“Financiación singular”: ¿la quiebra del ‘café para todos’ constitucional?

La propuesta de “financiación singular” presentada por la Generalitat de Cataluña, y la disposición del Gobierno a negociar sobre esta cuestión con los mandatarios secesionistas, ha puesto en alerta al resto de autonomías y ha abierto el debate sobre su legalidad y el riesgo de quiebra del sistema. Y es que, aunque el Govern sostiene que su demanda es constitucional y solidaria, numerosos expertos opinan lo contrario, alertando además sobre los perjuicios que puede causar a otros territorios del país.

La iniciativa en cuestión, abanderada por ERC, se asemeja en muchos puntos al cupo vasco y navarro, aunque con algunos matices. Así se desprende del informe Financiación singular. Propuesta de financiación justa para Cataluña. Un documento de 86 páginas publicado en la web de la Generalitat, en el cual se pide un “modelo de soberanía fiscal plena” para la autonomía, consistente en “la gestión y recaudación de todos los impuestos que se pagan en Cataluña”. Incluyendo la totalidad del IRPF, del IVA, del Impuesto de Sociedades y de los impuestos especiales.

Recaudación y gestión "del 100% de los impuestos" en Cataluña

Con este sistema, “la Generalitat pasaría a gestionar el 100% de los impuestos generados en Cataluña y tendría plena capacidad normativa para regularlos”, detalla el Govern, según el cual “esto se traduciría en un ingreso potencial cercano a los 52.000 millones de euros anuales, el doble que con el modelo de financiación actual (25.616 millones con datos de 2021, el último año liquidado)”.

La propuesta prevé “una transferencia al Estado por los servicios que presta en Cataluña” -entre los cuales menciona la Acción Exterior, Defensa y Justicia-, y la creación de “un fondo de reequilibrio territorial destinado a las comunidades autónomas con menos recursos”, que “deberá someterse a negociación política”. De manera que no se concreta a cuánto ascenderían dichas aportaciones.

Según el Institut d’Estudis de l’Autogovern de la Generalitat, dicha demanda es "plenamente compatible" con el Estatut, con la Constitución Española y con el derecho de la UE. Aunque, para implementarla, admite que será necesario aprobar una ley que modifique la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Negociación con el Gobierno

Todo ello ha suscitado amplios recelos, cuando no abierto rechazo, en la esfera política, económica y jurídica en toda España, tal y como ha constatado también Crónica Global en su consulta a especialistas en algunos de estos ámbitos. La mayoría de ellos cuestiona la constitucionalidad de esa propuesta de “financiación singular”, así como el hecho de que se pueda usar como moneda de cambio en las negociaciones políticas entre el PSC y el PSOE con los partidos secesionistas, tanto en Cataluña -donde está en juego la investidura del candidato socialista, Salvador Illa-, como en el conjunto de España -donde el Gobierno depende de los votos de ERC y Junts en el Congreso-.

Un tira y afloja y unos contactos sobre los que poco ha trascendido a la luz pública, más allá del rechazo del Ejecutivo central a conceder un cupo como el vasco o el navarro, y del propósito de Illa de aumentar la financiación catalana, introduciendo el principio de ordinalidad, y desarrollar puntos contemplados en el actual Estatut, como la creación de un consorcio compartido entre las agencias tributarias catalana y española.

Freixes: "La propuesta es inconstitucional"

Teresa Freixes, catedrática en Derecho Constitucional, advierte de que la Carta Magna sólo reconoce un régimen foral diferenciado para el País Vasco y Navarra. A su modo de ver, la “financiación singular”, tal como la concibe la Generalitat, “es inconstitucional”, y requeriría “una reforma de la Constitución” para poder salir adelante.

Asimismo, recuerda que los propios nacionalistas catalanes rechazaron tener un sistema propio en el proceso constituyente de 1978. Y apunta que el Govern debe ceñirse al régimen común -del cual forman parte 15 de las 17 autonomías-, a la LOFCA -”que no tiene nada que ver con singularidades”-, y al Consejo de Política Fiscal y Financiera, “que es quien se encarga de hacer reformas, o de pedir la de la Constitución si fuera el caso”.

"Esto afecta a todos, no sólo a Cataluña"

“Esto afecta a todos, no sólo a Cataluña”, añade la catedrática, en relación también al pacto para condonar 15.000 millones de la deuda autonómica catalana que PSOE y ERC sellaron, por otra parte, a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. “Todo esto genera discriminaciones y puede crear unas diferencias terribles. No tiene justificación objetiva”, lamenta.

Desde el ámbito económico, Gonzalo Bernardos -profesor de Economía en la UB-, también se muestra muy crítico con los planteamientos de la Generalitat. En su opinión, la propuesta de “financiación singular” es insolidaria y una nueva maniobra de sus dirigentes para reavivar el "victimismo" secesionista con datos de balanzas fiscales que, a su juicio, no se ajustan a la realidad.

“Existen ocho métodos de cálculo diferentes. Y los nacionalistas utilizan eso a su conveniencia para pedir más”, apunta, además de recordar el carácter redistributivo del sistema fiscal: “Como ciudadanos, no podemos decidir qué aportamos. Es normal que los que tienen más renta por cápita paguen más. ¿Por qué no con la financiación autonómica?”, se pregunta.

Bernardos: "Madrid y Baleares también son aportadoras netas"

Bernardos advierte que otras dos autonomías -Madrid y Baleares- también son aportadoras netas al sistema, siendo la capital de España la que más. Y que “Murcia y Comunidad Valenciana son las que salen peor paradas”. Asimismo, cuestiona que el supuesto coste de pertenecer a España que esgrimen los dirigentes secesionistas sea tan elevado. En este sentido, recuerda que, según cálculos del exministro Josep Borrell y de su antiguo jefe de gabinete, Joan Llorach, “lo que aporta un catalán al resto de España al año son unos 130 euros”.

El economista, por otra parte, considera que “País Vasco y Navarra están superprivilegiadas”, pero su singularidad es la única reconocida en la Constitución. “Es un agravio legalizado”, apunta. “Y nos lo podemos permitir porque, en relación al conjunto de España, tienen poca población”. En cambio, “si Cataluña tuviera un cupo como el vasco, el sistema de financiación autonómica no se aguantaría”, ya que se empobrecería más al resto de territorios.

"En Cataluña hemos vuelto a 2012"

“¿Por qué Cataluña, siendo más rica que el resto, no ha de ser solidaria como lo es en España, si un barcelonés lo es con Lleida, y el del barrio de Sarrià lo es con el de Nou Barris?”, pone a modo de ejemplo. Y lamenta que, con el regreso de argumentos como el del “expolio fiscal” -que esta misma semana esgrimió el president de la Generalitat en una comparecencia pública-, “en Cataluña hemos vuelto políticamente a 2012”, lamenta.

Y es que, según algunos expertos, esa “propuesta de financiación singular” que pide ahora el Govern es muy similar a la que, ese mismo año, planteó el por aquellas fechas presidente de la Generalitat, Artur Mas, a su correligionario del Gobierno, Mariano Rajoy, siendo rechazada por éste.

El actual pacto de 2009 se acordó con ERC en el Tripartit

Tres años antes de ese desencuentro, sin embargo, la Generalitat había aceptado el acuerdo de financiación autonómica que todavía rige en la actualidad. Así lo recuerda José Domingo -jurista, presidente de Impulso Ciudadano y diputado de Cs en aquella época-, apuntando además que ERC formaba parte del Tripartit que lideraba el PSC cuando el Govern catalán aceptó el acuerdo fiscal de 2009 -aún vigente, aunque caducado-. El conseller de Economía de la época, el socialista Antoni Castells, fue uno de sus partícipes en pleno mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE).

Domingo, no obstante, apunta que, ya en aquellos tiempos, Castells aspiraba a una suerte de singularidad catalana, y abrió el debate de la ordinalidad y las balanzas fiscales, lo cual acabó abriendo aún más la vía al “victimismo fiscal”.

Domingo: "El sistema debe renovarse con consenso"

Al igual que otros juristas, Domingo cree que la nueva propuesta fiscal del Govern "no encaja con la Constitución", dado que "no caben regímenes que no garanticen la igualdad entre españoles”, excepto en el caso del cupo foral vasco y navarro. 

Por ello, asume que el vigente sistema ha caducado y "se puede mejorar, pero debe hacerse con consenso", algo que a su juicio "requiere el acuerdo de los dos grandes partidos nacionales y de las comunidades autónomas del régimen común”, acatando la LOFCA y las decisiones pactadas en Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Por lo que respecta a la condonación de deuda catalana del pacto de investidura entre PSOE y ERC, Domingo -cuya entidad ha denunciado en diversos estudios el elevado gasto de los sucesivos gobiernos nacionalistas catalanes en cuestiones identitarias- plantea que "quizá no se deba sólo a un déficit, sino a la mala gestión de los Presupuestos de la Generalitat, y a una política de financiación equivocada al acceder a la financiación exterior”. Y alerta, además, de que “si su deuda se traslada al resto, otras autonomías que han sido cuidadosas con sus cuentas pueden verse penalizadas”.

El Govern admite que la Administración central tendrá que "adelgazar"

No lo ve así, en cambio, el Govern catalán, cuya consellera de Economía, Natàlia Mas, dio por sentado el pasado viernes que la "financiación singular" de Cataluña es "internacionalmente comparable", y equiparable al modelo alemán, "que no está en riesgo de ruptura ni de implosión". En su opinión, "no tiene que suponer ningún impacto negativo para el resto de comunidades autónomas, en todo caso un mínimo adelgazamiento de la Administración central". Mas, en cambio, no parece plantearse ese mismo adelgazamiento en el caso de la catalana, pues todo indica que su propuesta iría en el sentido contrario.

En línea similar a los argumentos de los dirigentes del Govern se expresa Guillem López-Casasnovas, catedrático de Economía en la UPF y presidente del Consell Assessor en Política Econòmica de Catalunya (CAPEC), un órgano colegiado de 12 miembros creado en 2022 para asesorar a la Consejería de Economía y Hacienda "en la definición de las políticas públicas de su competencia".

López Casasnovas ve más "voluntad de autogobierno"

Entre otras cuestiones, López-Casasnovas explica, en un documento facilitado a este medio, que "la voluntad de autogobierno" de Cataluña es mayor y diferente a la del resto de autonomías, por lo cual no ve adecuado que el modelo sea igual para todos. A su modo de ver, la "reivindicación catalana de salir de este esquema a costa de asumir más riesgo financiero y disfrutar de mayores cotas de autogobierno" ha acabado "alimentando" al secesionismo "por falta de respuesta" por parte del Ejecutivo central.

Según este economista, ese "reencaje" no es ningún privilegio, y pasa por el pacto y propuestas como las del Cercle d'Economía, que a su modo de ver apela a la "responsabilidad fiscal", al respeto al "principio de ordinalidad" y a la incorporación de los territorios forales, "manteniendo, a diferencia de éstos, un pacto de solidaridad".

"Compartir fuentes de ingresos y la caja de recaudación"

Por ello, López-Casasnovas ve necesario "compartir las fuentes de los ingresos y la caja de recaudación". Y defiende la idea de la "financiación singular" y la salida de Cataluña del régimen común, a la que a su juicio también se podrían acoger aquellas autonomías que lo deseen. En su opinión, con ello se "reintroduce la idea de las dos velocidades, la de los artículos 143 y 151 de la Constitución del 78, de los conceptos de nacionalidades y regiones", y no supone un agravio.

Por lo que respecta al concepto de "las llaves de la caja", al cual suelen apelar los dirigentes secesionistas, López-Casasnovas cree que este "clamor" responde "a la desconfianza instalada respecto a lo que pueda hacer la Administración central con los recursos recaudados en Cataluña". A su modo de ver, "la recaudación íntegra la permite la Constitución si se quiere".

El economista, asimismo, cree que el régimen común es "insatisfactorio para la mayoría social catalana" para resolver lo que llama "desencuentro actual". En este sentido, la última encuesta del centro de estudios (CEO) de la propia Generalitat, difundida esta misma semana, indica que poco más de la mitad de los catalanes -un 56%- quiere que el Ejecutivo autonómico catalán tenga más poder de decisión que el Gobierno sobre los impuestos. De ellos, sin embargo, apenas el 33% desea que sólo decida el Govern, mientras que un 23% es partidario de que tenga más peso que el Ejecutivo central. Del resto, un 34% de catalanes se pronuncian a favor de una gestión equitativa entre los gobiernos catalán y el central.