
Efectivos de la Policía Nacional realizan controles en La Jonquera (Girona), en la frontera con Francia
El traspaso de inmigración y fronteras tensa a la Policía Nacional: "El delirio independentista nos quiere fuera de Cataluña"
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) lamenta que se esté debatiendo una cesión inconstitucional que atenta contra la Carta Magna y la normativa europea
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A pesar de los esfuerzos por congeniar, compartir espacios y aunar esfuerzos en aras de mejorar y velar por la seguridad pública en Cataluña, el malestar entre las filas de la Policía Nacional es más que evidente. ¿El motivo? Las negociaciones entre La Moncloa y Junts por el posible traspaso de competencias en materia de inmigración y fronteras.
Va en contra de la Constitución y del marco legal europeo. Aun así, las tropas neoconvergentes llevan meses insistiendo en la cesión "integral" de la gestión de la inmigración, incluyendo los flujos migratorios y la capacidad de expulsar a extranjeros.
Negociaciones que empiezan a molestar sobremanera a los agentes de la nacional, que ven cómo su presencia en Cataluña va quedando "cada vez más marginada, arrinconada y asfixiada". A pesar, incluso, de lo que dicta la Carta Magna española.
Exclusividad del Estado
Así queda contemplado en el artículo 149.1.2, que establece la competencia exclusiva del Estado en materia de "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo".
Fuentes judiciales matizan que esto es así porque dichas materias "tienen implicaciones en la política exterior, la seguridad nacional y la cohesión del Estado, ámbitos en los que sólo el Gobierno central puede legislar y actuar de manera uniforme en todo el territorio español".

Una ciudadana da un clavel a un agente del CNP ante la Jefatura de Via Laietana
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) añaden que esta exclusividad ha sido reiteradamente confirmada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
En un informe al que ha tenido acceso Crónica Global, el SUP recuerda que dicho tribunal ha emitido al menos cuatro sentencias en las que dejaba claro que la Generalitat "no puede asumir competencias en esta materia más allá de funciones de integración social dentro del marco de la asistencia social".
Aún así, Junts sigue presionando al PSOE, en una maniobra pesada que parece estar dando resultado.
Un debate inconstitucional
Por ello, SUP han convocado una protesta para este martes, 11 de febrero, ante la Delegación del Gobierno en Cataluña. ¿El objetivo? Mostrar su malestar e indignación ante una cesión que consideran "ilegal" e "inadmisible".
"El objetivo de nuestra protesta es señalar el atropello a nuestra Constitución y al resto de leyes afectadas, pero recordar que somos la policía del pueblo español. Que no vamos a ceder ni un milímetro en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos", se extrae del comunicado del SUP.

Un agente de Fronteras de la Policía Nacional junto a un perro policía
Zanjan afirmando que sólo el mero debate es "totalmente inadmisible, por su incongruencia jurídica, por el riesgo que supondría a la seguridad nacional y por la falta de encaje en el espacio común europeo".
La seguridad nacional, en riesgo
Al margen del marco legal y jurídico, los expertos consultados por el sindicato vaticinan que "la falta de experiencia inicial en estas funciones podría ser aprovechada por redes de inmigración irregular y organizaciones terroristas", lo que supondría un grave riesgo para la seguridad nacional.
Además, consideran que dicha transferencia sentaría un precedente, y no ven descabellado que otras comunidades autónomas solicitasen las mismas competencias en un futuro. "Esto podría llevar desde una fragmentación de la política migratoria nacional a desafíos en la coordinación entre diferentes niveles de gobierno", auguran.
Y es que, aunque la Constitución contempla la posible delegación de competencias, éstas sólo se podrán ceder "siempre y cuando dichas materias, por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación".
Una excepción que, según el SUP, "no incluye las materias de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo".
Silencio desde el Ministerio de Interior
Desde el SUP consideran que la Policía Nacional se ha convertido en el "objetivo a derribar" de los neoconvergentes. Lamentan que el "delirio independentista" no les deja ver más allá de sus filas, poniendo en juego la seguridad pública de la región y sus habitantes.
En paralelo, consideran que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, los ha dejado abandonados, en un absoluto "silencio administrativo", sin dar la cara por los agentes del cuerpo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; y la 'consellera' de Interior, Núria Parlon, en la Junta de Seguridad del pasado diciembre
Los Mossos, desbordados
En paralelo, la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, manifestó ayer que, actualmente, los Mossos d'Esquadra no tienen capacidad para asumir más competencias. Aún así, confía en que las negociaciones lleguen a un acuerdo para que el control fronterizo sea "compartido" entre la policía catalana y la española.
Un extremo que desde Junts no están dispuestos a asumir, y que la Policía Nacional tampoco vería con buenos ojos: "No vamos a consentir que sigan arrinconando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña, quieren echarnos y no lo vamos a permitir", concluyen.