El Gobierno aprueba el decreto ley para que los bancos paguen el impuesto de las hipotecas

El Gobierno ha aprobado en su consejo de ministros de este jueves un decreto ley que obliga a los bancos a pagar el impuesto que grava el registro de las hipotecas, de Actos Jurídicos y Documentados, y que entrará en vigor “el mismo día” que se publique en el BOE, que será este sábado. Ese decreto ley deberá ser "convalidado" posteriormente en el Congreso. 

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha anunciado esta medida con el objeto de encauzar la situación y minimizar la inseguridad jurídica que se ha creado tras la doble decisión del Tribunal Supremo, que, después de una sentencia inicial en la misma línea que ahora el decreto ley, decidió este martes lo contrario, dejando al ciudadano la responsabilidad de pagar el impuesto.

Llamamiento a los independentistas

Con todo ello, y después de destacar “el giro social” que ha supuesto el nuevo presupuesto, a juicio de la ministra Celaá, el Gobierno ha pedido de nuevo a los partidos independentistas catalanes que “secunden” las cuentas de cara a 2019. Celaá ha insistido en que los presupuestos incorporan la subida del salario mínimo, pese a que el presidente Pedro Sánchez especificó este miércoles que esa medida entrará en vigor el próximo 1 de enero, haya o no haya acuerdo sobre las cuentas públicas. 

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Lo que ha hecho el Gobierno, respecto a la ley de Actos Jurídicos Documentados, es introducir un párrafo, como ha explicado la ministra de Hacienda, María José Montero, en el texto especificando quién es el sujeto pasivo. Ese añadido se introduce en el artículo 29 de le ley, y se considera que el sujeto pasivo será “el prestamista”, es decir, la entidad financiera que presta el dinero y contrata la hipoteca con el prestador, con el ciudadano que adquiere la vivienda.

Costes a los clientes

Al mismo tiempo, el Gobierno constata que la cuantía de ese impuesto “no será deducible” para el prestamista, como ha concretado la ministra Montero que ha incidido en que el Gobierno "velará" para que los costes de las entidades "no se trasladen" al cliente.

En paralelo, el Gobierno mantiene su idea de constituir una autoridad independiente en defensa del consumidor, para que no haya dudas sobre qué debe pagar cada parte y qué responsabilidades adquiere.