La ‘ley Aragonès’ se reescribe en el Parlament

La Comisión de Economía y Hacienda del Parlament ha celebrado esta semana la última reunión prevista antes de las vacaciones para abordar una de las normativas que ha levantado más polvareda en las últimas semanas, la llamada Ley Aragonès. El proyecto legislativo pretende facilitar que las licitaciones de servicios sociales en Cataluña no se guíen sólo por el precio, aunque se reescribe entre el Gobierno y la oposición por el conflicto que ha suscitado el redactado inicial.

El objetivo es compartido entre todas las fuerzas con presencia en el hemiciclo, pero los más críticos acusan a la propuesta en trámite de ser una puerta trasera para que la Generalitat externalice la gestión de más servicios públicos. Algo que se niega de frente por parte de la vicepresidencia de Economía, cuyo máximo responsable, Pere Aragonès (ERC), ha dado nombre de forma involuntaria a la normativa que se debate.

70 enmiendas presentadas

La ponencia se reunirá de nuevo en septiembre para analizar las más de 70 enmiendas que se han presentado, ninguna de ellas a la totalidad. Los participantes en este foro indican que, por ahora, el Ejecutivo catalán se ha abierto a la revisión profunda de la iniciativa. Algo lógico si se tiene en cuenta que necesitará el apoyo de cómo mínimo uno de los grupos en la oposición para sacar adelante la norma.

Sin que se cambie su sentido final, los grupos han llegado a modificar el orden del articulado del borrador de la Ley de Contratos de Servicios a las Personas.

Redactado de Exteriores

Cataluña intentó ser pionera en la transposición de la directiva europea de la ley de las personas, el documento en el que se indica que los servicios sociales no se pueden licitar sólo bajo el criterio de que el precio resulte más competitivo. Empezó a trabajar en ello antes que cualquier otra autonomía de la mano de Raül Romeva (ERC), ya que la contratación pública era un ámbito que en la legislatura pasada dependía de la consejería de Exteriores, pero se quedó en el tintero con el evite del procés.

Fue este departamento el que redactó el proyecto que ahora se ha sometido a debate. En ese momento se presentó como la ley anti 3%, la iniciativa con la que se blindaría a la Generalitat de nuevos pasteleos en la contratación pública de los servicios más sensibles.

Adaptación a la normativa estatal

En todo este tiempo el entorno ha cambiado de forma destacable. El Gobierno se ha dotado de su propia norma marco, que tiene efectos en todo el Estado. Entre las 70 enmiendas que se debaten está la necesidad imperiosa de adaptar la ley Aragonès a estos requisitos. También se intenta acabar con uno de los puntos más sensibles del borrador, la lista de los sectores que estarían afectados tras su aprobación, y que se ha interpretado como el paso previo a una oleada de externalizaciones.

Los socialistas han sido uno de los partidos más activos en la presentación de enmiendas. Su representante en la ponencia, Alícia Romero, explica que se intenta blindar la garantía de calidad de todos los servicios sociales y la igualdad de trato y transparencia ante el licitador. Esta última cuestión no resulta menor si se tiene en cuenta que son las entidades del tercer sector las que presentan la inmensa mayoría de plicas en los concursos públicos de este ámbito.  

Ley de concertación

También han reclamado que se debata de forma paralela a la Ley de Contratos de Servicios a las Personas una normativa específica sobre la concertación social. Serviría para determinar qué ámbitos estarían sujetos a externalizaciones y cuáles no. El Gobierno catalán no ha recogido el guante.

Desde la vicepresidencia de Economía se defiende que el proyecto es indispensable para dar un paso adelante en materia de contratación pública en Cataluña. Los interlocutores consultados mantienen que no se persigue privatizar más, y recuerdan la última intervención que Aragonès ha hecho sobre la polémica, cuando defendió en el Parlament que era necesario “aplicar más responsabilidad social y tener más control sobre la subcontratación”, además de habilitar a la Generalitat a rescatar los contratos “que se ejecuten de forma incorrecta”.

Aprobación

El calendario de la ponencia permite que la ley Aragonès se apruebe en la Cámara catalana a finales de octubre o a principios de noviembre, tal y como destacan las fuentes consultadas. Si el adelanto electoral no lo impide, el Govern deberá tejer alianzas con la oposición para conseguir la mayoría necesaria en los próximos meses.