Madrid funciona “como un tiro”, a toda velocidad. Se ha recuperado con fuerza de la pandemia del Covid, y el mundo económico envidia su dinamismo y la idea de que, en realidad, es una ciudad-estado “sin nacionalismos, sin que a nadie le pregunten de dónde procede”. Hay bondades de Madrid que se deben destacar, asumiendo en otros territorios que se han cometido graves errores, como es el caso de Cataluña, y, en realidad, de Barcelona y toda su área metropolitana, que debería actuar con más fuerza y determinación. Pero no es menos cierto que el modelo en el que ha derivado España tiene importantes deficiencias, y puede ocurrir –vamos en esa dirección-- que España pierda capacidad de atracción y la gran y única beneficiada sea Madrid y su inmediata área de influencia, en la Comunidad de Madrid.

La frase inicial es del alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, y la pronunció la semana pasada en el Círculo Ecuestre. Se encontró Almeida en un terreno de juego amigo, que le interrumpía con aplausos constantes. Incluso cuando señaló que Madrid quiere “más sociedad y menos Administración”, y que el poder de la capital se basa en la iniciativa privada y en la capacidad de atracción para los emprendedores de todo el conjunto de España, sabiendo algunos datos que dejan en evidencia a los dirigentes políticos de Madrid. Y es que Almeida cayó en una clara contradicción: si Madrid puede prescindir del poder de la Administración, entonces debería ser partidario de una clara descentralización de los organismos públicos del Estado. Lo es para los “nuevos organismos que se puedan crear”, pero no para descentralizar, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que en Alemania no está ubicado en Berlín --la capital de Alemania-- sino en Karlsruhe, en el land de Baden Württemberg, cuya capital es Stuttgart. “Prefiero que el Tribunal Constitucional se quede en Madrid”, precisó Almeida.

Si se trata de una preferencia política, se podría entender la afirmación de Almeida. Pero exactamente por la misma razón se podría argumentar que el traslado de organismos del Estado, tan políticos como el Constitucional, podría ser útil para cohesionar más España, para dejar atrás prejuicios, agravios históricos y relatos nacionalistas desfasados. No es un debate menor. Es, tal vez, el más importante para que España dé un gran salto y comprometa a todos sus ciudadanos por un futuro común.

El caso es que la Administración pesa, tiene un claro componente económico. No es solo su carácter simbólico. El dato que se puede retener es de una potencia enorme: de los más de 514.000 empleados que trabajan en el sector público del Estado, unos 150.000 lo hacen en Madrid. Es el 26% del personal. Son datos del Boletín Estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas del Ministerio de Política Territorial y Función pública de enero de 2021.

¿Es mucho ese porcentaje del 26%? Veamos qué pasa en otras comunidades. En Andalucía –la autonomía más poblada de España--, el total de personas empleadas en el sector público estatal es de 83.500, el 16% del total. ¿Y en Cataluña? Abran los ojos: el porcentaje cae a plomo hasta el 5%, similar al de la Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla-León. ¿Se cohesiona el país con esos números?

La visión política es discutible. Para muchos la capital del Estado es Madrid, y eso se debe reconocer de forma contundente, teniendo como modelo Francia, el gran mito de una parte de la izquierda y también de la derecha españolas, que siguen pensando que algún día, --algún-- España pudiera alcanzar ese sistema centralizado, pensado, dirigido y dominado desde París. Para otros, es inasumible si se quiere admitir la pluralidad interna de España y se busca que el sistema que puso en marcha la Constitución de 1978 se consolide como lo que era en ciernes: un estado federal.

Pero es que hay una dimensión económica todavía más importante. ¿Cree Almeida que todo ese funcionariado no influye en la economía madrileña, que no consume, que no tiene a su alrededor una industria de servicios, que no dependen de todos esos funcionarios familias enteras, --que consumen, estudian, emprenden, trabajan-- más o menos numerosas? ¿Es inocua su presencia?

No debería ser, como todo lo que ocurre en España, una nueva oportunidad para el enfrentamiento entre el PSOE y el PP, o entre nacionalistas y Vox. Al revés. Es toda España la que debería apoyar una mejor redistribución de su Administración pública, del impulso que eso implica, en un momento en el que muchas provincias se sienten perdidas y olvidadas y pretenden impulsar una plataforma electoral similar a la de Teruel existe. Si eso se produjera, sería una catástrofe política, porque el Congreso no se diseñó para que fuera un minifundio de intereses territoriales. Sería un enorme fracaso para la democracia española.

Por eso hay que asumir responsabilidades, y entender bien lo que puede ser bueno para el conjunto. Si se elige “sociedad”, perfecto, pero es un poco tramposo decir que se quiere “más sociedad”, sin renunciar a ninguna de las ventajas de disponer de una enorme Administración del Estado en tu territorio. A Rolex o a setas.