Acceso a la Jefatura Superior de Cataluña en la Via Laietana de Barcelona
Un sindicato de la Policía Nacional recurre la declaración de la Jefatura de Barcelona como Lugar de Memoria Democrática
La Confederación Española de Policía (CEP) acusa al Ejecutivo de “estigmatizar a los policías” y pide la urgente nulidad del procedimiento
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La Confederación Española de Policía (CEP) en Cataluña ha solicitado la nulidad de pleno derecho o, subsidiariamente, la suspensión cautelar del procedimiento por el que el Gobierno pretende declarar la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, en Vía Laietana 43, como Lugar de Memoria Democrática.
Según ha podido saber Crónica Global, las alegaciones fueron presentadas este lunes 27 de octubre, ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, con la asistencia del despacho Durán & Durán Abogados.
El sindicato acusa al Ejecutivo de hacer un uso político de la Ley de Memoria Democrática para “estigmatizar a los policías” y advierte que esta decisión puede derivar en una responsabilidad patrimonial millonaria para la Administración General del Estado.
“Hartazgo policial”
La CEP denuncia el cansancio y hartazgo de los agentes destinados en el edificio de Vía Laietana, que —según subrayan— “han soportado durante años un clima de hostilidad y señalamiento público”.
La incoación del inmueble como Lugar de Memoria Democrática, añaden, agrava ese estigma, convirtiendo su centro de trabajo en “un símbolo de confrontación política”.
Imagen de archivo de un agente y un coche de la Policía Nacional
Riesgo psicosocial
La CEP advierte además que el Gobierno ha incumplido la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al no realizar una evaluación psicosocial actualizada, pese al impacto mediático y simbólico que supone la incoación del edificio.
Este nuevo contexto —alegan— altera las condiciones laborales y genera un riesgo psicosocial derivado del “señalamiento simbólico y reputacional”, lo que obliga a la Administración, como empleadora, a evaluar y prevenir ese daño.
En este sentido, el sindicato recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que la falta de evaluación de riesgos constituye un funcionamiento anormal del servicio público, lo que podría dar lugar a indemnizaciones por daños psicológicos y reputacionales.
Deficiencias en el procedimiento
El sindicato señala varios defectos formales que, a su entender, anulan de pleno derecho el expediente:
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Falta de informe urbanístico municipal. La Secretaría de Estado solicitó dicho documento al Ayuntamiento de Barcelona en julio de 2025, pero el consistorio no ha emitido respuesta.
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Ausencia de informe de prevención de riesgos laborales. No consta ningún estudio actualizado por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la DGP ni de la Unidad de Coordinación Operativa Territorial.
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Carencias técnicas y económicas. El expediente carece de inventario detallado de vestigios a proteger, memoria económica y plan de conservación, en contra de lo previsto en la propia Ley de Memoria Democrática.
Cuestionan al experto designado
Otro de los puntos de fricción es la falta de objetividad del experto que elaboró el informe principal, el historiador y exdiputado Xavier Domènech Sampere.
La CEP ha aportado a su impugnación declaraciones públicas, artículos y tuits en los que Domènech —según denuncia el sindicato— muestra un prejuicio negativo hacia la Policía Nacional, citando expresamente su apoyo a la “resignificación” de Vía Laietana para que “no se multipliquen los torturadores”.
A juicio del sindicato, fundamentar el procedimiento en el dictamen de un exresponsable político con sesgos partidistas compromete la neutralidad y credibilidad del expediente.
Un manifestante independentista, ante la Jefatura de Policía de Cataluña en la Via Laietana
La actividad sigue
Estas alegaciones llegan después de que el Gobierno declarara, en julio, la sede de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña como Lugar de Memoria Democrática, al considerarla un espacio donde se cometieron “crímenes de lesa humanidad o contrarios a los derechos humanos”.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogió la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que describía el edificio como el “nodo principal de la red represiva del franquismo en Cataluña”.
La decisión llegó tras la propuesta del conseller de Justicia, Ramon Espadaler, que abogó por que la Policía Nacional contara con una sede más moderna y funcional.
Pese a ello, la actividad policial continúa en el edificio, a la espera de una reubicación definitiva.
