Las promotoras blindan la obra nueva con vigilantes ante la ola de okupaciones
Las bandas aprovechan el proceso de tramitación de los permisos para instalarse en los inmuebles y reclaman hasta 14.000 euros a cambio de abandonarlos
10 septiembre, 2022 00:00El auge de okupaciones en edificios de nueva construcción ha obligado a las promotoras inmobiliarias a blindarse con alarmas y vigilantes de seguridad. Es una medida de protección contra las mafias y okupas profesionalizados, que aprovechan el lapso de unos meses entre la finalización de la construcción y la obtención de los permisos necesarios para la venta o alquiler de las viviendas.
"Al promotor ya le empieza a pasar que has acabado una obra y en el proceso de trámite con los clientes, escrituración, notario y permisos, aprovechan para okupar pisos nuevos", señala Xavier Vilajoana, presidente de APCE en Cataluña. "Genera una indefensión en el promotor y en el cliente final, que ha pagado una cantidad avanzada por este piso y después de escriturar se encuentra gente dentro", lamenta.
14.000 euros a cambio de irse
"Nos obliga a mantener vigilancia hasta entregar al cliente", explica Vilajoana, que detalla que actualmente muchos edificios en desarrollo cuentan "con alarma y vigilante". "Es un problema para los promotores, es un problema para los constructores y es un problema social amparado por la clase política", sentencia Juan José Aguilera, director de Relaciones Colegiales de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) en Barcelona.
Daniel Avilés, director de Seguro Contra Okupas, asegura que "hay mafias que están yendo a las promotoras porque desde que finaliza la obra hasta que se obtienen los permisos pasan unos dos meses". En este lapso, "se mete un okupa, piden 10.000 euros, 14.000 euros, algunos menos, para irse de ahí". "No es construcción ni vivienda y no se puede desalojar, el marco legal se lo dificulta a los constructores", denuncia Avilés.
Sin cédula de habitabilidad
Toni Miranda, presidente de la Organización Nacional de Afectados por la Okupación, indica que "estas viviendas no tienen cédula de habitabilidad". Ante esta situación, "la Administración podría actuar pero no esta actuando".
Miranda carga contra la "gran inhibición" en este tema por parte de los ayuntamientos, algunos por motivos ideológicos y otros porque "no saben por dónde tirar". Por su parte, Aguilera reclama "dar soluciones" en forma de "políticas de vivienda para las familias vulnerables".