La Generalitat hincha de dinero público a los ‘espías’ del catalán en sus presupuestos

Plataforma per la Llengua es una de las entidades beneficiadas por el aumento del gasto identitario en los Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2023. La autodenominada “ONG del catalán”, célebre por sus campañas de delación lingüística y de acoso a la lengua castellana, se embolsará este año más de medio millón de euros --516.000, para ser exactos-- gracias a las cuentas pactadas por el Govern de ERC, con el apoyo del PSC y de En Comú Podem.

Este desembolso de dinero público a Plataforma per la Llengua se hará desde seis consejerías distintas: la de Empresa y Trabajo, que le aportará 124.000 euros; Territorio (120.000); Derechos Sociales (97.000); Educación (20.000); Justicia, Derechos Sociales y Memoria (20.000); y Cultura, que destinará 135.000 euros a través de su Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural (OSIC). Lo cual supone, en total, 4.000 euros más que los que se le destinaron en las cuentas del año pasado, cuando ERC gobernaba con Junts per Catalunya.

Casi 60 millones de euros públicos al año para el catalán

Tal dispendio se enmarca en el incremento de recursos que la Generalitat destinará este año a su estructura más directamente relacionada con el nacionalismo y la identidad, como por ejemplo sus medios audiovisuales (TV3 y Catalunya Ràdio), su red de embajadas políticas en el extranjero y, en el caso que nos ocupa, la lengua catalana.

No en vano, la cuestión lingüística forma parte de las prioridades de buena parte de sus 14 consejerías. Entre ellas, la de Cultura, que destinará a este fin el 12,6% de sus 474 millones de euros de presupuesto. Ello significa que 59 millones de esta cartera irán a parar a la "promoción de la lengua catalana", lo cual supone un incremento de 21 millones más que el año anterior, cuando fueron 38 millones.

1,75 millones a entidades de Valencia, Baleares y Francia

De ese dinero se benefician también otras entidades afines al nacionalismo ubicadas fuera de Cataluña, cuya misión es promover la lengua y la cultura catalana. 

Así, las cuentas de la Generalitat de 2023 destinan 945.000 euros a Acció Cultural del País Valencià; otros 100.000 a la Fundació Escola Valenciana; 30.000 a Obra Cultural Balear; 650.000 a la fundación Amics de la Bressola, ubicada en la denominada "Cataluña Norte" --sur de Francia--; 20.000 a la Fundació Sambori, que fomenta el catalán en todos esos territorios; y 5.800 a la fundación de la Universitat Catalana d'Estiu de Prades. Lo cual asciende a un total de 1.750.800 euros.

El Govern, una 'mina' para Plataforma per la Llengua

La Generalitat de Cataluña vuelve a ser, de este modo, una de las principales fuentes de ingresos de Plataforma per la Llengua, cuyo protagonismo e influencia han ido aumentando en la última década en paralelo al auge del procés y a las ingentes ayudas que ha ido recibiendo por parte de los sucesivos Ejecutivos secesionistas.

Según las últimas cuentas hechas públicas por esta entidad, correspondientes a 2021, sus ingresos ese año alcanzaron los 2.921.298 euros, de los cuales una tercera parte procedieron de subvenciones públicas y privadas --858.247 euros-- y el resto, de sus socios, que según sus datos son más de 25.000.

El Ayuntamiento de Barcelona, otra fuente de ingresos

La autodenominada “ONG del catalán” también se nutre de las subvenciones y encargos procedentes de otras administraciones autonómicas y locales --también de Valencia y Baleares--. Entre ellas, ayuntamientos como el de Barcelona: a modo de ejemplo, el consistorio de Ada Colau le ha concedido más de 70.000 euros desde 2018, según datos municipales.

En este sentido, cabe apuntar que, hasta 2020, Plataforma per la Llengua publicaba en el portal de transparencia de su web las cifras detalladas y los documentos sobre las subvenciones recibidas, así como los convenios de colaboración suscritos con la Generalitat de Cataluña. Sin embargo, desde entonces dejó de actualizarlas, de manera que ya no muestra las ayudas correspondientes a 2021 ni 2022. Ni tampoco las ha proporcionado cuando Crónica Global se lo ha requerido a lo largo de la última semana. Casualidad o no, en ese 2020 Plataforma per la Llengua fue noticia por haber obtenido su récord de subvenciones, a pesar de la grave crisis del coronavirus: en total, se embolsó 955.306,68 euros por esa vía, la mayor parte de ellas, procedentes de su convenio con el Govern (760.000 euros).

Vigilancia en los patios y denuncias ciudadanas

La actividad de Plataforma per la Llengua --cuya finalidad dice ser “la promoción del catalán como herramienta de cohesión social”-- abarca un sinfín de ámbitos: desde alentar y recoger quejas contra empresas y trabajadores, tanto del sector público como del privado, que no utilizan este idioma --célebres fueron sus lamentos por la contratación de enfermeras andaluzas en Cataluña en plena crisis sanitaria del Covid--, hasta tratar de imponer que los niños se comuniquen catalán en los patios de las escuelas, pasando por la elaboración de estudios, como su informe de “quejas y discriminaciones lingüísticas”, o el llamado InformeCAT de 2021. En este último se censura y se afea, por ejemplo, que “8 de cada 10 catalanohablantes de Cataluña cambian de lengua cuando alguien les habla en castellano”.

En su memoria de 2021, la autodenominada “ONG del catalán” evidencia que su radio de acción va más allá de Cataluña, pues alcanza a otros territorios. Su pancatalanismo le lleva a alardear de hechos como que Mahón “haya abandonado su topónimo castellanizado”; de los trámites de modificación de las leyes de consumo de las comunidades de Valencia y Baleares --donde también fomenta campañas de “normalización lingüística” mediante “denuncias” ciudadanas--, o el envío de cartas a diputados de la Asamblea Francesa para que “protejan” otras lenguas en su territorio.

Defensa de la inmersión monolingüe en catalán

Una de las grandes fijaciones de esta entidad ultranacionalista es el ámbito educativo, donde desde la plataforma Som Escola lucha contra lo que llama “ataques el modelo de inmersión lingüística” monolingüe obligatoria en catalán, en alusión a las sentencias judiciales firmes que instan a impartir al menos un 25% de clases en castellano en Cataluña.

La influencia de Plataforma per la Llengua en la enseñanza de esta autonomía bilingüe llega al punto de poner en marcha campañas --en plena sintonía con la Generalitat-- para “defender” lo que llama “modelo de escuela catalana y concienciar a los diferentes agentes de la comunidad educativa en su papel de referentes lingüísticos” (sic). Una actividad que lleva a cabo, con la complicidad de la Consejería de Educación, junto a los sindicatos secesionistas USTEC, SEPC e Intersindical. Según sus cifras, en 2021 obtuvieron “30.000 adhesiones” al mismo.

En la misma línea, la autodenominada “ONG del catalán” reparte “material didáctico” al profesorado de secundaria y bachillerato para que sigan sus dictados.

Fomento de las delaciones en la universidad

En el caso de las universidades, la intromisión de Plataforma per la Llengua es tal que incluso promueve campañas de delación para que los alumnos denuncien a los profesores que cambian de idioma cuando el catalán es la lengua del plan docente --poniendo a su disposición un buzón de quejas para ello--. Y también presume de “intervenir en las elecciones” de la UB, la UAB, la UPF, la UPC y la UIB “para que los nuevos equipos rectorales adopten" sus "compromisos lingüísticos”.

"Transformar los hábitos lingüísticos de la población"

Otro de los objetivos de esta entidad es la puesta en marcha de “planes de actuación lingüística” en zonas metropolitanas --de mayoría castellanohablante-- para “transformar los hábitos lingüísticos de la población”. Y su firme propósito --compartido por los mandatarios secesionistas de la Generalitat-- de influir e escala internacional: según afirma, el Consejo de Europa usa sus observaciones “para recriminar a España la discriminación del catalán”; así como participar en foros “que ofrecen conclusiones a la ONU sobre el respeto a las minorías”.

Intromisión en el comercio

Plataforma per la Llengua también se ocupa de ámbitos como el libre comercio, pues en su última memoria anual presume por ejemplo de “revelar cuáles son las cadenas de restaurante lingüísticamente más responsables” --gracias a su aplicación de delación lingüística CatalApp-- y de que “los principales gimnasios tengan la web en catalán”, desvelando uno por uno sus nombres en dicho documento. Además, plantea propuestas a los partidos políticos para que impongan el catalán en plataformas privadas de vídeo como Netflix, HBO o Disney+ mediante “la nueva ley de comunicación audiovisual”.

Otro de los “servicios” de esta entidad generosamente subvencionada en los sucesivos presupuestos de la Generalitat son sus numerosas campañas de “quejas lingüísticas”: más de 2.000, según sus datos, tan sólo en 2021, abarcando no sólo a Cataluña, sino también a las comunidades valenciana y balear. En este punto, Plataforma per la Llengua alardea en su última memoria de haber conseguido “hacer declarar en los juzgados a guardias civiles que discriminaron a un ciudadano belga por hablar en catalán” --según su versión--; de haber llevado a los juzgados a una empresa de seguridad para “hacerle el contrato en catalán a un cliente”; o de estar en litigios como el que mantiene con la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) para seguir imponiendo que los exámenes de selectividad sean sólo en catalán. Su influencia no se limita sólo al Govern, como demuestra el hecho de que Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) haya rectificado una convocatoria de 250 plazas de conductores para exigirles “el conocimiento del catalán”.