Casado copia una ley derogada de 1980 para el CGPJ sin cambiar ni los anacronismos
La enmienda del PP en el Senado incluía organismos que ya no existen, y la ministra Delgado la considera "una burla" para tapar el escándalo de Cosidó
21 noviembre, 2018 14:24La enmienda del PP para cambiar la forma de nombrar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contiene artículos copiados de forma íntegra de una ley de 1980, incluyendo aspectos que ya han quedado obsoletos después del paso de casi cuatro décadas.
La propuesta fue difundida este martes por el presidente del PP, Pablo Casado, en sus redes sociales. Se trata de una enmienda a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que su grupo ha presentado en el Senado para modificar el actual sistema de nombramiento de los jueces.
Ley ya derogada
Bajo el argumento de intentar garantizar la limpieza en la elección, el PP volvía al modelo de 1980. Un sistema que fue modificado en 1985, definiendo el actual papel de asociaciones de jueces y partidos políticos en los nombramientos.
La iniciativa introduce en el texto definitivo varios artículos (del 566 al 578) que regularían el sistema de nombramiento de los vocales y la presidencia de Consejo General del Poder Judicial. El problema es que los populares han extraído sus textos de una ley ya derogada, la de 1980, sin ni siquiera eliminar las alusiones a realidades que ya no existen.
Instituciones obsoletas
Es lo que ocurre, por ejemplo, con el artículo 577 que plantea el PP. El texto copia la redacción que tenía el artículo 17 de la ley de 1980, que habla de Audiencias Territoriales y Juzgados de Distrito. Dos instancias que ya no existen, dado que se desarrollaron a partir del sistema judicial heredado del franquismo, y que en 1985 se reformaron para configurar la organización judicial vigente: los juzgados de instrucción y primera instancia y las Audiencias Provinciales.
El error podría corregirse antes de que el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, apoye la enmienda y la eleve al Congreso para la votación definitiva de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los populares también tienen la opción de retocar su propio texto para evitar que la copia sin pulir de la ley 1980 afecte al redactado final.
Delgado lo ve "una burla"
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, considera que esa enmienda registrada por el PP en el Senado es "una burla", cuyo único objetivo es "tapar la vergüenza" de los mensajes de whatsapp del senador popular Ignacio Cosidó, cuyo fondo ponía en duda la independencia del poder judicial. Y que desembocó en la renuncia del juez Manuel Marchena a su designación para presidir el CGPJ.
Delgado rechaza la propuesta del PP, que considera presentada "sin reflexión alguna". Y deplora que se trate de una copia íntegra de la ley de hace 38 años.
"Cortina de humo"
A su juicio, se trata sólo de "una cortina de humo para tapar" la "barbaridad" de los mensajes de Cosidó, "que afectan a la línea de flotación de la independencia del poder judicial y cuestiona a los profesionales del mundo de la justicia". Algo que considera "indigno", ya que que "nadie en la trastienda debe manipular a la Justicia".
A su juicio, no se puede dejar a "magníficos profesionales a los pies de los caballos, ni generar sobre ellos un manto de duda". "Ni se puede permitir y no lo voy a permitir como ministra de Justicia", ha asegurado a EFE.
"Se acabaron las llamadas"
En este sentido, ha recordado que uno de los objetivos del Gobierno es reforzar los mecanismos que garanticen la independencia judicial frente a injerencias de todo tipo.
Delgado ha destacado los cambios que se están produciendo tras la llegada del Gobierno socialista. Y ha enfatizado: "Se acabaron ya las llamadas para interesarse por casos concretos o para apartar a jueces molestos. Por primera vez en muchos años, las comunicaciones con la Fiscalía General del Estado se hacen con luz y taquígrafos".
Poco antes, en respuesta en el Pleno de la Cámara a una interpelación de la diputada del PDeCAT Lourdes Ciuró, Delgado había defendido la elección parlamentaria de los miembros del CGPJ al considerar que deben estar sometidos al escrutinio de la ciudadanía a través de sus representantes.