Las entidades independentistas que tanto han influido en la política catalana en los últimos años posaron ayer, de nuevo, juntas. La manifestación de la Diada fue tan limitada como se esperaba, pero eso no parece que importe a sus líderes, que aún aspiran a marcar la agenda de la Generalitat. Su influencia es notoria y supera con creces al apoyo social real que ostentan en la actualidad, decenas de miles de personas en la calle y menos de cinco irredentos en los puentes de la AP7. Con todo, sus exigencias de superar el “marco autonómico” quedaron claras ante todos los micrófonos que se les acercaron.

Más allá de esta declaración, un cajón de sastre, la división en el secesionismo también se da en la autodenominada sociedad civil. La ANC se ha erigido como la gran defensora de la declaración unilateral de independencia (DUI) a la que incluso la CUP ha renunciado. La experiencia de 2017 y las consecuencias personales para sus promotores aún están presentes --ha sido la primera Diada con los presos en la calle y Oriol Junqueras ha sido tachado de botifler y traidor--, pero la organización liderada por una Elisenda Paluzie, que incluso se queja de lo puñeteras que resultan ciertas preguntas que le hacen en programas de máxima audiencia en TV3, la reivindica sin entrar en lo mollar. ¿Quién está dispuesto a asumir las consecuencias de ejecutar esta ruptura?

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, también se posiciona en este grupo. Con todo, sus declaraciones no van más allá de la simple propaganda, ya que no ha dado un paso real hacia la DUI desde los múltiples cargos públicos que ha desempeñado. Si está al borde de la inhabilitación es por una cuestión de gestión pura, el troceo de contratos para lograr una adjudicación directa sin concurso público. Y, aunque será ella la que asuma las consecuencias, este proceder está más relacionado con la forma de actuar durante demasiados años de un partido que de una actuación individual. Tampoco dio un paso hacia la ruptura unilateral que reivindica el expresidente vicario de la Generalitat, un Quim Torra especialista en eso del “levantémonos e id”.

Ambos forman parte del denominado sector duro de JxCat, el partido heredero de Convergència en el que conviven tantas familias que está a años luz de ser el pal de paller de nada. ERC le ha comido la tostada en las urnas, pero no consigue evitar que se consolide la tesis de que el independentismo es incapaz de realizar una buena gestión en Cataluña. El actual presidente catalán, Pere Aragonès, ha intentado cultivar una imagen de persona seria y de que es de fiar, pero la falta de unidad del Govern le pasa factura y su carencia de liderazgo incluso entre los republicanos le dejan al pie de los caballos de forma reiterada. Que naufrague la inversión de Aena en el aeropuerto de El Prat es el último ejemplo de ello.

Mañana, además del curso escolar, arranca el diálogo con el Estado que incluso ha pedido el Papa. Pero el independentismo no ha sido hábil y ha brindado a Pedro Sánchez una oportunidad de oro de que cualquier avance que se dé en este encuentro sea en materia de la necesaria mejora de las infraestructuras catalanas y no solo del ámbito procesista. El presidente del Gobierno y líder del PSOE es un experto en pescar en río revuelto y en sobrevivir incluso en las condiciones más adversas, así que Aragonès deberá evitar repetir un error de calado como el actual.

Las fuerzas independentistas suman en el Parlament y si se da un vuelco en este sentido será por el hartazgo de los electores de este espacio. Si la Diada de 2021 ha sido el punto de inflexión de algo es de que la desmovilización cada vez es mayor.