Nepotismo y ‘dedocracia’ en la nueva Sindicatura de Cuentas

La renovada Sindicatura de Cuentas nace con mal pie. El perfil de los candidatos seleccionados, fruto de la negociación política entre PSC, ERC y Junts per Catalunya (JxCat), ha suscitado un gran malestar interno en este órgano dedicado a fiscalizar las cuentas de las Administraciones públicas, especialmente en el cuerpo de auditores. Entre los aspirantes destacan el hermano de un alcalde de ERC, una gerente de la Diputación de Barcelona propuesta por el PSC rechazada por el Tribunal de Cuentas y dos convergentes sin la experiencia requerida.

Asimismo, que los tres partidos hayan decidido que Miquel Salazar, apuesta de los socialistas, sea el nuevo síndico mayor cuando en realidad es el pleno el que decide ese cargo también cuestiona, a juicio de estas voces críticas, la necesaria independencia del organismo. Todos los candidatos tendrán que ser sometidos al preceptivo hearing parlamentario.

A finales de diciembre, PSC, ERC y JxCat anunciaron que habían llegado a un acuerdo para renovar varias instituciones dependientes del Parlament. Un avance respecto a la situación de bloqueo que arrastraban una treintena de organismos, con cargos caducados desde hace años, pero que ha provocado malestar interno ante ese mercadeo político. Es el caso de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), donde trabajadores de TV3 y Catalunya Ràdio recuerdan que esa no es la forma de despolitizar los medios públicos catalanes, y de una institución tan importante como la Sindicatura de Cuentas, que se dedica a fiscalizar las cuentas de las Administraciones públicas.

El síndico es propuesto por el Pleno

Según el acuerdo alcanzado entre los socios del Govern y los socialistas, Miquel Salazar sería el nuevo síndico mayor, a propuesta del PSC. Fuentes internas de la Sindicatura aseguran que “se rompe así el esquema previsto en la Ley de la Sindicatura de Cuentas (art. 28) según el cual el síndico mayor es propuesto por el pleno entre sus miembros y es nombrado por el presidente de la Generalitat. Es decir, la primera y más importante decisión de los futuros síndicos ya no la toman ellos, sino que la toman los partidos que dirigen la Generalitat”. 

Según estas fuentes “es el primer peaje que van a pagar los nuevos síndicos para acceder y mantener su cargo, y ataca el principal atributo que debe tener un órgano de fiscalización: la independencia”.

En este sentido, recuerdan que el Parlament, mediante la Resolución 1150/X, reconocía “la necesidad de garantizar la independencia de los organismos de control de cuentas para evitar que queden sometidos a intereses partidistas” y de “despolitizar los órganos encargados del control de la financiación de los partidos políticos mediante un sistema de elección de los miembros de sus cúpulas que sea profesional y no partidista”.

Salazar es el único síndico que repite del anterior mandato. A diferencia de lo que hizo Andreu Morillas, síndico también propuesto por el PSC en su momento que cesó en 2017, Salazar se ha mantenido en el cargo desde que finalizó su mandato parlamentario en septiembre de 2019.

El rechazo de Rodríguez

La otra candidata propuesta por el PSC como síndica es Llum Rodríguez, quien en noviembre de 2021 fue rechazada por los letrados del Congreso de los Diputados para ocupar un puesto de consejera en el Tribunal de Cuentas de España. El artículo 33.3 de la Ley del Tribunal de Cuentas impide ser consejero a "funcionarios que tengan a su cargo la gestión, inspección o intervención de los ingresos y gastos del sector público”. Y este fue precisamente el artículo que invocaron los juristas de las Cortes en el caso de Rodríguez, que ejerce actualmente como gerente tributaria de la Diputación de Barcelona, donde se tramitan varios expedientes por supuestas irregularidades en este organismo supramunicipal.

En una situación parecida se encuentra la candidata de ERC Anna Tarrach, actual directora general de Presupuestos de la Generalitat, cargo para el que fue designada en 2016 por el entonces presidente Carles Puigdemont y el vicepresidente económico Oriol Junqueras. Según ha podido saber este medio, los casos de Tarrach y Rodríguez “han creado las mayores suspicacias en el Cuerpo de Auditores de la Sindicatura”.

Cargos municipales de CDC

El candidato Manel Rodríguez, propuesto por Junts per Catalunya, también es polémico. Licenciado en derecho y exconcejal en el Ayuntamiento de Premià de Mar, entró en la Sindicatura en 2011 como secretario general de la mano del síndico mayor Jaume Amat. Rodríguez fue nombrado consejero y vicepresidente de la sociedad La Pinassa, Promocions i Serveis Municipals, S.A, según consta publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 63 de Barcelona del 31 de marzo de 2020 [se puede leer en este enlace]. Sin embargo, Rodríguez asegura que envió un escrito al presidente de la sociedad, renunciando a la aceptación de cargo por hallarse incurso en motivo de incompatibilidad, por lo que su nombramiento nunca se hizo efectivo.

Las citadas fuentes cuestionan que algunos de los candidatos propuestos por los tres partidos no acreditan más de 15 años de experiencia de ejercicio profesional para el desempeño del puesto de síndico, tal como exige la ley de este organismo. Atribuyen esta carencia tanto a Rodríguez como a Ferran Roquer, propuesto por JxCat, alcalde de Borrassà desde 2003 y diputado del Parlament desde 2018, entre otros cargos ligados todos ellos a Convergència. 

El hermano del alcalde de Salt

Josep Viñas, propuesto por ERC, es profesor de la Universitat de Girona en el ámbito de economía financiera y contabilidad. Gran activista independentista, es hermano de Jordi Viñas, alcalde republicano de Salt (Girona). Es autor de la obra Diari d'un onanista (Omicron). Finalmente, Maria Àngels Cabasés, también profesora en este caso en la Universitat de Lleida, también ha ocupado diversos cargos de confianza política, primero por ERC, de la que fue diputada en el Parlament entre el 2008 y el 2010, y actualmente en JxCat.

Esos sectores internos de la Sindicatura, críticos con este proceso, se han puesto en contacto con Ciudadanos, PP, Vox, En Comú Podem y CUP para instarles a solicitar un informe jurídico a los letrados del Parlament para que determinen la posible incompatibilidad de las dos candidatas que actualmente tienen cargos de gestión pública y a ser “muy exigentes en el hearing parlamentario al que deben someterse a todos ellos para ser síndicos”.