Carles Puigdemont es el hombre que siempre estuvo ahí. Moviendo los hilos del Govern. El de Waterloo apunta y Quim Torra dispara. El fugado ha decidido ahora que no hay prisa para celebrar las elecciones catalanas y su testaferro se ha tenido que envainar una comparecencia programada en TV3, previo anuncio parlamentario, para esclarecer el calendario de esos comicios. El nuevo partido de Puigdemont necesita tiempo para formalizar candidaturas a la espera de que la buena estrella preelectoral de ERC se apague. Está por ver si el veto de Roger Torrent a la petición de dimisión del secretario del Parlament, Xavier Muro, pasa factura al partido de Oriol Junqueras.

Y es que, según se comenta en los mentideros parlamentarios, no deja de ser curioso que los republicanos fueran los pioneros en practicar la erosión institucional --rechazo a la monarquía y al “régimen del 78”…-- mientras CDC se mostraba más cauta, y sean ahora los neoconvergentes quienes saquen réditos de esa estrategia. Los papeles se han intercambiado y Esquerra va a tener que definir muy bien su discurso ante sus votantes más unilaterales o, cuando menos, dar muchas explicaciones sobre ese giro conciliador que se tradujo en una mesa de diálogo con el Gobierno y en una resistencia de Torrent a las embestidas del radicalismo de Junts per Catalunya (JxCat) en el Parlament.

Lo ocurrido el martes es la enésima demostración de que Torra, inducido por Puigdemont --“renunciar a la soberanía del Parlament y ser buenos chicos no llevará ni menos represión ni más libertad”, dijo ayer el de Waterloo--, considera a la Cámara catalana como un apéndice del Govern. Hasta el punto de instigar el cese de un funcionario por cumplir la ley. Adiós a la separación de poderes, hola dictadura independentista donde solo caben empleados públicos fieles a la causa.

En 2017, en plena refriega refrendaria, Puigdemont prometía protección a los funcionarios secesionistas ante la justicia. Tres años después, su esbirro Torra apoya la purga de técnicos parlamentarios que creen en el Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico. La sombra del fugado es larga y eclipsa cualquier intento de devolver a las instituciones catalanas el prestigio perdido durante años de confrontación y delirios independentistas que solo han provocado desgaste político, económico y social. Y parece que esa situación agónica se va a alargar, pues la consigna de Puigdemont, como decimos, es retrasar las elecciones catalanas y, mientras tanto, asaltar otras instituciones, como el Barça, donde las maniobras del expresidente, apoyado por TV3, son bastante descaradas.

“No hemos conseguido la república, pero pienso que hemos estado a la altura”, aseguraba ayer Torra. ¿A la altura de qué? Posiblemente, del mayor régimen propagandístico nunca habido. Del mayor engaño colectivo que se puede perpetrar, a sabiendas de que, como dijo aquel, “la república no existe”, aunque determinadas “estructuras de Estado” se hayan convertido en el trasunto de país independiente con “embajadas” caras e inútiles repartidas por el mundo.

Que la Generalitat niegue sistemáticamente información sobre esa diplomacia, así como del gasto público destinado a subvencionar organismos internacionales --¿acaso nos sobra el dinero?--, hasta el punto de ser reprobado por el Parlament y un organismo independiente, es ejemplo de la demofobia que se gastan Torra y los suyos. En este caso también sus socios de ERC, responsables del área de transparencia de la Generalitat.