Marchena deja el caso del 1-O al asumir las presidencias del Supremo y CGPJ
El juez comandará un órgano de gobierno del poder judicial con mayoría progresista, aunque quedará apartado de la macrocausa por el 'procés'
12 noviembre, 2018 10:14El juez de la sala del Tribunal Supremo que instruye la causa por la organización del referéndum ilegal de independencia de Cataluña del 1 de octubre de 2017 y de la posterior declaración unilateral de independencia (DUI) frustrada presidirá el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Alto Tribunal. Según han anunciado fuentes del Gobierno hoy lunes, Manuel Marchena sustituirá a Carlos Lesmes en el órgano de gobierno de la justicia en un momento delicado para la Judicatura.
El nombramiento de Marchena, obligado por la finalización del mandato de los 20 vocales del CGPJ el próximo 4 de diciembre, significa dos cosas. Por un lado, que el letrado estará al frente de un organismo independiente con mayoría progresista, ya que el pacto alcanzado entre PSOE y PP prevé que once de los veinte vocales sean designados por los socialistas. Por el otro, que el nuevo máximo representante del ente que vela por la independencia de jueces y magistrados en España será apartado del juicio a los líderes independentistas. En este sentido, cabe recordar que Marchena velaba ahora por el buen funcionamiento de la instrucción de la macrocausa por el procés en calidad de sala Segunda del Tribunal Supremo.
Fue recusado en balde
En este sentido, cabe recordar que Marchena fue uno de los cinco magistrados que recusaron las defensas de los líderes independentistas investigados por orquestar el proceso secesionista en Cataluña. Junto al magistrado, los abogados de los imputados trataron de excluir de la causa a Antonio del Moral, Luciano Varela, Juan Ramón Berdugo y Andrés Martínez Arrieta. Fue en balde, pues el Tribunal Supremo inadmitió los escritos de tres de los investigados que se encuentran en rebeldía, el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsellers del Gobierno catalán Clara Ponsatí y Lluís Puig Gordi y desestimó la petición de los ocho imputados que se encuentran en prisión provisional en España.
Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo, dejará su cargo el 4 de diciembre / EFE
La añagaza de los independentistas, que tumbó la sala 61 del Supremo, ha dado ahora un giro. El juez Marchena --considerado conservador-- queda apartado automáticamente de la causa por su nueva condición de presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo. Como presidente de la sala Penal del Alto Tribunal, el funcionario era miembro del tribunal que juzgará por rebelión y sedición a los dirigentes independentistas en los próximos meses.
Giro en el Poder Judicial
Más allá de las implicaciones en la macrocausa que juzgará el órdago independentista en Cataluña de 2017, el nombramiento de Marchena como nuevo presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo busca imprimir un giro al Poder Judicial en pleno descrédito por la revisión de la sentencia de los impuestos de las hipotecas, que el Gobierno tuvo que corregir mediante real decreto-ley el viernes. El Ejecutivo aprobó una nueva normativa que trasladaba la responsabilidad del pago de los impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) a los bancos después de que el pleno del Supremo decidiera revertir los efectos de una sentencia que decía exactamente lo mismo.
A colación de ello, el Gobierno apuesta ahora por un CGPJ menos presidencialista y más colegiado, en el que el acuerdo sea necesario. La ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, a la sazón vicepresidenta del Ejecutivo, ha señalado hoy en TV3 que se trabajará para el nombramiento de vocales que sean hombres y mujeres. Asimismo, el Gobierno propondrá modificar la normativa del CGPJ para que no haya comisión permanente y los 20 vocales y el presidente tengan dedicación exclusiva.
Cabe recordar que de los veinte miembros del órgano que gobierna el Poder Judicial, diez son propuestos por el Congreso y otros diez, por el Senado, con plazo hasta el 4 de diciembre, cuando acaba el actual mandato. Doce deben ser jueces y magistrados y otros ocho, juristas de "reconocida competencia". En la última selección, el PP propuso diez nombres, el PSOE, siete y CiU, PNV e IU uno cada uno.