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La gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía ha sido un caos bajo el mandato de Quim Torra / CG

Los 14 déficits sociales que oculta el Govern

Se niega a informar sobre la aplicación de la Renta Garantizada, la malnutrición infantil o conciertos educativos, por lo que el PSC ha pedido amparo a la Mesa del Parlament

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La callada por respuesta. Con la excusa de la aplicación del artículo 155, la Generalitat no aclara la situación de determinadas cuestiones de carácter social que quedaron pendientes en la anterior legislatura. La mayoría de ellas nada tienen que ver con la intervención del Gobierno, sino que competen al Govern. Incluso hacen referencia a partidas presupuestarias aprobadas por la correspondiente consejería. El PSC ha requerido documentación respecto a 14 cuestiones que, así les consta, sí han sido objeto de debate en reuniones sectoriales mantenidas por los departamentos. Pero cuando la oposición socialista se interesa por ello, hay mutismo absoluto.

Ante esta situación, el PSC ha pedido amparo a la Mesa del Parlament, con base en el artículo 6 del reglamento de la Cámara catalana, que reconoce el derecho de los diputados a acceder a la información de la Administración en un plazo de quince días, prorrogable en algunos casos a siete días más. Esos plazos se han superado con creces.

El bloqueo de la RGC

Así, el pasado 2 de febrero, el diputado Raúl Moreno pidió documentación sobre la aplicación de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), cuya caótica gestión ha sido denunciada por los afectados y por el propio grupo parlamentario. Ese mismo día, la diputada Beatriz Silva se interesó por los contratos adjudicados por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia a las empresas de la Plataforma Educativa en 2015 y 2017.

Cuatro días después, la diputada Assumpta Escarp reclamó los protocolos y los planes de atención a los afectados por síndromes de sensibilización central, las unidades especializadas y las campañas de sensibilización, mientras que la diputada Marta Moreta pidió copia de la documentación relativa a las granjas y mataderos de Osona, Pla d’Urgell, Segarra, Bages, La Selva, La Garrotxa, Gironès y Alt Empordà.

El 7 de febrero, Escarp reclamó informes de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña sobre los efectos de la crisis económica en la salud de las personas, mientras que Moreno indagó de nuevo en la RGC, en este caso para obtener copia de la memoria económica sobre su aplicación, así como información de las reuniones del grupo de seguimiento interdepartamental de los menores y adolescentes con problemas de malnutrición, y del estudio sobre los derechos a la salud de los menores.

Sequía y políticas de empleo

El diputado Jordi Terrades reclamó copia de los planes de contingencia para garantizar el suministro de agua en caso de sequía y los criterios del Govern en el Consorcio del Palau de la Música. Terrades también reclamó dos días después la lista de los vehículos del parque móvil de los departamentos, empresas públicas, consorcios y organismos dependientes de la Generalitat

El 8 de febrero, el diputado Pol Gibert pidió copia de los convenios y los acuerdos del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) y, el 12 de febrero, la diputada Esther Niubó reclamó copia de los convenios de los conciertos educativos con diversos centros escolares.

Personas desaparecidas

El 13 de febrero, Escarp solicitó documentación de seguimiento de la puesta en marcha de la Estrategia nacional de atención primaria y salud comunitaria, y el diputado Rafel Bruguera pidió el informe de actividad de 2017 de la Oficina de Atención a los Familiares de Personas Desaparecidas. Ese mismo día, Moreno requirió del Govern copia del convenio entre los departamentos de Salud y Trabajo para que los profesionales sanitarios de las residencias asistidas puedan acceder a la Estación clínica de atención primaria.

Finalmente, la diputada Alícia Romero reclamó el 15 de febrero las actas del proceso de selección de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) para proveer las plazas creadas tras el cese de los convenios con las oficinas liquidadoras del Registro de la Propiedad, así como los documentos de la campaña de la ATC sobre el cambio de gestión de los impuestos cedidos y la nueva estructura territorial.

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