Protesta contra los pisos turísticos ilegales en Barcelona
El sector de los pisos turísticos tilda de “expropiación” el decretazo del Govern
La Generalitat enciende a los propietarios con una normativa que puede terminar de nuevo en los tribunales
8 noviembre, 2023 00:00Noticias relacionadas
"Es una norma sólida", aunque "todo el mundo es libre" de recurrirla si la considera ilegal. Así ha defendido Ester Capella, consellera de Territorio, el nuevo decreto catalán que restringe las licencias de pisos turísticos y que podría terminar, una vez más, en los tribunales después de que el sector haya tachado la regulación de "expropiación" y haya lamentado la falta de investigación y recopilación de datos por parte de la Generalitat a la hora de preparar la normativa.
Fuentes del sector lamentan que la Generalitat no haya dialogado con los empresarios afectados al elaborar la normativa, que afectará a 262 municipios. La consellera se ha reunido con representantes de esta actividad, pero no ha compartido con ellos el texto del decreto ni sus detalles. Por ello se preguntan qué estudios se han realizado para concluir que la mejor medida para combatir la falta de vivienda es "atacar a un sector que solo representa en Cataluña el 2,3% de todo el parque de viviendas".
Ante estas dudas, Capella aseguró que "diferentes estudios indican un incremento en los precios de alquiler" cuando a la vivienda se le dan otros usos diferentes al residencial previsto en la ley del suelo. "Tenemos datos", ha insistido, sin concretar, pero mencionando el trabajo de los departamentos de Territorio, Economía, Presidencia y de las Administraciones locales. Aun así, ha reconocido que esta normativa debe ir acompañada de otras medidas, como la promoción pública o concertada de vivienda para poner fin al problema de la falta de oferta.
Afecta al 80% de pisos
El presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), Enrique Alcántara, ha calificado de "irresponsable" y de "expropiación forzosa sin indemnización" la nueva regulación, que puede afectar a 80.000 de las 100.000 viviendas de este tipo que hay en Cataluña. "Creo que al final tendrán que ser jueces quienes digan si expropiar sin indemnizar es algo que se puede hacer en Cataluña o no se puede hacer, creemos que no", ha añadido el también portavoz de la Federació Catalana d'Apartaments Turístics (Federatur).
"Hay un paso previo a los tribunales: el Parlament tiene que refrendar este acto de irresponsabilidad. Si el Parlament lo valida, el siguiente paso es el Tribunal Constitucional y la Unión Europea", prosigue Alcántara. Reprocha que la nueva limitación esté basada en "opiniones de alcaldes" y no en "un trabajo académico", empírico o sustentado en los datos.
Turistas en el frente marítimo de Barcelona
Una norma "populista"
Iñaki Unsain, director general de ACV Gestión Inmobiliaria, considera que estamos ante un decreto "populista" y lamenta que sigue en la línea de "regular la propiedad privada", repitiendo el "error" de la ley catalana del alquiler. Da por hecho que se recurrirá, pero recuerda que aunque la limitación de precios también fue tumbada por la justicia, el sector inmobiliario la sufrió durante casi dos años.
"¿Quién me compensa de esta pérdida? Nadie", denuncia Unsain. El empresario inmobiliario alerta de que este cambio "genera dudas, incertidumbre y ruido" que no hacen sino ahuyentar la inversión y, en consecuencia, reducir la oferta de pisos. "El dinero se irá adonde no se regule", indica, en referencia a regiones como Madrid, donde se ha incrementado la construcción mientras cae en Barcelona.
Decretos urgentes y sin investigación
Por su parte, Airbnb ha lamentado que este tipo de regulaciones suelen surgir en un momento de "urgencia política" para hacer frente a problemas que, en realidad, llevan tiempo sobre la mesa, como podrían ser la masificación turística o el encarecimiento de la vivienda. "Por lo tanto, casi nunca se hace investigación y se prueba una medida durante un tiempo", ha afirmado Nathan Blecharczyk, cofundador de la plataforma.
Cartel contra los pisos turísticos en Barcelona / TWITTER
Sin hacer referencia concretamente a la norma catalana, Blecharczyk sí ha señalado como "bastante positiva" la relación entre la empresa y la ciudad de Barcelona, pese a algunos "obstáculos" iniciales que "complicaron un poco las cosas". Ha cifrado en 7.000 los anuncios eliminados de la plataforma a partir de 2018, después de que el anterior equipo de gobierno municipal impulsara un plan de choque para poner freno al "descontrol" que había en el sector de los pisos turísticos que se anunciaban en plataformas web.
Barcelona aplaude el 'decretazo'
Desde el Ayuntamiento de Barcelona, se ha avanzado que se buscará "aterrizar" la nueva regulación de pisos turísticos en la ciudad. La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha valorado "muy positivamente" el anuncio de la Generalitat y ha explicado que el Govern consultó al consistorio sobre el contenido de la regulación, de manera que Bonet ha celebrado tener "la oportunidad de trabajar el documento", que cree que va en buena dirección.
"Va en la buena línea, en la línea que debe ir, que es regular y restringir esta actividad. El impacto en Barcelona es obvio, por lo tanto, el Govern se ha hecho suya la reivindicación, que no es otra que la de poder garantizar que las viviendas sirven para su uso, que es de vivienda y no otros", ha dicho. Para Bonet, la nueva regulación es una herramienta que "ayuda a concentrar esfuerzos para hacer realidad este objetivo: que las viviendas sirvan de viviendas", por lo que ve necesario convertir las licencias en temporales con un plazo de cinco años.
No obstante, los agentes de la propiedad inmobiliaria han arremetido contra normas "de carácter ideológico" que "no tienen cabida en la realidad económica y jurídica del país". En un comunicado, los API de Cataluña han afirmado que "se está tratando de criminalizar al pequeño propietario que trata de rentabilizar su patrimonio inmobiliario" y que "no se puede penalizar al sector privado por la falta de vivienda".
