Muere el juez de Barcelona que investigaba el 'procés'

Muere el juez de Barcelona que investigaba el procés independentista en Cataluña. Juan Antonio Ramírez Sunyer, el titular de la sala de Instrucción número 13 de Barcelona, ha fallecido tras meses combatiendo diversas afecciones de salud. Cabe recordar que el magistrado ya fue ingresado en el Hospital Clínic Barcelona en diciembre de 2017 tras sufrir un episodio de enfermedad intestinal grave. Durante ese periodo, lo sustituyó como juez instructor Jaime Conejo. No obstante, Ramírez Sunyer se recuperó y retomó su tarea de investigar el referéndum ilegal de independencia celebrado el 1 de octubre de 2017 en Cataluña en el juzgado barcelonés en enero de 2018.

El magistrado tenía 71 años y era ingeniero de profesión, además de abogado. Ramírez Sunyer dejará como obra el hecho de haber sido el primer juez que investigó las irregularidades que rodeaban la organización del referéndum ilegal de secesión promovido por el anterior Gobierno catalán. Inició las pesquisas el magistrado en 2016 tras trascender que el senador de ERC y juez Santiago Vidal, suspendido de la carrera judicial por redactar un borrador de constitución catalana, estaba recorriendo la autonomía catalana explicando que el Govern tenía ya los datos censales de los ciudadanos.

Intercepta 'Enfocats', la hoja de ruta 'indepe'

Continuó Ramírez Sunyer vigilando de cerca los desmanes que cometía el independentismo en su órdago por convocar una consulta ilegal de secesión que, a la postre, fue prohibida por el Tribunal Constitucional. El juez ordenó a la Guardia Civil el registro de dependencias del Ejecutivo autonómico y las detenciones de varios altos cargos del anterior Govern el 20 de septiembre de 2017. Fue durante uno de esas entradas, la que protagonizaron agentes del Instituto Armado junto a una comitiva judicial en el Departamento de Economía, cuando los agentes se vieron asediados por una turba de independentistas enfurecidos.

Estado en el que quedaron los coches de la Guardia Civil tras los registros del 20-S / EFE

Estado en el que quedó un coche de la Guardia Civil tras los registros del 20-S / EFE

Permanecieron los efectivos y la secretaria judicial atrincherados en la Consejería que dirigía en aquel momento Oriol Junqueras durante horas, hasta que la muchedumbre les permitió salir entre insultos, amenazas e intentos de agresión. El acoso generó otra pieza judicial: una acusación de sedición contra los líderes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez y Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, a los que la Fiscalía y la Abogacía del Estado consideran responsables de azuzar a las masas contra los efectivos de la Guardia Civil y a la responsable judicial que les acompañaba.

No cayó no obstante en saco roto esa operación. Los agentes lograron obtener el documento Enfocats, elaborado por Josep María Jové, el entonces número dos de Junqueras en la Consejería catalana de Economía. La hoja de ruta secesionista repartía los roles de cada líder independentista en el procés y fijaba los pasos a seguir. Esa documentación, junto a la ya famosa libreta Moleskine de Jové, forman parte de las pruebas documentales que obran en poder del Tribunal Supremo y que serán examinadas durante el macrojuicio por rebelión que se celebre en el Alto Tribunal.

Tercera muerte en el macroproceso

En efecto, la sala que dirigía Sunyer, que antes de dirigir la sala de Instrucción número 13 pasó por juzgados en Sant Boi de Llobregat, Terrassa y Badalona (Barcelona), se inhibió en favor del Tribunal Supremo en el caso de los supuestos tipos penales más graves del procés, pero continúa investigando a una cincuentena de altos cargos de la Generalitat de Cataluña por su implicación en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. Concretamente, la sala mantiene abierta la causa por la logística de la consulta ilegal. Es en este marco que se circunscriben las pesquisas de la Guardia Civil por presunta malversación de caudales públicos para la causa independentista, que el Instituto Armado cree que llegaron a cuatro millones de euros.

José Manuel Maza, fiscal general del Estado, murió en Buenos Aires (Argentina) en 2017 / EFE

José Manuel Maza, fiscal general del Estado, murió en Buenos Aires (Argentina) en 2017 / EFE

La causa, que sigue abierta, ha sido declarada compleja, por lo que se ha extendido el tiempo de instrucción. En paralelo, los procesos judiciales por el desafío independentista se han visto alterados por otras dos muertes inesperadas. Son las del ex fiscal general del Estado (FGE), José Manuel Maza, que falleció de forma súbita en Buenos Aires (Argentina) en noviembre de 2017 a causa de una infección en la sangre que no pudo drenar el único riñón que tenía el letrado.

Fue incluso más sorpresivo el fallecimiento de José María Romero de Tejada, fiscal general del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que perdió la vida nueve días después de Maza, y tras acudir al funeral de éste. Romero de Tejada sufría una grave enfermedad, mielodisplasia, una dolencia que impide al cuerpo fabricar células sanguíneas normales. Por este tipo de leucemia recibía transfusiones de sangre mensuales. Este tratamiento le provocó una bajada de las defensas y ello, una neumonía. La enfermedad derivó en un infarto que el fiscal no pudo superar.