Junqueras 'paga los platos rotos' de la huida de Puigdemont

La Fiscalía General del Estado no se doblega ante las voces que piden permisividad para con los presos del procés. La institución que lidera María José Segarra dice que los acontecimientos del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia (DUI) fueron actos de rebelión y, como tal, deben ser juzgados. Y como el máximo cabecilla de la operación, Carles Puigdemont, se encuentra huido de la justicia, su segundo de a bordo se lleva la peor parte de esta acusación.

Las conclusiones preliminares de la Fiscalía apuntan a Oriol Junqueras como el máximo culpable de la rebelión --que puede ser juzgado--. Además consideran que esta rebelión es "agravada" ya que está acusado de distracción ilegal de caudales públicos (malversación), por lo que las penas son mayores. Por ello, pide para él 25 años de prisión y 25 de inhabilitación absoluta. Sin embargo, esta pena no sería la máxima a la que pudiera haberse enfrentado el exvicepresidente de Economía de la Generalitat. La pena máxima del delito de rebelión agravada es de 30 años de cárcel.

Penas de cárcel

Los dirigentes encarcelados que lideraron el proceso secesionista se enfrentan a diferentes penas, aunque todas ellas son más leves que la dirigida a Junqueras. La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, es la segunda política con mayor cantidad de años de prisión pedida por la Fiscalía, 17 años, y otros tantos de inhabilitación absoluta. Esta misma pena es la que la institución estatal pide para los Jordis (Sànchez y Cuixart, expresidente de ANC y presidente de Òmnium Cultural, respectivamente). La Fiscalía alega que, en estos casos, únicamente se les puede acusar de rebelión --es decir, no tiene agravantes--, por lo que el tiempo de cárcel no puede superar los 20 años. 

La Fiscalía también ha hecho públicos los cargos y penas que merecen, en su opinión, la cúpula de los Mossos d'Esquadra por su inacción contra el procés nacionalista. Tanto el exmayor del cuerpo (Josep Lluís Trapero) como su exdirector (Pere Soler) y el ex secretario general de Interior de la Generalitat (César Puig) están acusados de rebelión, por lo que sus penas ascienden a 11 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación absoluta. 

Violencia en el 'procés'

El Ministerio Público considera que el independentismo catalán que llevó a la DUI estuvo "salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia" y pone especial énfasis en este término durante todo el texto. La palabra "violencia" aparece en 14 ocasiones. 

Los cuatro fiscales señalan que los principales promotores fueron Junqueras, Forcadell y los Jordis "en unión de otros procesados huidos": el expresident Puigdemont y los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Lluis Puig. Todos ellos no aparecen como acusados en el documento por haberse fugado a diferentes países y no haber sido extraditados, como pidió España a través de una euroorden.