Reclamaciones masivas contra las empresas y los políticos afectados por el fallo de LexNet

Asociaciones de consumidores, plataformas y bufetes de abogados especializados en reclamaciones masivas se preparan para iniciar demandas millonarias por el grave fallo de seguridad de LexNet, del Ministerio de Justicia y epicentro del sistema telemático judicial español, la pasada semana. Al conocerse las últimas novedades del fallo se ha puesto de manifiesto la falta de seguridad de un servidor oficial que contiene miles de documentos de LexNET, la propia intranet del ministerio y sus certificados digitales que habría permitido a miles de personas ver y acceder a "parte del código fuente de LexNet” y a mas de 10.000  documentos oficiales.

Todos los expertos coinciden –y aprecian la oportunidad legal de las reclamaciones millonarias– en acusar al Ministerio de Justicia, a su titular el ministro Rafael Catalá, y a las empresas responsables de una violación grave de la normativa de protección de datos. La gravedad del asunto, prosiguen, es todavía mayor si se consideran el tipo de datos legales y judiciales personales, familiares, empresariales que han podido conocerse por el fallo informático.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el último viernes investigar el fallo de seguridad y ha iniciado las actuaciones a través del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ).

Cinco empresas implicadas

Hay cinco empresas gestoras del LexNet. Entre las responsables directas de la gestión del sistema y por consiguiente del fallo figuran compañías tan reputadas como Informática El Corte Inglés, que actúa como desarrollador; Avalon, encargada de la implementación analítica de notificaciones y documentos; Satec, responsable del diseño del hardware y software, construcción e implantación; y Novasoft y Semicro como soporte técnico. El aluvión de demandas prevé buscar responsabilidades desde el ámbito público –políticos y funcionarios– hasta el ámbito privado de empresas y técnicos.

Jueces, abogados, procuradores, fiscales, Guardia Civil, policía, acusados, victimas, con sus nombres, DNI, domicilios, cuentas corrientes, todo ha estado disponible para los miles de usuarios de la red publica LexNet que resulta de uso obligatorio para cualquier proceso judicial abierto en nuestro país desde hace un año y medio.

Todas las fuentes consultadas consideran muy grave lo acontecido con LexNet. En algunos medios próximos al sistema de documentación jurídica se destaca el descontrol total, ya que ni los funcionarios ni nadie de las cinco empresas responsables fue capaz de detectar lo que sucedió durante varias horas. Tuvo que ser el aviso y la insistencia de un usuario anónimo –el abogado de Cartagena José Muelas– quien avisó a un subdirector de Justicia del problema. Las mismas fuentes aseguran que los jueces y los fiscales están indignados con lo acontecido y esto puede favorecer el avance rápido y positivo de las demandas masivas. Entre los bufetes especializados se han iniciado llamamientos a los afectados –cualquier persona o empresa que tenga un pleito en marcha o lo haya tenido en los últimos tiempos– que son susceptibles de demandar.