Cuando Coca-Cola fusionó en 2014 todos sus embotelladores en la Península Ibérica decidió que la sede central de la empresa resultante debía estar en Madrid. A los periodistas que lo explicamos se nos tildó de apocalípticos, indocumentados, demagogos y otro epítetos que es mejor olvidar. Se decía que eran varias empresas españolas las que se unían y que, por tanto, la lógica de que la capital de España fuera el lugar en el que residieran era incontestable.

De nada servía el argumento de quienes vimos un movimiento de corte político en la decisión. Sosteníamos que el primer accionista, la familia Daurella, tenía todos sus intereses en Barcelona, unas magníficas instalaciones y una larga tradición empresarial vinculada al territorio. Se respondía diciendo que el 47% era insuficiente para convencer al resto de accionistas, que Sol Daurella no podía manipular al resto de socios, etcétera.

Unos meses más tarde, Sol Daurella amplió su participación en Coca-Cola Iberian Partners. Ya era la accionista mayoritaria, pero la sede de los embotelladores de refrescos no ha regresado a Barcelona, donde estaba su primigenia Cobega, sino que sigue en Madrid. Es más, desde la capital española, Daurella (y su inseparable ejecutivo Víctor Rufat) han tomado el control de la Coca-Cola de Europa.

Los periodistas y los medios nacionalistas comparan estos movimientos con las salidas de las multinacionales españolas hacia Inglaterra (Telefónica, por ejemplo) o Irlanda (el caso más obvio es el de Víctor Grífols, un teórico apoyo de la independencia catalana desde el mundo empresarial pero un enorme 'optimizador tributario'). Vienen a decir que esas deslocalizaciones de España hacia territorio europeo son igual de estratégicas que las de los empresarios catalanes que salen de la comunidad autónoma para poner a buen resguardo sus intereses. 

Hasta Caixabank y el Sabadell tienen previstos planes de contingencia especiales. Suez ha decidido directamente que Barcelona no será su espacio principal. Se olvidan de decir (y es que los doctrinarios no están en todo) que hasta su argumento es endeble: ¿acaso valoran más Madrid como territorio de negocio al justificar las deslocalizaciones? ¿Dónde está ese liderazgo empresarial catalán esculpido durante décadas?

Y tienen algo de razón: en el mundo de la empresa todo es estratégico, también la seguridad jurídica de un negocio. Nadie sabe cuánto suman los intangibles perdidos, por ejemplo las inversiones que Cataluña ha perdido en estos tiempos de agitación política. Pero nadie puede contestar a una evidencia: Vall Companys o Jordi Clos han decidido que sus empresas estarán a partir de ahora fuera de la fiscalidad y la legislación catalana. Pregunten, por ejemplo, dónde tiene la residencia fiscal Jorge Miarnau (Comsa-Emte) y verán que no estamos ante fenómenos aislados. ¿Qué pensará su nacionalista y popular socio Sumarroca?

Pueden preguntarles a ellos cuáles son las razones. No lo dirán en público ni confesarán que los impuestos son matizadamente distintos y los rasgos de estabilidad política también. Esas son confesiones que pertenecen a la intimidad. Clos, por ejemplo, es uno de los prohombres de Barcelona en el turismo o las ferias, incluso como mecenas cultural. Pero ni quiere pagar un duro de más que un madrileño cuando su hijo herede sus empresas ni está dispuesto a incertidumbres que puedan poner en riesgos sus principales activos.

Son sólo el síntoma de una situación que algunos quieren minimizar: desde el Gobierno de la Generalitat haciendo oídos sordos; desde la prensa domesticada del régimen diluyendo la importancia y matando a los protagonistas de esas deslocalizaciones. Pronto pedirán que Clos deje sus cargos por botifler. 

El problema, sin embargo, existe. Lejos de reducirse puede incrementarse. Hoy, Crónica Global, explica ese mismo fenómeno desde la perspectiva de los particulares. De esos ciudadanos que se han acercado hasta sus entidades bancarias para expresar su temor ante un eventual corralito fruto de una separación de Cataluña del resto de España. Y, claro, no podía ser de otra manera, los bancos están dando servicio. Algún día podremos medir esos saldos y conocer con exactitud cómo han ido convirtiéndose en flujos de capital en movimiento. 

Mientras, la comedia sigue su curso. Incluso sólo con el 48% de apoyo en las urnas los independentistas siguen haciéndole un flaco favor al país. ¿O los impuestos de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, su parte del IVA, el IRPF de los propietarios, etcétera, etcétera, no han cambiado de localización cuando se traslada una sede empresarial a Madrid?

Es obvio que la botigueta no se domiciliará fuera de Cataluña, pero los movimientos que se están produciendo entre las grandes y medianas empresas son más que una tendencia embrionaria. Sobre todo porque algunos industriales y hombres de negocio son timoratos hasta un límite: el que afecta a sus intereses. Y a la que pierdan el miedo, algunos políticos se arrepentirán de los efectos que ya está teniendo su peligroso juego.