Un empresario desvió dinero a una productora para pagar a CDC

El empresario Joan Manuel Parra González desvela una presunta nueva trama de financiación irregular a la extinta Convergència Democràtica de Catalunya durante la campaña de las autonómicas de 2010 –en las que Artur Mas fue escogido presidente por primera vez–, con unas facturas a una productora audiovisual que producía para TV3.

Parra tuvo que pagar 750.000 euros, según publica El Periódico. Como prueba de la presunta financiación irregular, aportó una grabación de una conversación con el exconsejero de Justicia y exdiputado de CiU y JxSí, Germà Gordó. El empresario ya había sido condenado a ocho meses de prisión por la Audiencia de Barcelona por el caso Palau, en la época de la presidencia de Félix Millet. 

Productora 'convergent'

El propietario y administrador de Hispart, Audiovisual Exit y Esterorent, que era proveedor habitual de servicios para ese partido, ha confesado prácticas similares en otros comicios en una actuación que todavía no se ha investigado por la justicia. Esta confesión la ha hecho en un proceso judicial junto a David Madí, que también está acusado en una presunta trama de facturas falsas. 

La supuesta conversación grabada se habría producido el 17 de octubre de 2011 en la entonces sede de CDC, en la calle Còrsega de Barcelona. Cuando ya había comenzado la reunión entre el empresario y el entonces secretario del Govern, se añadieron dos altos cargos más de la formación política.

Servicios prestados

El empresario asegura que este audio certifica que los servicios se prestaron en realidad a CDC, en lugar de a la productora, y que tuvo muchas dificultades para cobrar sus trabajos. Por su parte, Germà Gordó "no tiene constancia" de ninguna reunión de estas características. El exconsejero siempre ha negado su participación en la financiación irregular de su partido, aunque la Guardia Civil lo sitúa como pieza importante en el caso 3%. 

La prueba será sometida a "contradicción" en el juicio oral de septiembre. Este trámite no invalida la posibilidad de que la fiscalía pudiera abrir una investigación independiente sobre la confesión realizada ahora por Parra o que algún juez, como el de la Audiencia Nacional que investiga el 3%, pueda requerir al empresario que aporte tanto la conversación grabada a Gordó como el resto de documentación.