200 juristas denuncian ante la UE "los ataques a la independencia judicial" y el "propósito nacionalista de dañar las instituciones"

El pacto de PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno ha puesto en alerta a todas las asociaciones judiciales y fiscales españolas y, por otra parte, también a numerosos juristas que han expresado su "preocupación" a la Unión Europea por "el deterioro del Estado de derecho en España", en una declaración firmada este jueves por unos 200 profesionales del Derecho, en la cual rechazan la amnistía por carecer de "fundamento constitucional".

La carta tiene entre sus firmantes a numerosos catedráticos de Derecho Constitucional -entre ellos algunos de sus impulsores, como Teresa Freixas y Manuel Aragón Reyes- y a ex magistrados del Tribunal Constitucional, y ha sido enviada al comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, a los vicepresidentes de la Comisión Europea, Vera Jourová y Margaritis Schinas, y a los presidentes de la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo.  

Piden amparo a la Unión Europea

El escrito, difundido por la entidad constitucionalista Foro de Profesores, recuerda que dicho deterioro "se viene experimentando desde hace años" y "amenaza con agravarse en los próximos meses", razón por la cual instan a las instituciones de la Unión Europea (UE) a "adoptar las medidas necesarias para revertir una situación que es incompatible con los principios y valores esenciales" del artículo 2 del Tratado de la UE "por el peligro que supone, no sólo para España sino para la propia estabilidad y permanencia de la Unión Europea".

Entre esos elementos de degradación que apuntan los juristas figura el "continuado ataque a la independencia judicial y a la imagen de los jueces que se deriva de ciertas actuaciones de los partidos políticos, de los diferentes poderes ejecutivos (central y autonómicos) y que puede extenderse también al poder legislativo".

Falta de renovación del CGPJ... y de su sistema de designación

Los juristas empiezan denunciando el fracaso en la renovación del órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el hecho de no haber modificado tampoco la normativa para elegirlo "para adaptarlo a las exigencias del Consejo de Europa y de la Unión Europea". O lo que es lo mismo, reformarlo para que los partidos políticos no sean quienes eligen a todos sus integrantes como en la actualidad. Y es que, en su opinión, el actual sistema de designación "no es acorde con los estándares" comunitarios, "de los que se derivaría que al menos la mitad de los vocales del CGPJ fueran designados por los jueces".

Y otro tanto ocurre, señalan, con la dependencia del Ministerio Fiscal respecto a Gobierno, lo cual incumple las recomendaciones de la Comisión Europea.

Críticas "inadmisibles" del Gobierno y la Generalitat

"Este deterioro en la imagen del Poder Judicial se ve agravado por las continuas y graves críticas que tanto el Gobierno de España como el gobierno regional de Cataluña dirigen a los jueces", añade el texto, recordando que algunos de sus miembros han llegado a calificar "de aberración ciertas decisiones judiciales", o bien "que afirmen que atacan a la democracia o que son injerencias ilegítimas en el funcionamiento de las instituciones". Algo que los profesionales del Derecho consideran "completamente inadmisible".

Asimismo, lamentan que "este ataque al poder judicial" no es "coyuntural", sino "sistemático". Lo cual atribuyen al hecho de que "el Poder Judicial se ha convertido en un obstáculo para la materialización de acuerdos de dudosa constitucionalidad entre los partidos de gobierno en España y los partidos nacionalistas".

"Una amnistía sin fundamento constitucional"

"El nacionalismo rechaza la asunción de las consecuencias de sus actos ilegales y exige la 'desjudicialización'" del "golpe habido en Cataluña en 2017, incluyendo una amnistía que no tiene fundamento constitucional. La UE ya ha condenado actuaciones semejantes en otros Estados miembros", recuerda el escrito.

La declaración firmada por más de 200 juristas rechaza con contundencia ese argumento de la "desjudicialización", que ya se usó con anterioridad derogando, por ejemplo, el delito de sedición y rebajando el de malversación, por los cuales fueron condenados los dirigentes del procés secesionista de Cataluña.

"Reformas legales pactadas con los delincuentes condenados"

"Estas reformas legales, pactadas con los mismos delincuentes condenados suponen también un deterioro significativo del Estado de Derecho, un deterioro que se vería agravado por una ley de amnistía que los nacionalistas plantean como un pago necesario para que den su apoyo al candidato socialista a la presidencia del gobierno, el señor Pedro Sánchez. La amnistía supondría además un golpe a la actuación del Tribunal Supremo y del Tribunal de Cuentas, además de un ataque a la actuación del Gobierno que aplicó el instrumento de coacción federal previsto en el artículo 155 de la Constitución y del propio Jefe del Estado que, en aquellos momentos, urgió al acatamiento del Estado de Derecho como base insustituible de toda democracia", señala el escrito.

En este sentido, apuntan además que la amnistía acabaría con la inhabilitación de esos mismos condenados y "todo ello implicaría la deslegitimación de quienes se opusieron a la secesión en 2017 y de quienes apoyaron entonces al gobierno de España, incluidas las instituciones europeas".

"Abuso de la legislación de urgencia"

Los firmantes también denuncian la "instrumentalización partidista de las instituciones", que ven "incompatible con principios esenciales del Estado de Derecho". "Esta instrumentalización se ha traducido en la atonía del Parlamento. En estos momentos, por ejemplo, pese a que hace ya más de veinte días que el Rey designó a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno, no se ha anunciado la fecha en la que se producirá el debate de investidura, lo cual es insólito en la tradición constitucional española. Al mismo tiempo, se mantiene paralizada la imprescindible actividad de control del Gobierno por parte del Congreso de los Diputados. Control parlamentario que, además, es considerado como estrictamente necesario sobre un Gobierno en funciones por parte del Tribunal Constitucional", apuntan.

Además de eso, lamentan el "abuso" de la "legislación de urgencia", que "no se adecua a las exigencias de un proceso legislativo con una participación plena de las Cámaras. Se utiliza abusivamente la figura del decreto ley para soslayar la intervención parlamentaria en la elaboración de las normas".

"Además, para evitar que los proyectos legislativos cuenten con los preceptivos informes del Consejo de Estado o de otros altos órganos consultivos, se utiliza espuriamente la figura de la proposición de ley, preparada por los partidos políticos. Esta utilización de la proposición de ley está aumentando significativamente debido a que un gobierno en funciones como el actual no puede legalmente aprobar proyectos de ley ni remitirlos a las cámaras para que tenga lugar su tramitación legislativa. Así se está actuando para la preparación de la pretendida ley de amnistía, de la que todavía no tenemos texto, pero cuyo contenido se va anticipando mediáticamente, por parte de los partidos que dicen que están preparando el texto".

"Propósito nacionalista de dañar las instituciones"

Los firmantes expresan su "preocupación" por los constantes "ataques a la independencia judicial y a la confianza de los ciudadanos en los órganos jurisdiccionales". Algo que, añaden, "no puede desvincularse del propósito nacionalista de dañar las instituciones que impidieron que en 2017 se consolidaran sus propósitos ilegales y anticonstitucionales. No podemos admitir que, en democracia, el Gobierno de un Estado miembro de la UE esté condicionado por las exigencias de los partidos nacionalistas, pretendiendo eludir sus responsabilidades por actos delictivos y que, además, como vienen continuamente expresando, condicionen su apoyo al Gobierno de la nación a que, tras la amnistía, éste les facilite la segregación de parte del territorio nacional mediante la realización de un pretendido referéndum de autodeterminación, contrario también no sólo a la letra sino al mismo espíritu de los Tratados de la UE"