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La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría sale de la sede de la patronal Foment del Treball acompañada de su presidente, Joaquim Gay de Montellà, y Ramon Adell, uno de los vicepresidentes / EFE

Así “respiran” los altos cargos de la Generalitat tras la aplicación del 155

El Gobierno se coordina con los departamentos de la Generalitat con la complicidad de sus altos funcionarios, que ahora están aliviados tras la incertidumbre soberanista

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Todo parado. Sin gestión. Eso se olvidó. El Govern de Carles Puigdemont había dejado paralizada la Generalitat desde hacía meses. Con un añadido, y es que los altos cargos y los funcionarios que debían tomar decisiones se remitían a los consejeros, para que fueran ellos los que firmaran todas las actuaciones, evitando así cualquier riesgo ante la aceleración del proceso soberanista. Ahora “respiran” con la aplicación del 155, con un cambio de actitud que ha sorprendido al Gobierno central: colaboran y piden firmar, precisamente, las diferentes resoluciones en los distintos departamentos, con la confianza de que ahora no corren ningún riesgo.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se reunió este martes con una nutrida representación de empresarios y altos ejecutivos en la sede de Foment del Treball. Y ese fue uno de los principales mensajes.

La aplicación del 155 fue anunciada como una “batalla campal”, según la vicepresidenta, y se ha convertido en “un respiro”, porque son los propios altos funcionarios los que lo están llevando a cabo, en coordinación con el Gobierno. La sorpresa de Sáenz de Santamaría, como indicó a los empresarios, es que le llegan al Consejo de Ministros resoluciones y órdenes que firmaban los consejeros de la Generalitat ante la negativa de los altos cargos y funcionarios de responsabilizarse de ellas. El proceso soberanista atenazó a la Administración, hasta tal punto que los responsables políticos, del PDeCAT y de ERC, se vieron obligados a asumir la maquinaria burocrática, con una consecuencia: todo quedó paralizado.

Ahora, esos mismos secretarios generales, directores generales y altos funcionarios han pedido al Ejecutivo, a la propia vicepresidenta y al secretario de Estado de Administración Territorial, Roberto Bérmudez de Castro, en quien ha delegado Sáenz de Santamaría, --discreto, evita entrar físicamente en los departamentos-- que les permitan firmar esas resoluciones, una vez se ha disipado la inseguridad jurídica provocada por el proceso soberanista.

Enfrentamientos entre departamentos

Cada viernes, tras el Consejo de Ministros ordinario, el Gobierno pasa a despachar "Cataluña", o sea los asuntos relativos al Govern de la Generalitat.

Y lo que se ha encontrado el Gobierno es una auténtica sorpresa: una administración paralizada, con “enfrentamientos” entre los propios departamentos, los dirigidos por el PDeCAT y los de Esquerra, que ha estado al frente del poderoso departamento de Economía, con Oriol Junqueras. En el otro lado, el departamento de Empresa, --que había dirigido Jordi Baiget, que dimitió antes del verano--, estaba Santi Vila, que, con muchas dudas ante el inminente referéndum y con las leyes de “desconexión” del 6 y 7 de septiembre, optó por no mover apenas nada. El propio Vila dimitió justo antes de que el Parlament aprobara la declaración de independencia del 27 de octubre. Nadie tomaba decisiones. ¿Cuestiones del día a día? Eso no interesaba.

Esos “enfrentamientos”, por causas partidistas, al margen del procés, eran frecuentes entre los equipos de Empresa i Competitivitat y Treball, el primero del PDeCAT, y el segundo bajo la dirección de la consejera de ERC Dolors Bassa. Eran frecuentes y notorios, por ejemplos, el cruce de acusaciones constante entre el secretario de Empresa, Joan Aregio, y la directora del SOC (Servicio de Empleo de la Generalitat), Mercè Grau. ¿El resultado? Parálisis de proyectos, que llegan ahora a la mesa del Consejo de Ministros, en Madrid.

Prueba de todo ello es que el Consejo de Ministros del pasado 1 de diciembre acabó cerrando, entre otras muchas cosas, el caso de Ercros en el municipio de Flix, después del cese de su actividad, con varios expedientes de regulación de empleo, con la aprobación de un acuerdo por el que se considera de interés general el proyecto de reindustrialización en el municipio. Se trataba de un paso necesario, por parte de la Administración, para “aplicar o modificar la legislación vigente en materia fiscal y medioambiental de manera que puedan otorgarse bonificaciones, tasas y cánones competencia de la Generalitat a los proyectos de reindustrialización que se realicen en el marco del plan de reindustrialización de la zona puesto en marcha en 2015”.

Situación "letal" si no hay cambio el 21D

Ante esa situación, Sáenz de Santamaría reclamó a los empresarios que empujen para buscar una alternativa a partir del 21 de diciembre. Con la reiteración de que el 155 “decaerá” cuando se elija a un nuevo presidente, la número dos del Gobierno les aseguró, según las fuentes empresariales consultadas, que si no se produce un cambio tras las elecciones “el mensaje exterior que se ofrecerá será letal”, con la idea de que la economía catalana podría entrar, “si se cronifica la situación” en una coyuntura realmente complicada, como le ocurrió a Quebec tras el primer referéndum de 1980, con el traslado de sedes –especialmente bancarias-- que ya no volvieron.

Sáenz de Santamaría reclamó un “interlocutor” que pueda negociar con el Gobierno en los próximos meses cuestiones que serán determinantes como el nuevo modelo de financiación, o un plan de inversiones “posible y necesario” en Cercanías. La idea del Ejecutivo es que en Cataluña habrá un independentismo “estructural”, pero que es necesario que “se bajen del carro independentista los que se ha subido como reacción ante la crisis económica”.

El empresariado catalán se muestra cercano a esas tesis del Gobierno, pero recela de las respuestas que pueda dar el Ejecutivo para reducir el poder del independentismo. Sáenz de Santamaría, según las fuentes empresariales presentes en el encuentro en Foment, señaló que la preocupación debe centrarse en los millones de catalanes que no apoyan el proyecto independentista, y no sólo en los dos millones que mantienen la llama del soberanismo.

La idea del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy es que es realmente posible un Govern de fuerzas políticas constitucionales, o, al menos, la investidura de un presidente no independentista. El PP ofrecerá apoyo a quien tenga esa posibilidad, que se reduce a dos nombres: la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y Miquel Iceta, el candidato del PSC. La cuestión es si la suma de todos ellos será suficiente. “Las encuestas se han equivocado en los últimos años, todo es muy volátil”, les indicó Sáenz de Santamaría a unos esperanzados, pero muy prudentes --¿demasiado?-- empresarios catalanes.