Arrestan al director general de Deportes en una operación contra la malversación

Nueva operación de la Guardia Civil contra la malversación en Cataluña. El instituto armado ha llevado a cabo cuatro detenciones, entre las que se encontrarían la del director general de Deportes de la Generalitat, Gerard Figueras, y la exconcejala del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona y miembro de Gobierno de la Junta de la Diputación, Maite Fandos.

Ambos estarían detenidos en relación con la trama de desvíos de fondos públicos a entidades de la órbita de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a este medio. La operación de la Guardia Civil ha sido dirigida por el juez de Barcelona Joaquín Aguirre, quien lleva a cabo la investigación, desde 2018, de las facturas opacas de la Diputación de Barcelona.

Detienen a Gerard Figueras, director general de Deportes de la Generalitat / CG

Registros de la Guardia Civil

Además de los cuatro arrestos, los agentes de la Benemérita realizan diferentes entradas y registros tanto en instituciones públicas como en domicilios particulares de varias localidades de la provincia de Barcelona. Los registros, que han comenzado sobre las 7.00 horas de la mañana según fuentes oficiales, se han centrado en la sede de la Secretaría de Deportes, sita en Esplugues, donde se habrían llevado a cabo algunas de las detenciones.

Buscan pruebas que puedan arrojar luz sobre presuntas subvenciones irregulares por parte de la Secretaria General de l’Esport y su órgano dependiente, el Consell Català del Esport. Entre las entidades beneficiarias de esas subvenciones se encontraría las fundaciones Catmon e Igman, que ya han sido señaladas en ocasiones anteriores dentro de las investigaciones contra la malversación de fondos públicos desde la Diputación de Barcelona.

Tráfico de influencias y prevaricación

Además de las supuestas irregularidades en financiación a través de subvenciones y contratación de publicidad desde el departamento de Deporte de la Generalitat, la investigación también hace referencia a un supuesto delito de tráfico de influencias y otro de prevaricación.

Según El Periódico, se colocó "de forma irregular" a una persona en la Administración "con el objetivo de tenerla controlada y, además, aprovechar las funciones que iba a desempeñar para desviar dinero público destinado a un futuro evento deportivo".