La desokupación en 48 horas genera consenso jurídico y división política

La propuesta lanzada ayer por el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) para poder desokupar inmuebles en 48 horas genera un consenso jurídico y empresarial que todavía no ha logrado trasladarse a la esfera política. Profesionales del sector inmobiliario y la abogacía, así como instituciones locales, han reclamado medidas legislativas para hacer frente tanto a la okupación como a la falta de vivienda.

La fórmula legal, planteada en las jornadas del colegio sobre okupación --boicoteadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)-- permitiría a los propietarios expulsar a los ocupantes de una vivienda que, en un plazo de 48 horas tras ser denunciados, no pudiesen acreditar con un contrato su derecho a vivir en la misma. Jesús María Sánchez, decano del colegio, explicó que la reforma está respaldada por "la mayor parte de partidos" e incluso alcaldes del PSOE, inicialmente más reticente a retocar la legislación en materia de okupas.

Reticencias de Podemos

En septiembre los socialistas presentaron en el Congreso una propuesta para legislar esta medida cautelar, más polémica en la política que entre los especialistas. La iniciativa, que ahora se encuentra en el trámite de enmiendas, provocó un choque entre PSOE y Podemos, una coalición ya de por sí tensionada precisamente por las negociaciones sobre el contenido de la futura ley de vivienda.

"Los socialistas lo que hicieron es presentar una propuesta para desalojar a los okupas en 48 horas solo en ciertos casos", señala a Crónica Global la secretaria del PP contra la okupación, Elísabeth Jiménez, una de las asistentes de las jornadas. "Abarcaba poco, aún así se enfrentaron con Podemos", añade la representante popular, que ve más probable que el Gobierno prorrogue la moratoria de los desahucios más allá de junio que no que legisle para agilizar las desokupaciones.

Activistas de la PAH irrumpen en un acto del Colegio de Abogados de Barcelona - CG

Mafias profesionales

En el foro participaron abogados, procuradores y otros juristas; todos coincidieron en la necesidad de reformar el marco legal para facilitar los desalojos express en casos que no impliquen vulnerabilidad social. Uno de los letrados presentes denunciaba ante este medio la creciente adaptación de las mafias a los agujeros legales, que ha llevado a las promotoras a instalar más alarmas y desplegar más vigilantes para blindar la obra nueva.

"Se están profesionalizando los okupas. El tema de los suministros tienes que saberlo hacer y ves verdaderas ingenierías para hacerlo. Hay una profesionalización a la hora de okupar y todo lo que implica, asesoramientos de cómo tienes que okupar", lamenta Filo Cañete, alcaldesa de Sant Adrià, una de las ponentes invitadas. "Existe y no solo en Sant Adrià, esto es, como digo irónicamente, una economía emergente, hacen de API en materia de okupación", alerta la representante municipal.

Los vecinos, impotentes

Ante esta situación, los consistorios tienen poco que decir en el marco normativo actual. "Las herramientas que tenemos son muy pocas. La gestión de la problemática llega a veces en un momento en el que tienes conocimiento porque el caso está en seguimiento de los servicios sociales e intentamos aplicar, cuando hay margen, el servicio de mediación, que ha funcionado bastante bien", explica la socialista, que recuerda que un ayuntamiento solo puede denunciar directamente el allanamiento cuando se trata de vivienda pública. 

Recuerda asimismo que lo que genera temor no es la okupación que procede de la "necesidad" de una familia, sino la que se dedica "a un aspecto delincuencial" y que además genera tensión vecinal. En este contexto, la exconsellera de Justicia Lourdes Ciuró recordó en su ponencia que el próximo 8 de febrero se debatirá en el Parlament la propuesta que elaboró cuando estaba en el Govern para que los ayuntamientos y las comunidades de propietarios "tengan capacidad para actuar", más allá de si la propiedad interpone o no denuncia contra los okupas.