El Ayuntamiento de Barcelona caza al dueño de viviendas VPO alquiladas

Un propietario de tres viviendas de protección oficial (VPO) de Barcelona deberá cederlas a la bolsa municipal de alquiler asequible. El Ayuntamiento de Barcelona le obliga a ello ya que ninguna de las tres estaba siendo utilizada como residencia habitual por su dueño, sino que las alquilaba sin tener el permiso para ello.

Ha sido cazado tras la denuncia de una de sus inquilinas, a la que pretendía desahuciar.

La Administración local considera que esta acción incurre en el uso fraudulento de las viviendas VPO, ya que va en contra de la Ley de la Vivienda de Cataluña desde que se aprobó en 2007. Por ello el propietario ha sido sancionado económicamente con una multa de 36.000 euros. 

Multa económica reducida

La sanción que el Ayuntamiento de Barcelona había impuesto al dueño de las VPO era, en un primer momento, de 180.000 euros. Sin embargo, se ha visto reducida por la retirada, por parte del defraudor, de un proceso de desahucio contra una inquilina que residía en una de las viviendas, en la calle del Dr. Aiguader.

La residente fue la que destapó el caso a través de una denuncia a su arrendador. Ahora continuará residiendo en el piso con un alquiler de 340,82 euros mensuales, es decir, el que le corresponde al ser denominada vivienda social protegida. 

VPO en alquiler 

La ley aprobada hace 12 años indica que las VPO están destinadas a familias o personas que, por diversas causas, reciben una serie de ayudas económicas por parte de las administraciones públicas --en este caso concreto, del Ayuntamiento--. Ello conlleva, como contrapartida, unas obligaciones para con la casa, que debe ser residencia habitual de las personas que son adjudicatarias de la misma. 

Existen casos en los que estos espacios pueden ser alquilados o vendidos por las personas que las han recibido, pero siempre que estas acrediten la imposibilidad de utilizar la vivienda para vivir por motivos sobrevenidos. Este procedimiento debe ser autorizado por la Agencia de la Vivienda de Cataluña, que también fija entonces el precio del alquiler o la venta.

Más de 200 casos con irregularidades

El Ayuntamiento de Barcelona ha inspeccionado (hasta febrero de este año) 2.091 viviendas VPO, en las cuales ha encontrado indicios de irregularidad en 265. De momento, ha resuelto estos dos expedientes, tiene 103 en diligencias previas y 27 en instrucción.

La Unidad de Disciplina de la Vivienda es la encargada de realizar el programa de adecuación de uso de estas viviendas protegidas, que ascienden a un total de 16.000 en la ciudad.