Policía y Guardia Civil consideran que la amnistía les castiga y perdona a “terroristas urbanos”

Jacobo Rodríguez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), el mayoritario en el seno de la Policía Nacional, considera “un hecho gravísimo” que el Gobierno esté dispuesto a “amnistiar a delincuentes y castigar a policías con instrucciones judiciales que duran ya seis años”. Una ley que califica de “despropósito”.

En la misma línea, el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Pedro Carmona, añade que la medida de gracia supone un “batacazo” para los agentes, tanto del instituto armado como de la Policía Nacional que actuaron durante el 1-O. “Los agredieron durante el procés y hoy vuelven a apedrearlos institucionalmente”, ha denunciado en declaraciones a este medio.

No quieren beneficiarse de la amnistía

Desde el SUP aseguran que, aunque la ley de amnistía amparara también a los agentes del orden procesados por sus actuaciones en el marco del procés independentista, se niegan a que se les meta en el mismo saco que a los responsables políticos del referéndum.

Coches de la Guardia Civil vandalizados tras la macrooperación del 1-O EL ESPAÑOL

El sindicato policial rechaza taxativamente que se les equipare con aquellos “que fueron condenados en firme por el Tribunal Supremo por delitos tan graves como la sedición, la malversación de caudales públicos y la desobediencia a la autoridad judicial”. 

Tampoco quieren quedar bajo el paraguas de una ley de amnistía que perdonará a “terroristas urbanos”, sostiene en referencia a los Comités de Defensa de la República (CDR) y a Tsunami Democràtic. En este sentido, el portavoz del SUP recuerda que el juez la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón decidió enviar a 12 miembros de los CDR a juicio por terrorismo, pues “tenían como objetivo utilizar elementos explosivos e incendiarios para cometer todo tipo de delitos”.

“Nos han dejado a los pies de los caballos”

En el caso de los agentes de la Policía Nacional procesados por las cargas en los colegios electorales del 1 de octubre de 2017 y por sus actuaciones durante los disturbios en las protestas postsentencia en 2019, Rodríguez sostiene que “se limitaron a restablecer el orden público y a garantizar la seguridad ciudadana”.

Además, recuerda, tanto el Gobierno de aquel momento, encabezado por Mariano Rajoy, como la oposición, liderada por Pedro Sánchez, respaldaron estas actuaciones policiales. “Somos los que saldremos peor parados, nos han dejado a los pies de los caballos”, denuncia. 

Cargas de la Policía Nacional el 1-O / EFE

En la misma línea, desde AUGC argumentan que durante la vorágine del procés siguieron instrucciones que se ejecutaron de acuerdo con las normas vigentes. Por eso, sostienen, los agentes procesados, “que sí actuaron cumpliendo la ley, no tienen por qué ser amnistiados como otros que quebraron el orden constitucional y que son prófugos de la justicia”. 

Un pacto “indigno” 

Por todo ello, los sindicatos policiales anuncian una concentración frente a la Ciudad de la Justicia de Cataluña este viernes por la mañana, coincidiendo con la declaración de seis agentes acusados de delitos de torturas y contra la integridad por su actuación en 2019. Será la primera protesta, dicen, si finalmente sale adelante la ley de amnistía en el marco de un pacto que desde AUGC definen como “indigno y que menosprecia el trabajo de los agentes”, que ya se encontraban en una situación crítica en Cataluña, donde se sienten denostados por el Govern.

En este sentido, desde el sindicato de Policía Nacional dicen sentirse “discriminados” con respecto a la policía autonómica. De hecho, uno de los puntos acordados en el pacto entre ERC y PSOE, y que ha levantado ampollas entre los agentes del cuerpo policial nacional, es una partida presupuestaria de 1.600 millones de euros para Mossos d’Esquadra.

“Cuando los sindicatos representativos de Policía Nacional y Guardia Civil firmamos la equiparación salarial con Mossos d’Esquadra, en 2018, el presupuesto para conseguirla fueron 1.500 millones, de los que finalmente nos dieron tan solo 807 millones a repartir entre ambos cuerpos. Ahora se le proporcionan 1.600 millones solo a los Mossos d’Esquadra, un cuerpo de poco más de 20.000 efectivos”, denuncian. 

Imagen de la actuación policial el 1-O en el instituto de Sant Joan de Vilatorrada / EFE

“Quieren vaciarnos de competencias para entregárselas a Mossos”

Con esta medida, ambos portavoces coinciden en que los acuerdos entre los socialistas y los dos partidos independentistas han evidenciado el “castigo y abandono” que, según ellos, llevan años sufriendo por parte del Ministerio del Interior, una situación que, dicen, la Generalitat ha sabido aprovechar para desplegar a la policía catalana en detrimento de los otros cuerpos policiales.

“Ahora se hace evidente la intención de vaciarnos de competencias, en favor de los Mossos d’Esquadra” de Cataluña, expresan. De hecho, aseguran, el fin último de este acuerdo pasa por “continuar con el desmantelamiento de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña, hasta conseguir el fin último, que es expulsarlos”.

“Quieren expulsarnos”

El malestar en los dos cuerpos tras conocerse el acuerdo entre PSOE y Junts es palpable. Sobre todo, insiste Jacobo Rodríguez, porque ambos cuerpos han contribuido a mantener la paz en la comunidad autónoma ayudando a mejorar la seguridad y a dar estabilidad.

“Hemos desarticulado multitud de comandos terroristas y garantizado el orden en macroeventos y acontecimientos multitudinarios tan importantes como los Juegos Olímpicos del 92, pero todo eso parece que se les ha olvidado. Ahora quieren expulsarnos, pero nos tendrán enfrente”, advierte.