El golpe judicial a la ZBE expone a Barcelona a un alud de reclamaciones

El revés de la justicia a la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona abre la puerta a un alud de reclamaciones contra el ayuntamiento. Abogados que han participado en el proceso avanzan que reclamarán las multas impuestas a los conductores, que estiman en "miles", mientras que los transportistas estudiarán si exigen el reembolso de las inversiones realizadas en sus flotas para adaptarlas a la ordenanza anulada ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El ayuntamiento, a su vez, insiste en que la norma sigue "vigente", aunque admite casi 70.000 sanciones cobradas. 

Lo ha explicado a este medio David Neila, de Bufete Neila, el letrado que ha representado a la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias (Parcc) de Barcelona. Esta entidad interpuso un recurso contra la ZBE y es uno de los seis escritos que el TSJC ha dado por buenos, tumbando la pieza legislativa. ¿Qué pasará ahora? "Que reclamaremos, claro. Por lo pronto, las miles de multas interpuestas con arreglo a una ordenanza que la justicia dice que es contraria a ley", ha explicado el abogado. 

Multas...¿e inversiones?

Considera que la resolución judicial de "buena noticia" y subraya que el TSJC "anula la ordenanza siendo muy duro contra el gobierno municipal, recordando que la ZBE carece de sostén económico y castiga a los conductores con menor renta, pues les obliga a cambiar su vehículo por uno menos contaminante". Neila recuerda asimismo que la justicia afea al ayuntamiento que no aportara al procedimiento un estudio del Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) que censuraba la medida. "Nosotros sí lo aportamos, y el TSJC lo ha tenido en cuenta". 

Negro sobre blanco, los abogados antimultas ya se preparan para defender a conductores que busquen recurrir las multas por contaminar. Ahora tienen un argumento más, pues la ordenanza con arreglo a la cual han sido sancionados ha sido anulada. Pero es que podría haber más reclamaciones. "El sector no tiene multas, pues adaptó las flotas a tiempo y peleó para que hubiera moratorias que inicialmente no estaban contempladas", explican fuentes cercanas a la Fecav, patronal del transporte más representativa. 

"Nos han dejado en desventaja"

Hay otro punto que sí podría tener impacto económico en las arcas del Ayuntamiento de Barcelona. "Hay que recordar que muchos asociados hicieron inversiones en renovación de flota para adaptar su vehículos a la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones. En estos momentos, estas empresas se encuentran en desventaja competitiva frente al resto, pues han tenido que hacer un esfuerzo presupuestario por una norma que no es válida", indican. ¿Reclamarán el coste de las flotas? "Se estudiará", indican las fuentes consultadas. 

Sin referirse a multas ni indemnizaciones, el Gremio del Motor sí se congratuló ayer noche de la anulación de la ZBE. La patronal catalana pidió a la Administración local que "acate la sentencia y deje sin efecto la ordenanza", aunque la reversión puede apelarse en casación en el Tribunal Supremo. 

El ayuntamiento admite 70.000 multas

¿Qué dice el gobierno municipal? A preguntas de este medio, una portavoz se remitió a la comparecencia ayer del concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia. El edil informó de que la ZBE "continúa en vigor" y que contra el fallo del TSJC cabe recurso, que el ayuntamiento estudiará si lo interpone. Lo hará hoy en una reunión con el resto de administraciones implicadas. Para defender la pieza normativa, Badia aseguró que la justicia va en dirección contraria a la normativa europea, que pide reducir emisiones contaminantes en las ciudades. 

¿Y las multas? El edil solo lamentó que la decisión de la segunda instancia judicial genere "desamparo" entre los ciudadanos perjudicados por la polución. No se refirió a la posible cascada de reclamaciones. Eso sí, la funcionaria municipal remitió a Crónica Global al informe de valoración de un año de ZBE, que se puede consultar en este enlace, y que contiene el recuento de 69.145 sanciones cobradas desde noviembre de 2020 a diciembre de 2021. Son las multas que quieren recurrir los abogados. 

Enésimo revés en el TSJC

El varapalo del TSJC al Ejecutivo local por la ordenanza de contaminación supone otra corrección judicial a las políticas del gobierno de Barcelona en Comú y PSC. La segunda instancia ha matizado --cuando no anulado-- en varias ocasiones normas que emanaban en espíritu de las concejalías de BComú, el partido de la alcaldesa Ada Colau. Ocurrió, por ejemplo, con la tasa para pisos vacíos, el dentista municipal, el reglamento de la multiconsulta o el Peuat, el primer plan que limitaba las aperturas hoteleras en Barcelona. 

Otras grandes líneas maestras del Ejecutivo de Colau están también recurridas a los tribunales y esperan sentencia. Son, por ejemplo, la reserva del 30% de pisos sociales en las nuevas promociones de vivienda en Barcelona. O la creación de la empresa mixta de vivienda, Habitatge Metròpolis Barcelona. En estos dos casos, aún no hay sentencias. Su predecesor en el cargo, el alcalde Xavier Trias (CiU), también vio como el TSJC le anulaba, por ejemplo, el plan de usos de Ciutat Vella, y, además, por partida triple. Pero en el caso de los comunes, el denominador común comienza a ser, habida cuenta de los fallos sobre el Peuat y la ZBE, el deficiente foco económico en las nuevas normativas municipales. Se espera que el consistorio recurra ante el Tribunal Supremo.