¿Por qué teme el independentismo la modernización de la Justicia?

Modernizar la administración de Justicia pasa por un Pacto de Estado del que recelan Junts per Catalunya y ERC, mientras que los socialistas dudan de la voluntad de consenso del PP, cuyas reformas en este ámbito fueron, a juicio de PSC y los comunes, “puro maquillaje”. Estas son los posturas que ayer expresaron candidatos de las diferentes formaciones políticas que concurren a las elecciones generales del 28 de abril.

El acto tuvo lugar en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), cuya decana, Maria Eugènia Gay, ejerció de moderadora. Gay entregó a los participantes un documento con las 15 propuestas para una #JusticiaDigna que el ICAB cree que se deben aplicar de forma urgente 

Los representantes de los diferentes partidos políticos que concurren a las elecciones generales del 28 de abril abordaron una cuestión, la Justicia, que no suele aparecer en los debates. Aunque el juicio del 1-O que se celebra en el Tribunal Supremo ha puesto el foco mediático sobre este poder del Estado, excesivamente politizado según los partidos secesionistas.

Temor a la invasión de competencias

Así, tanto Josep Pagès, número 7 de JxCat al Congreso por Barcelona, como Carolina Telechea, número 3 de ERC al Congreso por esta circunscripción, no solo denunciaron los encarcelamientos de los dirigentes separatistas, sino que expresaron sus temores ante un Pacto de Estado que, en aras a modernizar la Administración de Justicia, suponga una invasión de competencias. Pagès puso de manifiesto la necesidad de abordar la digitalización de la Justicia, pero advirtió contra “una modernización que sirva para recortar las competencias catalanas”. En este sentido, defendió la implantación del expediente digital, pues “la interactividad entre comunidades autónomas no debe suponer un problema, pero tampoco servir de excusa para unificar e invadir competencias”.

“Que no se preocupe JxCAT --respondió la número 3 del PSC al Congreso por Barcelona, Mercè Perea--, “no invadiremos competencias porque se interactúe, no tenga miedo, es una cuestión de eficiencia”. Sin embargo, lo que realmente indignó a la representante socialista fueron las referencias de Pagès a las supuestas injerencias del PSOE en el proceso judicial contra los separatistas.

El juicio del 'procés'

“Como ha dicho nuestra candidata Laura Borràs, citando a Mercè Rodoreda, ‘el deseo de libertad en el hombre es, más bien, una necesidad de justicia'. Difícil no hablar de la situación judicial de algunas personas. El PSOE no ha hecho nada para poner moderación. ¿Ha dado instrucciones la abogacía del Estado para retirar las acusaciones? Tengo dudas”. E invitó a hacer una reflexión sobre la composición de los órganos del poder judicial y la politización del Tribunal Constitucional. Recordó, asimismo, el mensaje de Whatsapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que se jactaba de controlar “desde atrás” la sala segunda del Tribunal Supremo “¿Vale la pena plantearse un pacto de Estado?”, se pregunto Pagès, para quien la Justicia española “tiene una baja percepción de calidad democrática por el encarcelamiento de los independentistas”.

La percepción ciudadana

Telechea abundó en esa “percepción ciudadana de la justicia”, aunque con un tono más sosegado, “Somos conocedores de lo que ha pasado en designación de miembros Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde se tuvo conocimiento del nuevo presidente antes que los vocales, algo que nunca ha pasado. De entrada, se debe luchar por garantizar la independencia y la separación de poderes, lo cual no tiene nada que ver con los juzgados que trabajan con profesionalidad”. Telechea considera que el Pacto de Estado que pretendió impulsar el PP “ha quedado desfasado”, y aseguró que ERC lleva en su programa para el 28A una serie de medidas para garantizar “la igualdad de acceso de todos, instituciones más eficaces y transparentes, que rindan cuentas”

Para la representante socialista, el “modelo de Justicia está agotado, no da respuesta a las necesidades reales. Hay que hacer un diagnóstico de las plantillas”. Al respecto, recordó que el Gobierno de Pedro Sánchez prevé un aumento de jueces y la creación de un tribunal de instancia para optimizar recursos.

Los fallos del sistema LexNET

“Espero que el PP esté por el consenso, no parece que al final de la legislatura lo haya estado, espero que en la próxima lo esté”, dijo Perea, quien recordó que en los Presupuestos Generales del Estado para 2019 contemplaban un aumento en la formación de los actores judiciales, pues “es cierto que desde 2012 fue bajando”. También defendió una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y arremetió contra el sistema informático LexNET creado por el PP. “No nos podemos engañar, LexNET era un instrumento de comunicación, no era una digitalización de expedientes, el exministro (de Justicia) Rafael Catalá nos vendió una moto. Estaba avisado. Si queremos garantizar cercanía a la ciudadanía, el reto es el expediente electrónico, lo que exige un Pacto de Estado por la Justicia”.

Jaume Moya, cabeza de lista de En Comú Podem al Congreso por Lleida, también se refirió a los fallos de ese sistema, al igual que la republicana Carolina Telechea, quien, por el contrario, puso en valor “el modelo catalán de digitalización e-justícia.cat”. Para la número 2 de Cs al Senado por Barcelona, Carmen de Rivera, “lo primero que debería garantizarse es que todos los programas digitales fueran compatibles con otras comunidades autónomas, pues hay problemas. No podemos funcionar con unos juzgados del siglo XIX. Los ciudadanos deberían poder acceder a su expediente judicial, les afecta y tienen derecho a saber en qué fase están”.

La brecha digital

De Rivera ha denunciado la existencia de una “brecha digital” en la ciudadanía, que “también existe entre los juzgados y los profesionales. Los ordenadores deben funcionar y ser rápidos”.

Isaac Martín, número 6 de los populares al Congreso por Barcelona, abogó por aumentar las partidas presupuestarias y por la participación de los abogados en el Pacto de Estado por la Justicia. “El ciudadano accede a la Justicia como accede a la sanidad, debe tener soluciones sin esperas. Más medios, no empantanar la Justicia en cuestiones políticas y evitar duplicidades”, dijo el popular, quien destacó el impulso que su partido hizo de este Pacto. Algo que Moya censuró: "Aquello fue una operación de maquillaje del PP, herencia nefasta de la mayoría absoluta de Gallardón, queríamos recuperar la independencia del poder judicial. Nosotros propusimos la reforma del estatuto del ministerio fiscal y garantizar una mayor transparencia”. El representante de los comunes fue especialmente crítico con lo que calificó como “ley Berlusconi del PP”, consistente en acelerar procesos judiciales para que los casos de corrupción prescribieran antes”.