Frenazo a la “ley Aragonès”: ¿El peaje de los Comuns para aprobar los presupuestos?

Han pasado dos años desde que el exconsejero republicano Raül Romeva impulsó la ley que estaba llamada a evitar mordidas en la contratación pública, es decir, nuevos episodios del denominado Caso 3%, relativo a la financiación irregular de CDC mediante la adjudicación de obras. La nueva norma, que ha pasado por numerosas enmiendas, acaba de sufrir un nuevo frenazo.

El objetivo del actual responsable de la ley de Contratos de Servicio a las personas, el vicepresidente económico Pere Aragonès, pretendía dar luz verde a la misma en 2019. “Han querido correr demasiado, posiblemente para que el consejero tenga un nuevo triunfo en su historial”, aseguran fuentes de la oposición parlamentaria que participa en la ponencia encargada del redactado final.

Externalizar 200 servicios

Conciliar la aprobación de la llamada “ley Aragonès” con el que debe ser el verdadero triunfo de ERC, la aprobación de los presupuestos de la Generalitat de 2020 para evitar una tercera prórroga, choca con los intereses de sus principales socios en la negociación de las cuentas catalanas, En Comú Podem. Esta formación, así como la CUP, se han puesto al lado de las numerosas entidades sociales que rechazan la ley Aragonès porque, a su juicio, supone externalizar hasta 200 servicios en lugar de blindar una gestión directamente pública. Por su parte, el PSC considera que las razones de estos dos partidos tienen una profunda base ideológica y optan por mejorar la ley mediante enmiendas, sin bloquearla. 

De ahí que la norma, que ha cambiado de arriba a abajo después de esos dos años, haya sufrido un nuevo frenazo. Vicepresidencia quiere que el proyecto sea votado en el Pleno del Parlament a finales de este mes --siempre y cuando la convulsa situación política no precipite un adelanto electoral-- aunque quienes forman parte de esa ponencia dudan de que eso sea posible.

Dejar en suspenso la ley 

La postura de los comunes es muy clara: quieren dejar en stand by la ponencia y que el Govern desarrolle primero una normativa general de contratación y servicios concertados, para luego ocuparse de la contratación de servicios a las personas como los de educación, salud o dependencia. Fuentes parlamentarias aseguran que ese sería el peaje que la confluencia de izquierdas ha puesto para avanzar en el pacto presupuestario, una vez se ha cerrado el acuerdo con ERC sobre reforma fiscal. Los comunes niegan este cambio de cromos, pero lo cierto es que la aprobación de la ley Aragonès --objeto de manifestaciones e incluso de un encierro en la Consejería de Treball-- va a tener que esperar.

Campaña de entidades, partidos y personas vinculadas a los servicios básicos en contra de las privatizaciones que contempla la llamada 'ley Aragonès' / CG

Pero ¿cómo se ha llegado a esta situación de bloqueo? Fue el exconsejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva --condenado por el Tribunal Supremo por la organización del 1-O-- quien impulsó el decreto que debía servir como núcleo de una ley anti 3% donde el precio dejaba de ser el criterio de adjudicación principal de los contratos para primar la calidad, y se establecían medidas para reducir las adjudicaciones “a dedo”, esto es, sin concurso público. El Parlament comenzó a tramitar esa norma en febrero de 20177, pero quedó en suspenso debido a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Se retomó el proyecto en noviembre, cuando la Cámara autonómica dio luz verde a esta ley pionera, que pasó a manos de la Vicepresidencia económica de Pere Aragonès.

Dar prioridad a las cooperativas y pequeñas empresas

Sin embargo, los expertos que comparecieron en la ponencia advirtieron de que el proyecto catalán no se ajustaba a la ley española de contratos del sector público aprobada en marzo de 2018 e incluso entraba en contradicción con la misma. Las directivas europeas que entraron en vigor en abril de 2016 obligaba a las comunidades autónomas a adaptarse a los cambios estatales, competentes en la materia.

Manifestantes ocupan la sede de la Consejería de Trabajo contra la 'ley Aragonès' / CUP

Los grupos parlamentarios abordaron esa reelaboración, pero el principal escollo de la ley Aragonés reside en el artículo que da prioridad en la adjudicación de contratos a pequeñas y medianas empresas que habitualmente no acceden a este tipo de concursos, así como a empresas del tercer sector y sobre todo a las cooperativas. El objetivo es evitar que los grandes contratos queden en manos de las mismas empresas.

Un objetivo que sociedades mercantiles, patronales y pymes rechazan que se favorezca a esas empresas de economía social o empresas sociales. Pero lo que en un principio debía ser un guiño a ese tercer sector, es también criticado por numerosas asociaciones que forman parte del mismo, pues consideran que la ley blinda las externalizaciones en lugar de desprivatizar los contratos. De ahí que las asociaciones que forman parte de la la plataforma Aturem la Llei Aragonès hayan protagonizado numerosas movilizaciones y encierros bajo el lema “No a la privatización”.