Los jueces de instrucción de Barcelona rechazan la alusión al "lawfare" del pacto de PSOE y Junts

El pacto de PSOE y Junts per Catalunya para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno también ha suscitado el malestar de los jueces de instrucción de Barcelona por sus alusiones a la existencia de un supuesto "lawfare" -es decir, el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política- hacia el secesionismo.

La junta de jueces de instrucción de Barcelona ha acordado por una amplia mayoría este jueves adherirse al comunicado de todas las asociaciones judiciales, que ven inadmisible dicha mención al "lawfare", y consideran que podría suponer una "intromisión en la independencia judicial".

Abrumadora mayoría

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), un total de 24 de los 33 jueces de instrucción de Barcelona han acudido a la reunión ordinaria de la junta, celebrada este jueves. Y el resultado ha sido abrumador: 21 de ellos han votado a favor de refrendar la decisión de la juez decana de Barcelona de adherirse al comunicado de todas las asociaciones judiciales del pasado 9 de noviembre.

Tan sólo uno de esos 24 magistrados ha votado en contra de dicha adhesión, y dos se han abstenido.

Repulsa unánime de todas las asociaciones judiciales

Las cuatro asociaciones judiciales y fiscales españolas -así como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y cientos de profesionales del Derecho, entre otras instituciones y entidades- ya expresaron el pasado jueves su rechazo a esas menciones sobre la supuesta existencia de "lawfare" hacia el secesionismo catalán, y el propósito de fiscalizarlo y enmendarlo desde el Congreso. Entre otras razones, porque tal insinuación puede suponer la "intromisión en la independencia judicial" y la "quiebra de la separación de poderes".

En su comunicado conjunto, al que ahora se ha adherido por mayoría la junta de los jueces de instrucción de Barcelona, las asociaciones reprochan esa "desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial" presente en el pacto entre PSOE y Junts.

Las asociaciones judiciales remarcaban en su manifiesto la independencia del Poder Judicial en España y aseguraban que este "no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta". Por ello, consideraron que las expresiones que reflejan una "desconfianza" en la justicia "no son aceptables".

"Intromisión en la independencia judicial"

Las asociaciones se oponían en su comunicado a las "explícitas referencias (en el acuerdo entre PSOE y Junts) a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política", que podrían dar lugar a "acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

"Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes", tal como argumentaron la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI).

Comisiones de "investigación" parlamentarias

El pacto de la semana pasada entre PSOE y Junts decía, en el apartado dedicado a la ley de amnistía para los encausados por el procés secesionista de Cataluña, que las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en esta legislatura "se tendrán en cuenta" en la aplicación del perdón "en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política".

Y todo ello, agregaba el acuerdo entre ambos partidos, con las consecuencias que "en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas.

Esta referencia al "lawfare" en el pacto entre PSOE y Junts, que finalmente no se ha trasladado al proyecto de ley de amnistía, llevó a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a expresar su rechazo "frontal" al acuerdo al considerar que implica "una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes".