El compromiso de Pedro Sánchez para reformar el delito de sedición en España forma parte de su hoja de ruta política, pero sobre todo es una de las monedas de cambio con el nacionalismo de Cataluña. La llamada mesa de diálogo, creada para ganar tiempo y entretener al independentismo, está necesitada de dar algún tipo de consecución a los integrantes para que sigan apoyando al Gobierno de coalición.

Pero ese cambio legislativo tiene derivadas electorales que pueden frenar su ejecución. En Madrid, el PP de Alberto Núñez Feijóo lleva las últimas horas acorralando al Gobierno con ese asunto. Si se reforma y se ablanda el tipo delictivo, queda roto el acuerdo para reformar el órgano de gobierno de los jueces. El PSOE, por tanto, puede verse obligado a llevar al Congreso el texto legal, pero a dejarse vencer por la inexistencia de una mayoría suficiente que permita la modificación. Es decir, asumir una derrota para contentar a sus socios republicanos y vender a la oposición que todo ha sido puro teatro.

Tampoco lo tendrá mejor Salvador Illa en Cataluña. Si hasta la fecha estaba consiguiendo sobrevolar los debates de política regional centrados en la cuestión de siempre, que su partido dé pábulo a un cambio legal que reduciría las penas a quienes propugnaron un pulso al Estado hace cinco años es una contrapropaganda que no le hará bien en clave interna.

La tibieza centrista con la que Illa ha transitado tras ganar las elecciones persigue que él como figura política y su organización sean vistas como un mal menor después del guirigay independentista de los últimos tiempos. Ganó las últimas elecciones autonómicas en votos y aspira, después de mayo del año próximo, a reforzar su poder municipal en Cataluña y convertirse en una alternativa real de gobernación, en el centro que saltó por los aires.

Sin embargo, la Cataluña de pensamiento constitucionalista lleva medio regular que el PSC mantenga una posición ambigua respecto a determinados temas del ideario nacionalista. La lengua es uno de ellos, pero como se demuestra con el delito de sedición, tampoco es el único. Intentar obtener votos procedentes de la derecha nacionalista (JxCat) a la vez que se pretende también pescar en los caladeros de la izquierda soberanista (ERC y Comunes) obliga a posiciones políticas de difícil comprensión para las bases y muy lejanas del electorado metropolitano clásico.

La reforma de la sedición posee pocas posibilidades de prosperar en su trámite parlamentario, pero dará discurso al PSOE de Sánchez para decir que lo ha intentado y que la mesa de diálogo con los nacionalistas catalanes no es solo una función teatral. Otra cosa será la erosión electoral que esa maniobra de distracción pueda costarle con sus listas municipales y autonómicas. Igual tiene que ver con ese coro de voces, creciente, que sostienen que eso le importa un pimiento al mismísimo presidente del Gobierno en su estrategia personal, que no siempre tiene que estar alineada con la de su organización.