Pedro Sánchez rechaza elecciones generales anticipadas en España pese al órdago lanzado por el presidente catalán Quim Torra el viernes, cuando anunció que "le retiraba el apoyo" y que "nunca votaría los presupuestos" tras conocerse los escritos de acusación de la Fiscalía en el proceso judicial por el referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia (DUI) frustrada.
Según avanzan hoy El Periódico y El País, el jefe del Ejecutivo se inclina por aguantar los días de gesticulación del independentismo y continuar con las reuniones bilaterales con la Generalitat de Cataluña, que se seguirán celebrando pese a las muestras de ira del Govern y el resto de partidos independentistas en Cataluña tras conocerse que el ministerio público pide hasta 25 años de cárcel para el considerado líder de la rebelión --calificación penal de la Fiscalía--, el ex vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras.
No convienen a nadie
Los mimbres para la estrategia del PSOE de mantenerse en el Palacio de la Moncloa reposan sobre dos pilares: el hecho de que la Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, rebajó considerablemente la petición de penas de prisión a los investigados --si el juez sigue el criterio de este ente, Junqueras sería condenado solo por sedición y no rebelión y a un máximo de 12 años-- y la tesis de que unas elecciones anticipadas no convienen a nadie en estos momentos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, esta semana / EFE
Desarrollando esa idea, el Ejecutivo cree pues que pese a la reacción furibunda de los independentistas catalanes, los partidos se irán adaptando a la situación y acabarán por llegar a la conclusión de que un Gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza es la mejor de las opciones en el escenario actual. El principal escollo serían los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de los que Quim Torra, presidente catalán, dijo que "nunca" apoyarán PDeCAT y ERC. Su voto es necesario para que las cuentas de 2019 vean la luz.
A este respecto, desde Moncloa se valora que podría ser posible una prórroga presupuestaria, como ya hizo el anterior Gobierno de Mariano Rajoy. En el ínterin, el Ejecutivo podría ir aprobando sus reformas en el Congreso de Diputados con el apoyo de los nacionalistas.
Iceta e Iglesias apuntan en esa dirección
La idea del PSOE de aguantar el Gobierno pese al chantaje de los nacionalistas desde la calle --en las instituciones continuarán las reuniones de trabajo entre las dos partes-- recoge las tesis que lanzaron ayer el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. El dirigente socialista avisó de que "no tiene sentido" vincular el apoyo a los presupuestos a un juicio "que aún no se ha celebrado". Por su parte, el líder del partido morado instó a PDeCAT y ERC a dar su sí a las cuentas de 2019 "pese a su rabia". El objetivo, según Iglesias, sería "no perjudicar a la gente trabajadora".
Los dos políticos reaccionaron así a la airada reacción del independentismo, que congregó el viernes a sus fieles ante las prisiones de Lledoners (Barcelona), Mas Enric (Tarragona) y Puig de les Basses (Girona) para protestar contra las peticiones de cárcel de la Fiscalía para exconsellers, activistas independentistas y la cúpula de los Mossos d'Esquadra. A la mayoría de ellos el ministerio fiscal atribuye delitos de rebelión, que la Abogacía del Estado rebaja a sedición. La disparidad en las calificaciones es notable. Si el Tribunal Supremo, instancia donde se juzgará a los exconsejeros del Govern, avala las tesis de la Fiscalía, Junqueras podría ser condenado a 25 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación. Por contra, si el Alto Tribunal hilvana una sentencia en la línea de la Abogacía, las condenas a los dirigentes secesionistas serían mucho menores.