El panorama político catalán se torna incierto ante las próximas elecciones autonómicas del 12 de mayo, según revela una nueva encuesta realizada por Electomanía para Crónica Global. Aunque el independentismo conserva su fuerza, la gobernabilidad se presenta como un desafío debido a la posible fragmentación del Parlament y la proximidad de una repetición electoral.

De entrada, el independentismo que otros expertos dan por finiquitado se mantiene saludable en nuestro sondeo. Suma aritméticamente (cuestión distinta es si los partidos serán capaces de ponerse de acuerdo de nuevo hoy para pelearse unos meses más tarde). La victoria del PSC y de su candidato Salvador Illa en votos es también indiscutible. No consiguen el tirón necesario para prescindir de alianzas contra natura a la hora de gobernar. Sería la tercera ocasión en la que una fuerza constitucionalista se impone en votos. Y podrá ser también la tercera vez que el esfuerzo de sus partidarios resulta inútil por los pactos postelectorales.

Estamos, pues, ante un escenario parlamentario dificultoso para la conformación de un nuevo gobierno catalán con capacidad de reconducir la situación de parálisis de los últimos lustros. Con los resultados que se vislumbran será casi imposible abordar con músculo los retos educativos, sanitarios, de carencia de infraestructuras o de seguridad en todos los ámbitos que la autonomía requiere.

Junts per Catalunya ha rentabilizado mejor que nadie sus siete diputados en el Congreso de los Diputados y su papel capital en la tramitación de la ley de amnistía. ERC, por el contrario, se revela incapaz de poner en valor los meses que ha ejercido la batuta de la Generalitat en solitario y el actual presidente queda en tercer lugar de las preferencias de los catalanes para ese puesto. Mal negocio habrán hecho Oriol Junqueras y Pere Aragonés si su partido queda por detrás del artefacto político de Carles Puigdemont. La credibilidad republicana entre el independentismo no parece aumentar a cada estudio demoscópico y el avance electoral (tras fracasar con los presupuestos) tampoco parece concederles el rédito que esperaban.

Si en el mes y medio que resta hasta el día de las votaciones no se altera de manera esencial el mapa político, Cataluña corre el riesgo de resultar ingobernable el día 13 de mayo. Solo una nueva alianza entre JxCat, ERC y la CUP podría investir a un presidente nacionalista, pero incluso ese extremo dependerá del nivel de abstención de la convocatoria y los decimales tendrán una importancia capital en esta ocasión. Tanto será así que hasta la eventual llegada al parlamento de la ultra Sílvia Orriols quedará vinculada al nivel de participación y al voto recogido a última hora entre los que hoy aún se declaran indecisos. Y ese escenario, trasladado a la Moncloa, pondría al gobierno que preside Pedro Sánchez en una situación de máxima debilidad y dificultades de continuidad. Ingobernabilidad en Barcelona, pero también en Madrid.

No son buenas noticias para el constitucionalismo en Cataluña, no son aires esperanzadores para una ciudadanía que, con independencia de adhesiones partidarias, tiene en común un cierto cansancio por el tiempo y las oportunidades perdidas. Las campañas de los partidos hace tiempo que no resultan determinantes para los resultados finales, pero en las autonómicas catalanas sí pueden devenir decisivas en la resolución de algunas incógnitas del mapa político. 

Illa, por ejemplo, será ganador. Su reto principal, sin embargo, será otro: quebrar una eventual mayoría independentista. Lo necesita Cataluña y es el servicio que puede prestar a Sánchez. Hacerlo solo con apelaciones a la capacidad y necesidad de gestión y al desastre de los últimos tiempos quizá resulte insuficiente para movilizar voto del área metropolitana, ese territorio que supera los cinco millones de habitantes y que en los últimos años ha estado siempre gobernado por mayorías obtenidas en el resto del territorio gracias a la caprichosa ley electoral. 

Difícil reto si se tiene en cuenta que el cabeza de cartel socialista comparecerá en campaña en esos territorios en los que sus alcaldes obtienen el apoyo para gobernar amordazado en una parte de su discurso: su partido ha facilitado la legislación que amnistía a los implicados del proceso soberanista. Muchos de esos votantes municipales, que consideran al líder del PSC el mal menor para la Cataluña del futuro pueden estar tentados de refugiarse en el sufragio al PP de Alejandro Fernández, mucho más claro en ese asunto. El riesgo en ese segmento de población de olvidarse de votar el 12M como reacción a la polémica ley es evidente. 

Los independentistas lo tienen más sencillo: la identidad es su único argumento y activo electoral, porque de la gestión nunca se supo ni parece que al pospujolismo le interese lo más mínimo cualquier asunto que guarde relación con la eficacia en lo público. Por más partidillos que se sumen a la contienda en el espectro soberanista, por más escenificación de división que veamos en los mítines, al final hay una filosofía que comparten: Cataluña es suya y España –con independencia de que prefieran un gobierno del PSOE dispuesto a transaccionar a uno del PP que les plante cara– apesta. Sea cual sea su teórica línea ideológica, llegados a ese punto los descendientes del franquismo político, los socialdemócratas nacionalistas y hasta los anarcos juveniles de la CUP harán lo posible para evitar que alguien vinculado con Madrid les gobierne.

El 12 de mayo puede ser un auténtico dejà vu en la política catalana. Y, como efecto dominó, al PSOE se le complica sobremanera su continuidad al frente del país.