Los métodos de Colau para luchar contra los pisos turísticos, bajo cuestión

¿Por qué de un día para otro la multa por alquilar el piso en Airbnb podía ascender hasta los 600.000 euros? En los últimos dos años y medio, el Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado 13.014 expedientes sancionadores por casos de supuesta infracción “grave” y “muy grave” de la Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña.

Si bien la administración local ha actuado contra prácticas fraudulentas, como en el caso reciente de los alquileres de viviendas de protección oficial, en otros ha iniciado procedimientos sin distinguir --aparentemente-- entre grandes tenedores y particulares.

Cambio en la calificación 

Hasta comienzos de 2017 la infracción se calificaba como “grave”. No obstante, esto cambió cuando en marzo de ese año se aprobó el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT). Esta iniciativa local dejó de conceder permisos para el establecimiento de alojamientos turísticos en determinados distritos. Desde entonces, el ayuntamiento entiende que alquilar una vivienda no es una infracción "grave" (ejercer la actividad sin habilitación) sino "muy grave" (no disponer de las condiciones legalmente establecidas para obtener la correspondiente habilitación).

Mapa de distritos con mayor afectación del turismo / PEUAT

Mapa de los distritos más afectados por el turismo / PEUAT

De acuerdo con el abogado Dylan Tarín, quien ha llevado alrededor de 200 casos de supuestas infracciones, “se ha alterado la calificación de una norma autonómica --la ley de turismo-- para la que el consistorio no tiene competencia”. El letrado indica que se ha cometido la clásica trampa de la "subsuncion ilógica”, ya que Barcelona en Comú aplica una interpretación de la ley imprevisible para los ciudadanos. Marc Pertíñez, abogado y también experto en derecho administrativo y penal, indica que antes la administración tenía que justificar el importe de la multa, pero con este cambio se burla el principio de proporcionalidad porque las infracciones graves van de 60.001 a 600.000 euros.

Derechos fundamentales vulnerados

Las fuentes consultadas por este medio enumeran una larga retahíla de derechos fundamentales presuntamente vulnerados: desde el mencionado principio de tipicidad de la infracción (es decir, que la norma exista, esté escrita y sea clara), pasando por el principio de transparencia y derecho a ser oído (la Administración ignora las alegaciones), hasta la proporcionalidad e igualdad (un vecino de cualquier otro municipio, por la misma práctica, tendría una multa mucho menor).

En este sentido, el abogado Pertíñez opina que el ayuntamiento "aplica el principio de presunción de culpabilidad". Según indica, el consistorio incoa el expediente y obliga al ciudadano a "demostrar su inocencia". La forma en que se está llevando este asunto, en muchos casos, "supone un fraude de ley como una catedral", apostilla. 

No quieren jurisprudencia

La Constitución garantiza que nadie pueda ser sancionado por acciones que en el momento de su comisión no constituyan delito, falta o infracción administrativa (artículo 25.1 de la Constitución y 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos). Por esta razón, según los juristas consultados, cuando el caso llega a los juzgados, el ayuntamiento se echa para atrás y se allana.

El equipo de gobierno local, indican las fuentes, no quiere que haya sentencias que fallen contra ellos, ya que podría poner en evidencia que la práctica de arrendamientos habituales no constituye infracción muy grave.