El decretazo turístico de ERC acaba ante el 'Constitucional catalán'

Junts, PSC, Vox y PP han elevado al Constitucional catalán sus dudas sobre el encaje legal de una normativa elaborada a solas por ERC que introduce una licencia previa urbanística para poder alquilar una vivienda con uso turístico. Los principales interrogantes son el cometido reservado a los ayuntamientos y las garantías para los actuales tenedores de apartamentos turísticos.

Paso previo al Constitucional

Se trata de un paso previo a la eventual elevación de la norma ante el órgano nacional de garantías. Para presentar un recurso de inconstitucionalidad se necesitan 50 diputados o 50 senadores, lo que dejaría en manos de los populares la interposición de este instrumento --ni Vox ni Junts suman esta cantidad de representantes--.

Fachada del Tribunal Constitucional Europa Press

En esta ocasión, los grupos parlamentarios del hemiciclo catalán buscan un informe crítico del decreto impulsado por la consejera de Territorio, Ester Capella. Se trata de la misma estrategia que se siguió por parte de algunas formaciones ante la ley de control de alquileres de la autonomía, que recibió un duro dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias antes de ser suspendida parcialmente por el Tribunal Constitucional.

Tramitación paralizada

Tampoco se escapa que mientras el Constitucional catalán debate el alcance de la ley, su tramitación en el Parlamento queda paralizada. Una operación de desgaste de posconvergentes, socialistas, populares y voxeros que también busca ganar tiempo para intentar convencer a Territorio de los perjuicios argumentados por el sector vacacional.

El decreto aprobado ayer por el Consejo Ejecutivo prevé poner un límite de cinco años a las licencias de 95.000 apartamentos turísticos en más de 260 poblaciones. Se trata del 90% del parque de viviendas destinadas a este uso en la región. En paralelo, la ley llevará a cabo una criba de aquellos permisos otorgados en zonas con una "excesiva concentración". Este escrutinio supondrá la eliminación de unos 28.000 pisos en 47 municipios, según los cálculos del Govern.

Turistas ante la Sagrada Familia de Barcelona EFE

Indemnizaciones millonarias

En palabras del presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), Enrique Alcántara, la iniciativa supone una "expropiación sin indemnizar" que no ha sido siquiera consensuada con el sector. Eso no significa que los afectados no vayan a reclamar indemnizaciones millonarias si se clausuran sus pisos.

En concreto, calculan que este resarcimiento ascendería a 4.000 millones de euros o, lo que es lo mismo, 500 euros por cada uno de los catalanes. En el fondo de este contencioso late una pugna entre apartamentos y hoteles. Todavía en el orden de los perjuicios económicos, Fevitur y Federatur han advertido de la lesión que esta política acarreará sobre los bares y restaurantes, comercios y locales de ocio que engrosan su caja con los visitantes extranjeros.

Los ecologistas, también en contra

Según datos del observatorio elaborado por ambas federaciones, el 84,1% de los viajeros se alojan en pisos turísticos en vez de hacerlo en hoteles. Especialmente las familias, parejas y jóvenes prefieren esta opción de acuerdo con este informe.

Se trata de una bolsa importantísima de residentes temporales... que tampoco ha pasado desapercibida a los ecologistas. En declaraciones a este medio, el vicepresidente de SOS Costa Brava, Pau Bosch, ha alertado sobre el riesgo de despoblación en localidades del litoral ya de por sí con una actividad económica y una vitalidad social menguadas.