A medida que se aproxima el final del año, las informaciones sobre los presupuestos públicos abundan. Para que nadie diga que los catalanes nos hemos aflojado en los esperpentos que protagonizamos en los últimos años, la negociación de las cuentas públicas de 2022 promete estelares momentos. De entrada, la CUP, ese grupo de radicales independentistas herederos de las dirigencias de la antigua CDC más algunas capas de antisistema, han puesto en marcha la escenificación de su incoherencia.

En virtud del pacto de investidura que permitió a Pere Aragonés convertirse en presidente de la Generalitat, la muchachada cupaire exige que lo rubricado en un papel hace unos meses ahora se lleve a la práctica, por si sus mayores de ERC y JxCat se han creído que les iban a engañar y mantenerlos silenciosos. Se quejan por no tener toda la información, y pese a las discretas reuniones con el consejero de Economía, Jaume Giró, han convocado a sus bases para que opinen sobre los pocos datos que les han trasladado. ¿Recuerdan aquella asamblea rocambolesca en la que debían decidir sobre la investidura de Artur Mas en 2015 que acabó con empate a 1.515 votos?

Sus propuestas en el pacto presupuestario son curiosas. La primera es proteger la sanidad pública con más dotación económica y acabando con las empresas que prestan los servicios de emergencia del 061 y el 112. Lo que sugieren es que esa atención telefónica, las ambulancias y todo lo demás regrese al sector público y lo presten funcionarios o empleados públicos porque quizá aún no tenemos suficientes. Y, curiosamente, esta es la solicitud con más posibilidades de prosperar, porque incluso el consejero de Salud, Josep Maria Argimon, es de los que piensa que sigue escaseando el dinero público para la sanidad de todos. Quizá tenga algo de razón, pero sería una lástima aprovechar el eco sanitario de la pandemia para destinar más recursos sin que se solvente la exclusión de los mayores del sistema, sin que los ambulatorios vuelvan a estar a su nivel de funcionalidad anterior y sin que nadie nos diga que los hospitales públicos no practican determinadas pruebas diagnósticas por protocolos de coste. No, la CUP no quiere hablar en serio de la sanidad pública, lo que pide es más dinero para los que ya están en ella y para los que quiere incorporar. Raso y claro.

Otra de sus demandas es una caricatura mayor. Una energética pública, por ejemplo. Como si a sus amigos progres de Barcelona les fuera bien con el intento tan fracasado, bisoño como revanchista de Barcelona Energía. Si de verdad lo que quieren es intervenir sobre el precio de la energía, qué mejor fórmula que hacerlo en el Gobierno de España del que forman parte. Ah, claro, que es muy complicado porque no todo responde a la avaricia de las grandes compañas, sino que los impuestos públicos son tan responsables como el que más del recibo de la luz. Sucede idéntico con el agua. ¿Y quién renuncia a cobrarlo si luego se quieren más funcionarios y aumentar los costes a cargo del dinero de todos?

Lo que más risa da es lo del cambio de modelo económico. En síntesis: decir no a los macroproyectos y abogar por una reindustrialización que genere trabajo digno. Qué martingala tan próxima a la economía planificada del comunismo más superado hasta por los comunistas más inteligentes. Si no les vale con Cuba, Vietnam o Venezuela, hasta deben pensar en Cataluña como campo de ensayo de determinadas prácticas económicas cuya consecuencia más directa es la generación de mucha más miseria y desigualdad de la que dicen combatir. Cómo lo hacemos, ¿con las multinacionales que abandonaron Cataluña porque dejó de ser competitiva al encarecerse su mano de obra, con industrias de manufactura que no venderían en ningún mercado occidental, nacionalizando Seat, Grífols, Almirall, Nestlé, Bon Preu, Petromiralles… para que las dirijan sus líderes políticos y nos enseñen eso del cambio de modelo? ¿Será parecido a las desaparecidas cajas de ahorro?

En fin, que también quieren hacer vivienda pública, quizá para que la ocupación les resulte menos complicada. Así todo un rosario de peticiones a cuál más surrealista y de escasa inteligencia progresista. En síntesis, que complicarán a Aragonés y a Giró unos verdaderos presupuestos de la recuperación económica. Tanto como cedan quienes se sienten frente a la CUP para mantener su anoréxico pacto de gobierno sumarán las oportunidades que los catalanes desperdiciaremos en tiempos en los que lo astuto de verdad sería el pacto más amplio para aprovechar la suma y la centralidad.

En ese contexto, esta pasada semana se reunieron el presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para cumplimentar una petición que hizo el empresariado tras los incidentes por la detención del rapero Pablo Hasél que convirtió Barcelona en una pirotecnia. Han pasado meses y los medios sumisos y alimentados por la alcaldesa progre salieron en tromba a decir que ambos fumaban una pipa de la paz. Más allá de la cortesía institucional que se deben profesar consistorio y patronal, lo cierto es que la única paz a la que aspira el líder empresarial radica en que Colau salga del consistorio. No por razones personales, sino para evitar que políticas como las que desarrolla ella y su equipo o propugna la CUP para toda Cataluña, esa milonga del decrecimiento, sean desterradas de una vez por todas y los debates sobre la ciudad o la autonomía regresen a sendas de normalidad. Sin populismos, sin destruir lo construido por generaciones en términos de prosperidad, igualdad y bienestar. Salvo, claro está, que deseemos para Barcelona o para Cataluña un futuro similar al del Barça este año.