Dice la portavoz del Govern, Meritxell Budó, que, si Cataluña fuese un Estado independiente, se habrían producido menos muertes por la pandemia del coronavirus. Es decir, que la elevada mortalidad por Covid-19 en esta comunidad es por culpa de formar parte de España. O, lo que es lo mismo, que España nos mata.

Es cierto que nuestro país es uno de los que presenta mayor número de fallecidos por cada millón de habitantes a causa del virus, 444. Pero también lo es que nuestra comunidad --excluyendo los casos sospechosos que no han sido confirmados mediante el correspondiente test-- supera con creces esa tasa, con 565.

Desde que se decretó el estado de alarma, el Gobierno asumió la última palabra en la administración de los recursos públicos. Pero eso no significa que dejara a la Generalitat sin competencias. Y el ejercicio de estas sí puede ser evaluado y nos puede dar una idea de cómo habría actuado un Estado catalán independiente.

Este mismo lunes hemos tenido un buen ejemplo. La Generalitat se había comprometido a suministrar 1,5 millones de mascarillas gratuitas a los ciudadanos catalanes a través de las farmacias. No ha podido ser. El sistema ha colapsado. E incluso ha bloqueado la entrega de medicinas y material sanitario a los pacientes que se acercaban a las boticas con sus recetas. Además, las farmacias deberán pagar anticipadamente el material.

Hace poco más de una semana, el president Torra la volvió a liar. El jueves 9 anunció que la Generalitat distribuiría 14 millones de mascarillas a partir del martes 14. Tampoco pudo ser. La torpeza de la administración autonómica la obligó a recular y tuvo que rectificar en 24 horas: ni serían 14 millones, ni estarían en la fecha indicada.

El desbarajuste continuó unas horas más tarde. La portavoz Budó subrayó en una rueda de prensa que las mascarillas que iban a repartir eran reutilizables. No era verdad. Poco después tuvo que enmendar el patinazo mediante un tuit, confirmando que no tenía ni pajolera idea sobre lo que estaba hablando.

Para más inri, el Gobierno se adelantó y aquel mismo fin de semana puso a disposición de Cataluña 1,7 millones de mascarillas que sí se empezaron a repartir por todo el territorio el martes 14. ¿Cuál fue la respuesta del Govern? Difundió a los cuatro vientos una de las teorías conspirativas más ridículas del independentismo en los últimos tiempos. Según el conseller Buch, el envío de 1.714.000 unidades pretendía humillar al nacionalismo catalán por evocar una fecha sagrada para estos: 1714. Pero los cálculos del reparto en proporción a la población de cada comunidad dejaron en evidencia la supuesta conjura anticatalana.

Los vaivenes en la posición de la Generalitat también demuestran su ineptitud. Responsables políticos, como la consejera de Salud, Alba Vergés, el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, y el secretario de Salud Pública, Joan Guix, además de expertos del comité científico que asesora al Govern, como Oriol Mitjà y Antoni Trilla, minimizaron y quitaron hierro a la pandemia hasta pocos días antes de la declaración del estado de alarma, pese a que ya era calificada por la OMS como emergencia sanitaria internacional desde hacía semanas.

De hecho, Homrani decía el 6 de marzo que las familias de los ancianos en residencias debían estar tranquilos (hoy, los mayores muertos en residencias superan los 2.300). Guix aseguraba el 9 de marzo que no había que cerrar las escuelas e insistía en que le preocupaba más la gripe que el coronavirus. Y Vergés insistía el 10 de marzo que no había problema en realizar actos de mil personas.

El Gobierno decretó el estado de alarma y ordenó la reclusión el 14 de marzo --se endureció el 29 de marzo, aunque la diferencia fue mínima, como se constata por el leve descenso del consumo eléctrico del 30-- pero la Generalitat dice que lo hizo muy tarde. Budó ha señalado este lunes que “el confinamiento total lo habríamos decidido quince días antes y probablemente, habiéndonos avanzado estos quince días, los datos que tendríamos hoy serían muy diferentes”.

Sin embargo, lo cierto es que los partidos del Govern organizaron un aquelarre independentista en Perpiñán para rendir pleitesía a Puigdemont exactamente quince días antes de la declaración del estado de alarma, y animaron a decenas de miles de fanáticos a viajar hasta la localidad francesa y a agolparse ante el expresident fugado. Tampoco hubo reproche alguno del Govern a las masivas manifestaciones del 8M en Cataluña, ni a la nutrida comitiva empresarial de Igualada que viajó a Milán --entonces ya era epicentro de la pandemia en Europa-- entre el 19 y 21 de febrero.

En las últimas semanas, el ejecutivo autonómico ha exigido al Gobierno alargar el encierro pero, a la vez, su experto de cabecera, Mitjà, planteaba una desescalada a partir del 13 de abril. El presidente de la Generalitat ha reclamado que no se permita a empleados no esenciales volver a sus puestos de trabajo pero, a la vez, ha presionado para que los presos del procés salgan de la cárcel a trabajar.

Asimismo, mientras el Govern ha sido el más crítico con la flexibilización de la reclusión, también ha reivindicado con fuerza que los niños puedan salir a pasear por las calles. Y Torra ha propuesto este domingo implantar un “certificado de inmunidad” que Vergés ponía en duda 24 horas después.

Me da la sensación de que con todos estos elementos nos podemos hacer una idea bastante clara de cómo habría sido la gestión de la crisis del coronavirus en una Cataluña independiente. Y de cuántos muertos habría causado.