Semana clave para la ley de amnistía: vuelve al Congreso para su aprobación definitiva

La ley de amnistía encara una semana decisiva. El próximo jueves, 30 de mayo, será aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados de Madrid, después de seis meses de tramitación en las Cortes y tras duros debates parlamentarios, con variados informes jurídicos de por medio y hasta con un conflicto de atribuciones entre el Congreso y el Senado, planteado por el PP, y que finalmente fue retirado.

La mayoría del PSOE, con el apoyo de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, BNG y con el voto de José Luis Ábalos en el grupo mixto, levantará el veto que el Partido Popular impuso a la ley de amnistía en el Senado, donde la norma ha sido debatida en los dos últimos meses. De este modo, la votación del jueves dará luz verde a esta ley y, desde el momento en el que entre en vigor, los jueces y tribunales tendrán dos meses para aplicarla.

Borrón y cuenta nueva

Cabe recordar que Carles Puigdemont, líder de Junts y fugado de España desde 2017, será uno de los principales beneficiados de la ley de amnistía junto con más de 370 encausados por el procés: desde parlamentarios, alcaldes o miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). Y es que la norma borrará los delitos cometidos entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.

[Los beneficiados de la ley de amnistía: desde Puigdemont y los condenados por el 'procés' hasta los CDR y Tsunami Democràtic]

El expresidente de la Generalitat de Catalunya y candidato de Junts a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, y la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras Glòria Sánchez / Europa Press

Los jueces contraatacan 

No obstante, la controvertida ley sigue creando resistencia y, pese a su inminente aprobación definitiva, esta semana varios jueces españoles han recibido un correo de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial con indicaciones para elevar cuestiones prejudiciales sobre la ley de amnistía a la justicia europea, lo que forzaría su suspensión.

El documento, denominado "Guía práctica para el planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad y/o prejudiciales europeas sobre la ley de amnistía", se envió el pasado lunes al correo oficial de los jueces, perteneciente al dominio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En concreto, la guía contiene indicaciones sobre cómo llevar la ley de amnistía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o al Tribunal Constitucional e incluye modelos para facilitar la redacción de las cuestiones prejudiciales o de inconstitucionalidad que puedan plantear los jueces. También avanza los "probables efectos" que ello tendría sobre la aplicación de la normativa.

Poco pueden hacer ya PP y Vox

Paralelamente, este domingo unas 20.000 personas, según cifras de la Delegación de Gobierno en Madrid, se han movilizando contra la amnistía y el Gobierno de Pedro Sánchez. La protesta se ha celebrado en la Puerta de Alcalá de Madrid, donde han intervenido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y también el integrante de la candidatura del PP a las elecciones europeas que cierra la lista, Fernando Savater.

El líder del PP Alberto Nuñez Feijóo (d), en la manifestación contra Pedro Sánchez y la ley de amnistía convocada por el PP, este domingo en Madrid. EFE/ Javier Lizon

Desde Valencia, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha instado este domingo al PP a dejarse de "romerías" y de "juegos de artificio" contra la amnistía, lamentando que lo que tenían que haber hecho es haber bloqueado esa ley en el Senado. Asimismo, Abascal ha calificado de "tremendo" que el PP proponga someter a referéndum la modificación de la Constitución si el Gobierno quiere aprobar la Ley de Amnistía.

Si echamos la vista atrás

Con todo, cabe recordar que la negociación de la amnistía --pactada con los independentistas de Junts y ERC a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez-- ha pasado por muchas dificultades, sobre todo por acotar los delitos de terrorismo. Finalmente, la norma acota los delitos que no quedarán cubiertos por la medida de gracia basándose en la legislación europea e internacional, dejando fuera las conductas más graves de terrorismo o traición y los delitos de corrupción si hay enriquecimiento personal.

Los múltiples intentos para frenar la ley

Este es uno de los puntos decisivos de la ley, que han intentando obstaculizar el PP y Vox durante todo su procedimiento en las Cortes: primero, con dos enmiendas a la totalidad del PP y Vox, aunque los populares la retiraron en el último momento con el fin de que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, cerrara el debate en el pleno. Posteriormente, el PP se apoyó en varios informes de los letrados que no avalaban la norma.

Vox presionó para que la ley no fuera admitida a trámite en el Senado, pero finalmente el PP siguió el procedimiento marcado y alargó su trámite dos meses en la Cámara Alta.

Con todo, después de arduos debates en las dos cámaras, el Gobierno sacará adelante esta iniciativa en plena campaña para las elecciones europeas del 9 de junio.