Las 'mordidas a la carta' de CDC

El precio lo marca el mercado. Incluso para la comisiones ilegales que se han movido en Cataluña alrededor de la adjudicación de obra pública.

Una obra grande, una comisión menor (que no se trata de abusar ni de levantar la libre). Ante una obra menor, la comisión era más cuantiosa.

Así lo montó Oproler, la empresa que dirigía el controvertido Josep Manuel Bassols, íntimo amigo del presidente catalán, Carles Puigdemont, e imputado por el juez de El Vendrell (Tarragona).

Si la obra adjudicada tenía un presupuesto de más de 500.000 euros, el donativo que se entregaba era del 3%. Si la adjudicación oscilaba entre los 250.000 euros y los 500.000 euros, el sobrecito era del 4%. Si la obra era de un precio inferior,  la comisión era del 5%.

Mercadeando con las comisiones

La Guardia Civil ha encontrado diversos ejemplos de cómo Oproler medraba alrededor de estos porcentajes para hacerse con adjudicación pública en Cataluña. Y también en otros puntos de España. Así, por ejemplo, la empresa que dirigía Bassols entabló negociaciones con la directora de Patrocinio del Teatro Real de Madrid en 2013, una institución que dependía del Ministerio de Cultura y de la Comunidad de Madrid, ambas bajo gobierno del PP.

Sergio Lerma, presidente de Oproler, envió un correo electrónico a la directora en el que marcaba las condiciones de su propuesta para ejecutar las obras previstas en el teatro, obras que iban a salir a concurso a principios de aquel año 2013.  

“Deberíamos ser los más económicos en las ofertas y con la única petición de que se nos convocara a competir en el 100% de las obras, tanto de obra civil como de instalación. Podemos dar un buen precio en todos los tipos de obras. Nuestro donativo será del 3% para aquellas adjudicaciones de más de 500.000 euros”.