La Abogacía del Estado pide que se investigue a los votantes del 1-O

La Abogacía del Estado pide que se investigue a los votantes del 1-O, fecha del referéndum ilegal de independencia de Cataluña, por presunto delito de resistencia o desobediencia grave, entre otros. Considera que algunos manifestantes formaron "masa tumultuaria" para impedir la acción policial. En aquella jornada votaron 2.286.217 catalanes, según datos del Govern de la Generalitat.

"Que la masa tumultuaria actuara invitada de los poderes públicos autonómicos y otras instituciones, cosa que es cierta, deberá tener sus efectos penales respecto de los responsables de esos poderes e instituciones, pero no elimina la responsabilidad penal de los que participaron en el tumulto", plantea la Abogacía.

Insultos y gestos amenazantes

De este modo, se muestra partidaria de que el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona investigue a los votantes y se adhiere así al recurso de apelación del Sindicato Profesional de Policía (SPP), que pidió que las pesquisas se centrasen en algunos colegios barceloneses. El juez desestimó la petición, que ahora está pendiente de que la resuelva la Audiencia de Barcelona.

En la misma línea, argumenta que algunos votantes obstaculizaron la actuación policial, colocándose deliberadamente para impedirle el paso, profirieron insultos y gestos amenazantes, apoyándose "en la fuerza intimidatoria de la masa tumultuaria" y que se entrelazaban y agarraban con fuerza para no ser retirados. Constata actitudes "intimidatorias" y descarta, pues, que estos ciudadanos se limitaran a ejercer la resistencia pasiva.

El conflicto es responsabilidad de las instituciones autonómicas

Asimismo, rebate el argumento del juez instructor, que tuvo en cuenta que los votantes no tenían prohibido acudir a votar y además habían sido invitados a ello por el propio Govern de la Generalitat, el Parlamento de Cataluña y otras instituciones, "existiendo un evidente conflicto de pretendidas legitimidades".

No obstante, atribuye el conflicto y la confrontación exclusivamente a los responsables de las instituciones autonómicas: "Y si algo cabe achacar a los responsables de las instituciones estatales, no es fracaso y asunción de responsabilidad, sino extrema prudencia de haber acudido exclusivamente a las vías judiciales, en lugar de haber acudido antes a otras vías constitucionales que quizás hubieran sido más rápidas y expeditivas".

Los responsables políticos catalanes, responsables de las lesiones

Además, considera que las lesiones sufridas por ciudadanos el 1-O a raíz de la actuación policial serían "enteramente imputables a los responsables políticos autonómicos, que sabiendo que la votación estaba prohibida, que había orden de retirar las urnas y que se iban a retirar por la policía, les habrían engañado para hacerles creer que era su derecho impedir la actuación policial".

La Fiscalía, por su parte, se ha adherido parcialmente a este recurso del sindicato policial porque considera que hay que investigar a algunos votantes por presunta resistencia o desobediencia grave ya que "obstaculizaron y/o se resistieron activamente a la actuación policial". Pide investigar en concreto a nueve personas del IES Pau Claris de Barcelona y rechaza los argumentos del juez, que se negó a investigarles porque consideró que los votantes no tenían ninguna orden expresa de no poder acudir a votar. Estas personas tuvieron "una oposición obstinada, persistente y reiterada al cumplimiento de la orden".

Reconocimiento médico forense

En un comunicado, el SPP ha informado de que el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona ha acordado hacer un reconocimiento médico forense a los policías heridos y las ha ofrecido acciones, con lo que podrán personarse en la causa como acusación particular para reclamar.