El 'decretazo' turístico de Aragonès, en manos del PSC y Junts

Tal y como ha podido saber Crónica Global, el CGE bendecirá la ley para que continúe el trámite parlamentario. Sin embargo, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no lo tendrá fácil, pues tanto Junts como PSC tienen claro que el texto presentado no cumple las condiciones para salir adelante en el Parlament. Exigen seguridad jurídica y poder para los ayuntamientos para regular un aspecto imprescindible para su economía local. Especialmente, en aquellos que viven del turismo, como Salou (Costa Dorada), L'Estartit (Costa Brava) o diversas localidades del Pirineo catalán.

El paseo marítimo de Lloret de Mar, uno de los municipios costeros catalanes que dependen del turismo Ayuntamiento de Lloret

Una amenaza para la economía local

Tanto los dueños de pisos turísticos como empresarios de otros sectores alertan del impacto económico de un decreto que se tramita por la vía de urgencia, sin el debate necesario con las partes implicadas, cuando los problemas derivados del turismo se tendrían que haber atendido desde hace años. Por otro lado, la desaparición de parte de los apartamentos de corta estancia puede conllevar pérdidas económicas en negocios que viven indirectamente de los visitantes.

Es el caso de la restauración o el comercio, que ya se están activando para oponerse a este cambio normativo repentino. Incluso entidades ecologistas se muestran muy críticas con los términos de la nueva regulación del Govern, ya que temen que implique que las segundas residencias construidas en urbanizaciones de la costa caigan en desuso durante la mayor parte del año, impidiendo el dinamismo económico del territorio y provocando despoblación.

Una campaña contra los pisos turísticos ilegales Ayuntamiento de Barcelona

La siguiente batalla, el Constitucional

Pero más allá de las inquietudes del mundo económico y local, existen numerosas dudas desde el punto de vista legal. Y es que convertir licencias perpetuas en permisos temporales de cinco años supone cambiar las reglas de juego empresariales en inversiones ya realizadas, creando inseguridad jurídica.

Es por ello que, más allá del dictamen del Consell, los propietarios de apartamentos turísticos buscarán llevar el asunto ante el Tribunal Constitucional, que prevén que les dé la razón, aunque sus dictámenes pueden tardar varios años en llegar. De ser tumbada esta normativa, como lo fue el tope catalán a los alquileres, los empresarios tienen previsto reclamar daños a la Generalitat, lo que podría costar a cada contribuyente catalán unos 500 euros.

Fachada del Tribunal Constitucional, que ha dado un paso más sobre las leyes del catalán / EUROPA PRESS

Intereses económicos, políticos y electorales

Aragonès afronta días decisivos para su futuro político con los trámites del decreto ley de regulación de viviendas turísticas. Por ahora, PSC y Junts -sus principales adversarios para las próximas elecciones autonómicas- se muestran a favor de que se inicie el trámite parlamentario, pero el apoyo podría ser un mero espejismo, ya que está sometido a contrapartidas. 

No es un decreto ley cualquiera. Hay muchos intereses económicos en juego, pero también políticos y electorales. Aragonès ya no puede esconder la debilidad parlamentaria de su gobierno, que arrastra los pies desde la dramática salida de Junts y su divorcio con la CUP. Hasta ahora, ha sobrevivido gracias al oxígeno del PSC y los Comunes, pero no ha sido un apoyo cándido, sino que ha hurgado de manera constante en las heridas de ERC. Algo que ya quedó patente con la negociación de los Presupuestos del 2023. Unas cuentas que, si el Govern no cumple, podrían ser la excusa para que los de Salvador Illa y Jéssica Albiach tumben los de 2024, como han venido advirtiendo en los últimos días.

Ester Capella, la 'consellera' que presentó el decretazo turístico EP

¿Adelanto electoral?

En estos momentos, Aragonès tiene imposible contar con los Comunes o la CUP, muy críticos en materia de turismo, para que continúe el trámite parlamentario del decreto ley, por lo que necesita inexcusablemente al PSC y Junts. Unos adversarios temidos por ERC y a los que tendrá que contentar con una lección de equilibrismo político y parlamentario. El contexto de fondo no acompaña a los republicanos en esta operación, y es que el president afronta un duro golpe a cuenta de la sequía, con el PSC advirtiéndole de que llevan una década sin desarrollar ninguna infraestructura para evitarla. Además, les recuerdan que, en su día, se zafaron de toda responsabilidad delegando medidas tan impopulares como las multas en los ayuntamientos.

Por todo ello, el Govern tirará el decreto por vía de urgencia, haciendo saltar las alarmas de quienes sospechan que podría haber un adelanto electoral en Cataluña. Bien para evitar ir a unas elecciones con el lastre de haber tenido que gestionar la sequía en el próximo verano, o bien para que Aragonès pueda colgarse alguna medalla como “gestor” de cara a la campaña electoral de ERC, en el caso de que repita como candidato.

Hoy por hoy, el republicano rechaza tajantemente la posibilidad de un adelanto electoral y dice que agotará la legislatura. Una decisión que no sorprendería si fuera real, ya que en caso de elecciones podría perder todo el poder, pero que también podría ser ficción. El motivo para la sospecha es claro: Aragonès no sobreviviría políticamente a tres golpes seguidos de la envergadura de la sequía, el rechazo a los Presupuestos del 2024 y el bloqueo del decreto ley de regulación de pisos turísticos.