Un discurso de 23 folios de los que solo tres hacían referencia a políticas sociales. La intervención de Quim Torra en el convulso pleno de Debate de Política General celebrado esta semana estuvo centrado, de nuevo, en una radicalidad independentista que no convenció a la CUP y que sirvió de preámbulo al enésimo enfrentamiento entre Junts per Catalunya y ERC.
Inversión de todas las CCAA en políticas sociales
Inversión en políticas sociales por autonomías
El ultimátum lanzado por Torra contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la suspensión de los diputados procesados por el juez Pablo Llarena recrudecieron las hostilidades entre los socios de gobierno, que incluso se vieron obligados a pedir disculpas ante la ciudadanía. Los intereses de partido complican la aprobación de unos presupuestos de la Generalitat necesarios para expandir unas partidas sociales que todavía están lejos de revertir el tijeretazo aplicado por el expresidente Artur Mas. Tal y como explicó Crónica Global, la mitad de los recortes en política social efectuados en España se concentraron en Cataluña, según los datos que maneja la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.
Evolución de la segregación escolar en Cataluña
Estadística de segregación escolar en Cataluña
ERC, que dirige las consejerías con más calado social de la Generalitat –Educación, Trabajo y Asuntos Sociales y Sanidad—se ha vuelto cómplice de ese bloqueo presupuestario, siendo su dirigente, Pere Aragonès, el responsable de Economía de un Govern paralizado.
Las cifras de esa regresión social se pueden comprobar en la evolución de las cuentas de la Generalitat y en las denuncias de los entidades del tercer sector, que son elocuentes.
El paradigma del caos gubernamental es la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), el proyecto estrella de la anterior legislatura. Solo el 7% de las personas que han solicitado esta ayuda, impulsada por una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), la han recibido. Más de 19.500 expedientes están pendientes aún de valoración. La excusa, como en otros casos, es la aplicación del artículo 155, pero las partidas ya estaban aprobadas antes de esa intervención. Asimismo, técnicos de la Consejería de Trabajo admitieron a las entidades sociales que nada tiene que ver el 155 en ese colapso.
Pobreza infantil
Asimismo la inversión en políticas de infancia y familia sigue por debajo de los estándares europeos, cifrados en un 2,4% del PIB, mientras que en Cataluña se sitúa en un 0,8%. De ahí que la pobreza infantil se sitúe en un alarmante 28,5%, cifra equiparable a la de Rumanía y Bulgaria. Hace tiempo que la oenegé Save the Children denuncia esta situación, pero no ha sido hasta esta semana que Torra ha anunciado la creación de una Secretaria de Infancia, Adolescencia y Juventud.
Varios niños desayunando en la Fundació Comtal
Menores en riesgo de exclusión disfrutan de becas comedor en la Fundació Comtal
Igualmente anunciados, pero todavía no desarrollados, son el Plan Estratégico de Políticas de Equidad de Género y el Pacto nacional contra la violencia machista. Desde 2010, las partidas destinadas a las políticas de la mujer se han reducido el 31,5%, pero las cifras siguen siendo alarmantes. Según el informe publicado por el Institut Català de les Dones (ICD) con motivo del décimo aniversario de la Ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, el 17,6% de las catalanas sufrió maltrato en 2016. Más del 64% de las mujeres ha sufrido violencia de género a lo largo de su vida. El informe contabiliza una media de 10 asesinatos al año.
Educación, universidad, ley de barrios
La educación pública también está infrafinanciada, pues la Ley de Educación de Cataluña fija en un 6% del PIB el gasto necesario, pero el guarismo en esta comunidad no alcanza ni el 3%. La falta de inversión potencia la relación entre rentas bajas y abandono escolar, así como la segregación escolar. Cataluña tiene un índice de fracaso muy elevado.
Las partidas destinadas a la universidad se han reducido un 30% desde 2010. Asimismo, las listas de espera se han incrementado entre abril y julio con 3.000 personas más en espera quirúrgica, 5.000 más esperando una prueba médica y 7.000 adicionales a la espera de visitar al especialista.
Sin olvidar la regresión en las partidas destinadas a desarrollar la ley de barrios, aprobada por el Gobierno tripartito. En 2011, la Generalitat dedicaba 90 millones de euros a la mejora de viviendas, mientras que en 2017 se destinaron 35 millones. Finalmente, el Govern solo gastó el 60% del presupuesto para paliar la pobreza energética.