Menú Buscar
Pásate al modo ahorro
La presidenta de la AEB, Ana Losada, en un acto de la plataforma probilingüismo Escuela de Todos, de la cual forma parte / EP

La AEB advierte: "No cabe más alternativa que la obediencia al TSJC"

Asamblea por una Escuela Bilingüe apunta que, si no se cumple el mínimo de 25% de clases en castellano, exigirá "las responsabilidades legales que pudieran derivarse"

5 min

Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) celebra el "fin de la inmersión obligatoria y el monolingüismo educativo en catalán" después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya atendido este lunes su petición de ejecutar de forma inmediata la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de clases en castellano en Cataluña.

La entidad defensora del bilingüismo espera ahora que la Generalitat cumpla la orden judicial, recordándole que, en democracia, las sentencias son de obligado cumplimiento: "En un Estado de Derecho las sentencias se han de cumplir, y los poderes públicos tienen una especial obligación de acatamiento a las decisiones judiciales", señala en un comunicado.

Tomarán medidas legales en caso de desobediencia

Además de recalcar que "ante requerimientos directos y concretos como los que ha ordenado el TSJC no cabe más alternativa que la obediencia", AEB advierte a la Generalitat y a todas las partes implicadas de que, si no cumplen, tomará medidas: "En caso de que así no sucediera, iniciaríamos las actuaciones necesarias para exigir las responsabilidades legales que pudieran derivarse de la desobediencia a las órdenes judiciales".

La entidad constitucionalista se muestra vigilante dado que "desde que se conoció la firmeza de la sentencia citada, la Generalitat ha mostrado abiertamente su voluntad de desobediencia, a la vez que el Ministerio de Educación hacía una evidente dejación de funciones en lo que se refiere a exigir dicho cumplimiento".

Plazo hasta el 30 de mayo

En este sentido, AEB recuerda que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, tiene de plazo hasta el 30 de mayo para "dictar las instrucciones precisas" para que la sentencia se cumpla y, además, "deberá informar de ello al tribunal al concluir ese período de 15 días, a fin de que éste pueda constatar la forma en que se da cumplimiento a la sentencia".

Asimismo, según destacan en su nota, el TSJC requiere a la Alta Inspección de Educación para que verifique el cumplimiento de la sentencia, y que informe al tribunal de la actividad desplegada y de la situación al término de esos 15 días que da de plazo para la ejecución.

Piden lealtad al Estado de Derecho

"Esperamos que tanto la Generalitat como el Gobierno de España, a través de la Alta Inspección de Educación, los atiendan, no generen una situación contraria al mandato constitucional, sean leales con el Estado de Derecho y actúen conforme al principio de buena fe", señala AEB.

La entidad probilingüismo, asimismo, agradece "a las 1.643 familias" que han confiado en la plataforma Escuela de Todos  --de la cual forma parte AEB-- "para la defensa de los derechos lingüísticos de los alumnos y a todas las familias y asociaciones que desde hace tanto tiempo luchan contra el inconstitucional sistema de inmersión lingüística obligatoria en catalán".

La Generalitat recurrirá

A pesar de ello, el conseller Gonzàlez-Cambray ha anunciado este mismo lunes que la Generalitat presentará un recurso contra la interlocutoria del TSJC, al considerarla "aberrante" y porque cree que la AEB no está legitimada para pedir la ejecución de la sentencia, sosteniendo además que dos de los cinco magistrados emitieron un voto particular. Y ha insinuado su intención de no acatar la sentencia sobre el mínimo del 25% de clases en castellano, con afirmaciones tales como que los directores y maestros "no deben cambiar sus proyectos lingüísticos".

Sobre esta respuesta del dirigente de ERC, AEB ha desmentido sus "falsedades", señalando en sus redes sociales que "ningún recurso puede parar la ejecución forzosa de la sentencia del 25%", porque así lo dice el artículo 79 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Y también le ha desmentido asegurando que "la legitimidad de la AEB ha sido reconocida por unanimidad".