Afectados por el descontrol en la Renta Garantizada pedirán responsabilidades

Miembros de la plataforma Renda Garantida de Ciutadania (RGC) se han reunido hoy en el Parlament con Ciudadanos, Junts per Catalunya, Catalunya en Comú, PSC y la CUP para expresarles su malestar por la mala gestión de la aplicación de esta ayuda, que entró en vigor en septiembre de 2017. Miles de afectados ni han recibido todavía respuesta a su petición, a pesar de que ya ha transcurrido el plazo para que la Generalitat, por silencio administrativo, se vea obligada a conceder la prestación. ERC, que era la responsable de la gestión --dependía de la exconsejera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa-- les ha plantado.

“Si no rectifican, pediremos la responsabilidad que corresponda. No dejaremos que la mejor ley aprobada en los últimos años sea conculcada por personas que no cumplen con su eficiencia”, ha explicado un portavoz de la plataforma.

"Grave incumplimiento"

“Estamos en una situación grave de incumplimiento flagrante de la ley. Acabado el plazo para que la Administración dé una respuesta, se entiende que la petición está aprobada por silencio administrativo. Pero estas personas no reciben respuesta, lo que las coloca en una situación de indefensión. ¿No ha tenido tiempo suficiente con cinco meses la Administración que ha tenido que esperar a que acabe el plazo?”, se ha preguntado. Rechazan que el problema sea la aplicación del artículo 155, porque así se lo han reconocido miembros del Govern en una reunión mantenida recientemente.

Tal como explicó Crónica Global, cinco meses después de la aplicación de la Ley de la RGC, solo se han resuelto el 5,3% de los expedientes de las personas que solicitaron esta ayuda. Hay más de 20.000 solicitantes que todavía esperan cita previa. Las personas que ahora cobran la RGC son aquellas que recibían con anterioridad la Renta Mínima de Inserción. No se conocen nuevos beneficiarios después del 15 de septiembre de 2017.

Un total de 75.372 personas tenían cita previa concedida. De éstas, 55.083 se formalizaron y se abrió expediente en 36.000 casos a la espera de resolución.