Colau intenta apropiarse de la iniciativa de Trias y Balmón de vivienda metropolitana

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) constituirá la empresa metropolitana mixta de desarrollo de vivienda de alquiler social que tiene el encargo de construir 4.500 pisos en siete años. Lo hará en un acto en el Saló de Cent del Ayuntamiento de la capital catalana, en el que la alcaldesa y presidenta de la entidad supramunicipal, Ada Colau, intentará colgarse la medalla de un proyecto que su partido ha dilatado desde 2015 y que nace de la iniciativa diseñada por el gobierno metropolitano de Xavier Trias (CiU) y Antonio Balmón (PSC).

Fue en la recta final del mandato del convergente --entonces el partido aún no había desaparecido-- cuando, junto al aún edil de Cornellà de Llobregat, se sondeó el mercado para saber si existía interés en desarrollar vivienda protegida en una zona donde viven más de cuatro millones de personas mediante la colaboración público-privada. Era el momento más duro de la doble crisis financiera, cuando se puso de manifiesto la emergencia habitacional y las carencias de vivienda protegida en un mercado tensionado como el de Barcelona y sus alrededores.

Sociedad de economía mixta

Tanto los estudios encargados como las proyecciones inmobiliarias concluyeron que la fórmula de crear una sociedad mixta con un privado, con el que pretendían repartirse al 50% la titularidad de la mercantil, era la mejor para conseguir los objetivos planteados. Es decir, dotarse en el menor tiempo posible de una bolsa de alquiler social que nunca pudiese pasar al mercado libre. Significaba un cambio sustancial si se tienen en cuenta el tipo de promociones públicas que se habían desarrollado en España hasta ese momento y, si se usaba el suelo del AMB en las operaciones planteadas, existía suficiente interés del sector.

Cabe tener en cuenta que entonces las Administraciones Públicas ya tenían limitado el endeudamiento que podían alcanzar, algo que ha perdurado en el tiempo para rebajar el déficit estatal. Si hasta ese momento la promoción de vivienda pública había sido complejo, el tope fijado por Bruselas complicaba hasta lo imposible la operación.

Bloqueo de Colau en 2015

Pero el proyecto se quedó sobre la mesa. Colau ganó las elecciones municipales de 2015 y se convirtió en alcaldesa de Barcelona, cargo que le garantizaba la presidencia del AMB. Tuvo que negociar con los socialistas de Balmón el gobierno metropolitano, ya que la fuerza municipalista de los comunes era (y es) limitada, hecho que propició que la constitución de la empresa mixta de vivienda estuviera en el programa de gobierno de la legislatura.

Con todo, nunca se repescó. Los comunes descartaron abordar la creación del operador mixto al asegurar que solo lo público podía encargarse de este tipo de encargos en lo que se conoce como la etapa más ideológica del partido capitaneado por Colau y su marido, Adrià Alemany. Nunca se pudo construir por el mismo problema que ya se había identificado con el Ejecutivo de Trias: el AMB no tenía dinero disponible para la iniciativa debido a la poca capacidad de endeudamiento de la institución.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y presidenta del AMB, durante la presentación de vivienda pública / AJBCN

Condiciones de la primera licitacións

No se volvió a contemplar la colaboración público-privada para que el gobierno metropolitano tuviese una cartera de alquiler social a disposición de los ciudadanos hasta 2018. En ese momento se empezaron a diseñar los pliegos de condiciones de lo que tenía que llevar a la sociedad de economía mixta, con poco apoyo real de los comunes.

Tantas reticencias despertó la iniciativa que la primera licitación que se lanzó quedó desierta. Los operadores privados aseguraron entonces, en 2019, que las condiciones del contrato eran leoninas y hacían imposible cualquier tipo de negocio con las promociones. Descartaron participar en la promoción de vivienda protegida como parte de una empresa mixta.

Rehacer el concurso público

El debate se tuvo que reiniciar. El AMB rehízo los pliegos de condiciones del contrato de creación de la empresa mixta, aunque en medio de esta revisión surgió la pandemia. Se intentó avanzar con la máxima celeridad a pesar de las condiciones sanitarias y en 2021 se volvió a reabrir el concurso público con, esta vez sí, condiciones que lo hacían atractivo para el mercado.

Finalmente, una Unión Temporal de Empresas (UTE) de Cevasa y Neinor pondrá los 12 millones de euros necesarios para la constitución de Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB). Las administraciones metropolitanas desembolsarán otros 12 millones y se intentarán limitar los plazos burocráticos lo máximo posible. El reto actual es iniciar la construcción de las primeras fases de los inmuebles de alquiler social como muy tarde en el arranque de 2022.

Planteamientos ideológicos

Los retrasos acumulados por los planteamientos ideológicos sobre la colaboración público-privada de los comunes propician que, en lugar de iniciar la entrega de llaves de los primeros pisos, tal y como se planteaba en 2015, ahora aún se esté en la fase de constitución de la mercantil. Más incumplimientos de un partido, el de Colau, que llegó a la alcaldía de Barcelona con la promesa de 4.000 pisos protegidos con rentas baratas más otras 4.000 unidades procedentes de apartamentos que ya existen y que se deberían movilizar para meter en un mercado tensionado y pinchó de forma sonora. Entregó apenas 800 llaves a final de mandato.

En este contexto, el partido y la primera edil de la ciudad intentan colgar la medalla de las 4.500 viviendas que el AMB promocionará los próximos siete años en otro acto con visos de campaña electoral.