La fiscalía se opone al indulto del rapero Pablo Hasél

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha emitido un informe en el que se posiciona en contra de otorgar el indulto al rapero Pablo Hasél --apellidado realmente Rivadaulla--. El tribunal sancionador ha entendido que no procede porque “está condenado por múltiples hechos delictivos”, algunos de ellos de forma reincidente.

Entre estos casos, destaca la apología del terrorismo en varias ocasiones. La Audiencia Nacional ordenó en enero de 2021 su ingreso en prisión, que se produjo el 16 de febrero. La condena, en total, ha sido de nueve meses de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo, injurias y calumnias a la monarquía fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por difundir mensajes atentatorios en redes sociales.

“No quiere realizar tratamiento alguno”

El centro penitenciario de Ponent (Lleida) ha valorado su conducta en prisión, según ha informado el Ministerio Público, en la que “no quiere realizar tratamiento alguno”. De hecho, Hasél ha manifestado su disconformidad con participar en los programas individualizados que se desarrollan en la cárcel ilerdense.

El rapero ha rechazado someterse a tratamiento en prisión porque entiende que “no tiene nada de lo que arrepentirse”, según ha avanzado Europa Press. Hasél ha rechazado entrar en programas como una forma de reivindicación más y un acto de defensa de su libertad de expresión.

Audiencia Nacional

Tras el informe de la fiscalía en contra del indulto, queda por conocer el del tribunal sancionador de la Audiencia Nacional, que es quien tiene la última palabra sobre esta medida de gracia. Después, será enviado al Ministerio de Justicia que tomará la decisión final.

La resolución llegó poco después de que en noviembre el Tribunal Constitucional (TC)  notificara que no admitía a trámite el recurso que Hasél presentó contra su condena. El rapero fue condenado a nueve meses y un día de prisión por la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional en septiembre de 2018, así como al pago de una multa de alrededor de 30.000 euros. Este tribunal redujo la pena inicial de marzo de 2018 que le impuso la Sala de lo Penal, y que ascendía a dos años y un día de cárcel.