La hacienda catalana desmantela las oficinas liquidadoras

El Gobierno catalán avanza en el desmantelamiento de la red de 52 oficinas liquidadoras que durante más de 40 años colaboraron con la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). La Generalitat acaba de contratar un servicio de recogida, traslado, custodia, consulta, elaboración de inventarios y destrucción –si procede—de la documentación que hasta ahora gestionaban los Registradores.

Se trata de un abundante material –114.000 cajas—que ahora deberá gestionar directamente la ATC, ya que el exvicepresidente económico Oriol Junqueras decidió anular el convenio que la Generalitat mantenía con los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de Cataluña. El objetivo: soltar lastre del Ministerio de Justicia, al que pertenece este colectivo. Sin embargo, la capacidad de la ATC para asumir esas competencias genera muchas dudas.

Soltar lastre del Estado

En base al acuerdo que tenía el Govern con los Registradores, las oficinas liquidadoras gestionaban los impuestos de donaciones, de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados que se pagan en la comunidad autónoma. Junqueras alegó que la resolución del convenio suponía un ahorro de 25 millones de euros, pero tanto los trabajadores afectados –unos 277—como el Colegio de Registradores de Cataluña vieron otros motivos ocultos.

Los registradores dependen del Ministerio de Justicia, mientras que la ATC está concebida como una “estructura de estado". La ATC pretende absorber la labor de estas 52 oficinas liquidadoras a través de sus propias oficinas territoriales, algo que, según los registradores, puede provocar un bloqueo en la gestión tributaria y la pérdida de 400 millones de euros al año.

En 2013, las oficinas liquidadoras evitaron el colapso, dado que la ATC no se veía capacitada para realizar todas las revisiones y comprobaciones de los expedientes presentados en la zona de Barcelona.

Por ello, se creó el Centro de Comprobación Integral, con sede en el Decanato autonómico de los Registradores, que permitió comprobar miles de expedientes correspondientes a 2011, 2012, 2013 y 2014. Gracias a esta intervención, se evitó la prescripción de muchos expedientes.

En manos de la Justicia

El pasado 24 de octubre, la secretaría de Hacienda de la Generalitat comunicó a los representantes de los Registradores su intención de denunciar el convenio el 1 de septiembre de 2017, es decir, dos meses antes de lo previsto. Por ello, este colectivo ha presentado un recurso Contencioso-Administrativo en fase de resolución.

La hacienda catalana era uno de los proyectos estrella del Govern de Carles Puigdemont, cuyo objetivo era asumir las competencias de los tributos estatales. Pero según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), la Agencia catalana necesitaría ampliar su plantilla, 800 personas, en más de 4.000 nuevos efectivos.

De todas formas, la aplicación del artículo 155 de la Constitución ha dado al traste con esa vocación expansiva y dudosamente legal de la ATC.