El golpe judicial al dentista de Colau se cierne sobre su eléctrica

Lo indican fuentes jurídicas consultadas por este medio después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Barcelona anulara el expediente del dentista municipal por dos motivos. Uno, invadir competencias de otra Administración, la Generalitat de Cataluña. Y dos, porque "pone en riesgo" la sostenibilidad financiera de la institución. El gobierno municipal recurrirá al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para salvar el proyecto. Tiene 15 días para hacerlo. 

Barcelona Energia, con apenas 3.000 socios

Sobre esta base, no obstante, una inicitiva en marcha y otro que impulsó el Ejecutivo de BComú quedan al albur de posibles recursos judiciales engarzados en los mismos argumentos que han derribado el dentista público. El primero es Barcelona Energia, la eléctrica municipal del la capital catalana que ha conseguido apenas 2.700 socios de los 20.000 que pretendía, como admitió en enero de este año el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia. 

Las fuentes jurídicas consultadas subrayan que la sentencia contra el dentista, sumada al artículo 86 de la ley de Bases del Régimen Local, que avala la "iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas" pero la condiciona a la "sostenibilidad financiera" de la Administración, además de a "un análisis del mercado, relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la concurrencia empresarial", puede cuestionar la eléctrica pública. Solo en el capítulo de la rentabilidad, Barcelona Energia queda en mala posición. 

La funeraria, enterrada

Algo similar ocurre con el fallido proyecto de funeraria municipal que el Ejecutivo local impulsó el pasado mandato desde las áreas de BComú. El expediente del operador público, que emanaba de una transformación de Cementiris de Barcelona, fue tumbado en cuatro ocasiones por la oposición municipal por falta de consenso. Jamás vio la luz. Aunque los problemas de la propuesta parece ser que no eran solo políticos. 

Ahora, la sentencia del dentista municipal da la puntilla a una nueva empresa pública de la que jamás se justificó su viabilidad. El exprimer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, primero, y Eloi Badia, después, defendieron entierros más baratos en la Ciudad Condal. Llegaron a prometer sepelios por 2.400 euros. Lo que no aclaraban los ediles es que los funerales low cost se habrían sostenido por la vía de los impuestos. El proyecto, pues, reventaba los precios del proceso apoyado en la tesorería municipal, discurriendo contrario a la normativa vigente y, ahora, a la sentencia contra el dentista. 

El TSJC decidirá

Precisamente, la odontología barata para vecinos vulnerables acabará ante el TSJC. La segunda instancia judicial decidirá si acepta el recurso del Ayuntamiento de Barcelona o avala la primera sentencia. La decisión es mollar porque el togado ha derribado todo el armazón administrativo que sostenía el proyecto, incluido el acuerdo de pleno. 

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha criticado los argumentos del juez y ha admitido que puede haber invasión de competencias de la Generalitat, pero lo justifica por una presunta dejación del Gobierno catalán. "¡Ya me gustaría que lo hiciera la Generalitat!. Pero mientras esto no sea así, haremos lo posible para proteger la salud bucodental", apostilló la munícipe en el anuncio del recurso al tribunal. La posición final de los magistrados tendrá efectos más allá de esta iniciativa.