La Generalitat gasta más de 1.000 millones al año en crear la 'nación catalana', según un estudio

El gasto de la Generalitat en cuestiones identitarias o relacionadas con la "construcción nacional" de Cataluña se eleva a más de 1.000 millones al año. Así lo sostiene la asociación constitucionalista Impulso Ciudadano, en un estudio en el cual denuncia el elevado desembolso del Ejecutivo catalán en estos fines en detrimento de otros servicios básicos "como la enseñanza, la sanidad, la atención a dependientes y ancianos, la vivienda social o las infraestructuras".

El informe se centra en estos ocho capítulos: la política lingüística y las subvenciones para fomento del catalán; las partidas destinadas a "la cultura hacia la nación, oficial y paraoficial"; los "laboratorios de pensamiento nacionalista"; el Síndic de Greuges --equivalente al defensor del pueblo en Cataluña--; la "propaganda y doctrina" en la televisión y la radio públicas de la Generalitat; el gasto en TIC con trasfondo secesionista; las embajadas catalanas del Diplocat; y la ciberseguridad.

El estudio, titulado A más nacionalismo, menos servicios, parte, según sus autores, de datos recogidos en los actuales Presupuestos autonómicos --los de 2020, prorrogados en la actualidad--, así como los que se extraen de los organismos y entidades analizados.

253 millones a TV3 y Catalunya Ràdio y 500 al CTTI 

Así, por ejemplo, la entidad constitucionalista acusa a la Generalitat de destinar más de 500 millones de euros al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), o 253 millones a TV3, Catalunya Ràdio y agencias de noticias públicas.

También destaca los 63 millones destinados al Instituto Catalán de las Empresas Culturales; los 48 millones en Acción Exterior y sus embajadas; los 33 millones en publicidad institucional; los 32 millones destinados al Consorcio para la Normalización Lingüística; 31 millones para el Programa de la Promoción de la Lengua Catalana; los 6,8 millones para el Síndic de Greuges, célebre en los últimos años por su reiterada defensa de los líderes del procés; los 6 millones para el área de Comunicación de la Generalitat; o los 5,6 millones anuales que cuesta el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC).

Servicios públicos en los que se podía haber invertido

El informe establece paralelismos con otros gastos equivalentes que, en su lugar, se podrían haber destinado a servicios públicos. Por ejemplo, según aseguran sus autores, con los 7,7 millones anuales que cuestan las embajadas de la Generalitat y sus 14 embajadores se podrían haber pagado 155 plazas al año en residencias para dependientes moderados; con los más de 517 millones del CTTI, la construcción de 3.234 viviendas públicas para alquiler social; con los 310 millones que cuesta la Corporació Catalana de Mitjans Àudiovisuals (CCMA), la creación de un hospital de 600 camas con equipamiento básico; con los 23,5 millones del Consorcio para la Normalización Lingüística, los fármacos para sesiones de quimioterapia para 4.272 pacientes durante cinco meses; o bien con los 30 millones en remuneraciones para este mismo organismo, 769.230 dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer o 697.674 de las de Moderna; o bien contratado a 3.775 profesores de Secundaria con los 63,6 millones de presupuesto del Institut Catalá d'Empreses Culturals (ICEC), o a 3.167 médicos de Atención Primaria con la mitad de los 253 millones que cuestan TV3 y Catalunya Ràdio cada año.

Asimismo, se podrían haber financiado 8.336 tutorías de la ESO con la mitad de los 1,35 millones de presupuesto del Consell Nacional de la Cultura i Arts; y pagado los salarios de 275 profesores de Formación Profesional con el equivalente a la masa salarial de los 16 miembros del equipo de la Institució de les Lletres Catalanes, de la cual fue directora en el pasado la actual presidenta del Parlament, Laura Borràs (JxCat), por citar algunos otros ejemplos.