales. Por lo que apuntan a que es complejo que el departamento de Educación asuma las responsabilidades tal y como ha prometido el republicano.

27 grupos con el 25%

En Cataluña existen 27 grupos en los que se aplicaba hasta junio el 25% de castellano. Son los litigios en los que existe una sentencia firme para la ejecución o que cuenta a su favor con medidas cautelares que obligan a añadir la hora extra semanal de educación en esta lengua.

Para Cambray, dar el paso de eliminar este derecho supone una “respuesta de país”. Alega que la nueva ley de la lengua en la educación fija otros criterios más allá de los porcentajes para decidir qué idioma se habla en clase y que se obtuvo con el “máximo consenso social, político y pedagógico”, ya que la apoyó PSC, ERC, JxCat (aunque se descolgó del texto después) y los comunes.

Monolingüismo práctico

Sobre el papel, esta norma indica que los centros educativos deberán adecuarse a la realidad sociolingüística de su zona. Marca que en los territorios en los que exista mayoría de castellanohablantes se reforzará el catalán para que en el fin de la educación obligatoria los alumnos puedan dominar sin problemas ambas lenguas y viceversa. Pero la ejecución práctica de esta directriz ha distado mucho de suponer una garantía de que los catalanes serán bilingües.

Tal y como denuncia la AEB, las órdenes que han recibido los centros son las de laminar el castellano y brindar una educación monolingüe en catalán. Se hace de esta forma una interpretación torticera de lo que se quería que fuese la inmersión, que el primer impacto de los alumnos en la escuela fuera en catalán para revertir la desaparición de este idioma en la formación durante el franquismo.

Elemento común del independentismo

La batalla por la lengua catalana y la defensa del monolingüismo es el único punto en común actual del independentismo catalán, más dividido que nunca --Pere Aragonès ni siquiera acudirá a la manifestación de la Diada de la ANC--. Cambray mantiene vivo el conflicto por el bilingüismo a las puertas de un curso escolar que también está marcado por el conflicto laboral.